ENTREVISTA A CARLOS FONSECA: “CONOCEMOS SOLO UNA PARTE DE LA TRASTIENDA DEL ASESINATO DE YOLANDA GONZÁLEZ”

octubre 7, 2018

Carlos Fonseca.

 

EL PERIODISTA Y ESCRITOR CARLOS FONSECA (MADRID, 1959) HA PUBLICADO UN MÁS QUE INTERESANTE LIBRO SOBRE EL ASESINATO DE YOLANDA GOZÁLEZ, militante del extraparlamentario Partido Socialista de los Trabajadores [PST]: No te olvides de mí. Yolanda González, el crimen más brutal de la Transición. Su homicidio fue cometido el 1 de febrero de 1980 por dos ultraderechistas, Emilio Hellín e Ignacio Abad. Ambos formaban parte de un grupo organizado que reivindicó la muerte en nombre del Batallón Vasco Español [BVE] y cuyas conexiones con ámbitos de la Seguridad del Estado no se aclararon.

Fonseca es autor -entre otras obras- del bestseller Trece rosas rojas (2004, llevado al cine); Mañana cuando me maten (2015), que reconstruye las últimas ejecuciones del franquismo; y Garrote vil para dos inocentes (1998), sobre dos anarquistas ejecutados en 1963 por un crimen que no cometieron. Ahora se ha aproximado al caso de Yolanda González, que ha reconstruido en un ensayo bien documentado, pues cuenta con testimonios de familiares, abogados y compañeros de militancia. Escrito con prosa ágil, lo recomendamos a quienes estén interesados por la violencia durante la Transición (puede accederse a un fragmento de la obra aquí).

Dado el tema del ensayo, hemos entrevistado a Fonseca en nuestro blog y le agradecemos que haya accedido a contestar a nuestras preguntas.

¿Por qué considera que el asesinato de Yolanda González fue “el crimen más brutal de la transición”?

Estamos hablando de una época, la transición, muy compleja y conflictiva, en la que muchos jóvenes estudiantes como Yolanda perdieron la vida por disparos “al aire” de la Policía o a manos de grupos de ultraderecha. Estoy hablando de José Luis Montañés, de 23 años, y Emilio Martínez, de 20, que perdieron la vida el 13 de diciembre de 1979 en la Ronda de Valencia (Madrid) alcanzados por disparos de la Policía al concluir una manifestación de protesta contra las reformas educativas del Gobierno de Adolfo Suárez. Hablo también de Carlos González, de 21 años, asesinado en septiembre de 1976 por un comando ultraderechista al término de una protesta al cumplirse el primer aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. O de Arturo Ruiz, de 19 años, a quien un ultraderechista atravesó el corazón de un disparo en enero de 1977 cuando se manifestaba a favor de la amnistía, o de Mari Luz Nájera, que resultó muerta al día siguiente tras ser alcanzada en la cabeza por un bote de humo lanzado por la Policía cuando protestaba por la muerte de Arturo.

La lista de víctimas de aquel tiempo es enorme, pero el caso de Yolanda tiene para mí unas connotaciones especiales que le convierten en el más brutal de la transición. En su caso, fue vigilada previamente, secuestrada en su casa y conducida a un descampado de San Martín de Valdeiglesias, donde le descerrajaron dos tiros en la cabeza.

Yolanda González, asesinada con 19 años.

¿Qué novedades aporta su libro sobre este asesinato?

No soy tan pretencioso como para pensar que iba a resolver un crimen perpetrado hace ya 38 años, pero la historia que se contó en los periódicos está deshilachada, le falta un hilo conductor que explique lo ocurrido. Quería también desmitificar una etapa de nuestra historia reciente, la transición, de la que nos han “vendido” una imagen demasiado edulcorada en la que todo eran acuerdos y consenso, cuando la realidad es que fue un periodo tremendamente convulso en el que las libertades estuvieron a punto de irse por el garete de la historia con dos intentonas golpistas afortunadamente fallidas (la Operación Galaxia y el 23-F).  Es mentira que la transición sea obra de unos pocos personajes como el Rey Juan Carlos I o el presidente Adolfo Suárez. La transición fue una obra colectiva en la que se implicaron numerosas personas anónimas, algunas de las cuales se dejaron la vida en el intento, y una de ellas fue Yolanda.

“Estamos ante una investigación incompleta y muy controvertida, que impidió llegar hasta el fondo en las implicaciones políticas del caso”.

Sirviéndome de abundante documentación, parte de ella inédita, y del testimonio de quienes vivieron los hechos, he intentado armar un puzzle cuyas piezas estaban sueltas para, a partir de la imagen obtenida, llegar a la conclusión aproximada de lo que ocurrió, por qué ocurrió y quienes fueron los responsables. Sin olvidarme tampoco del lado humano, de la Yolanda mujer que añora a su familia, que se viene a vivir a Madrid porque se ha enamorado de un joven nueve años mayor que ella, que trabaja y estudia, y a la que sus inquietudes políticas llevan a implicarse en la lucha por la recuperación de las libertades. El libro contiene cartas personales cruzadas con sus padres y hermanos, diligencias policiales inéditas, las declaraciones de los asesinos… que me llevan a la convicción de que estamos ante una investigación incompleta y muy controvertida, que impidió llegar hasta el fondo en las implicaciones políticas del caso.

¿Se pudo saber qué ramificaciones tenían los asesinos con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado?

No. Sabemos que un policía nacional acompañó a los integrantes del comando que asesinó a Yolanda hasta su domicilio la noche del crimen. Sabemos que Emilio Hellín, el autor material de los disparos que acabaron con la vida de la joven, alardeaba de sus excelentes contactos con miembros de los cuerpos de seguridad y del Ejército. Sabemos que varios días después del asesinato viajó a Vitoria y se entrevistó con tres policías en la capital alavesa. Sabemos que Hellín tenía cintas grabadas con datos de miembros de ETA dictados por una persona que, por la información facilitada, solo podía ser policía. Sabemos que el propio Hellín implica en el crimen a un policía de los servicios de información de nombre Antonio, al que nunca se identificó. Hay datos, indicios, hilos de los que tirar, de los que nunca se tiró.

Emilio Hellín, uno de los condenados por el secuestro y asesinato de González (imagen de Público).

¿Por qué el comando asesino se autodenominó Grupo 41?

El comando estaba integrado por cuatro militantes del partido ultraderechista Fuerza Nueva del distrito de Arganzuela (Madrid) que decidieron autodenominarse Grupo 41, pero desconozco si el nombre tiene alguna connotación. Lo cierto es que se dedicaban a labores de seguridad tales como prestar protección en los actos públicos del partido o recabar información sobre las personas que pretendían afiliarse a FN para asegurarse de su lealtad a la causa. Estaban al mando de un exguardia civil, David Martínez Loza, jefe nacional de Seguridad de FN, que les encargaba también otros “trabajos”. De hecho, el día que asesinaron a Yolanda tenían previsto inicialmente colocar una bomba en las oficinas de la Agencia Cinco Cero, distribuidora de la revista Interviú, contra la que el partido había iniciado una campaña por varios artículos sobre la ultraderecha.

¿Qué cabos han quedado sueltos sobre aquel crimen cuando han transcurrido casi 40 años?

Muchos. Te cito algunos. Por ejemplo, los investigadores recuperaron las dos pistolas utilizadas en el crimen. Ambas tenían el número de serie borrado, pero consiguieron reconstruir el de una de ellas, lo que abría la posibilidad de seguir la pista al arma, localizar a su último poseedor y descubrir cómo había llegado a manos de los asesinos. El juez se limitó a comprobar si estaba registrada por algún particular en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, pero se negó, pese a la insistencia de los abogados de la acusación, a indagar si formaba parte de la dotación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que impidió conocer si había policías o guardias civiles relacionados con los hechos.

“No tengo ninguna duda de que las seis personas que fueron condenadas estaban implicadas en el caso, pero estoy convencido también de que hay más personas que consiguieron eludir la acción de la justicia”.

Otro ejemplo más. Los investigadores encontraron un arsenal de armas y explosivos en la academia que Emilio Hellín regentaba en los aledaños de la Gran Vía de Madrid. La academia se precintó y allí quedaron depositados elementos de convicción, como un terminal de ordenador que los abogados de la acusación sospechaban podía estar conectado con algún servicio de información policial. Cuando, más de un año después, el juez envió a dos peritos para analizar las pruebas resulta que había desaparecido todo. Nunca más se supo su paradero.

Estado en el que fue halldo el cuerpo de Yolanda González.

Y otro ejemplo más: Hellín escapó de la prisión de Alcalá de Henares seis meses después del crimen, en agosto de 1980. Una fuga rocambolesca, a punta de pistola, que se frustró esa misma tarde. Un juzgado abrió una investigación para conocer los pormenores de la fuga y si el ultraderechista había recibido ayuda del exterior. Se llegó a procesar a su hermana y…. la causa desapareció durante años. Cuando por fin se recuperó los hechos habían prescrito y fue archivada.

Son muchos detalles, unos más relevantes y otros menos, que llevan a pensar que conocemos solo una parte de la trastienda del caso. Es probable que Hellín tenga la respuesta a muchas preguntas, pero no ha querido colaborar en el libro. Estuve con él en su despacho y me dijo que no se había contado toda la verdad del caso, que ni siquiera él conocía. ¿Miente? Francamente, no lo sé. Lo que sí sé es que durante la instrucción del caso cambió su versión de los hechos, es decir, que mintió. Personalmente, no tengo ninguna duda de que las seis personas que fueron condenadas estaban implicadas en el caso, pero estoy convencido también de que hay más personas que consiguieron eludir la acción de la justicia.


ENTREVISTA A BEATRIZ ACHA: “LOS SUCESOS DE CHEMNITZ NO FAVORECERÁN NECESARIAMENTE A LA ULTRADERECHISTA AfD”

septiembre 10, 2018

BEATRIZ ACHA UGARTE es profesora de Sociología en la Universidad Pública de Navarra y se doctoró en el programa de derecho y ciencia política de la UAM con una interesante tesis sobre la ultraderecha alemana: Éxito y fracaso de los nuevos partidos de extrema derecha en Europa Occidental: el caso de los Republikaner en el Land de Baden-Württemberg. En ella reflexiona sobre las causas del nivel de éxito desigual de los partidos de ultraderecha en Europa Occidental.

Acha integra la red de investigación EREPS (Extreme Right Electorates and Party Success)  y entre sus líneas de investigación prioritarias figuran -entre otras- los partidos de derecha radical, los extremismos y las transformaciones en los sistemas de partidos europeos.

Por estas razones la hemos entrevistado sobre los recientes sucesos de Chemnitz para conocer su análisis de estos y sus implicaciones en la política alemana. Le agradecemos que haya accedido a contestar a nuestras preguntas vía email para los lectores de nuestro blog.

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Policia y manifestantes en Chemnitz el pasado 27 de agosto (foto de Odd Andersen/AFP/Getty Images).

¿Por qué ha sucedido este estallido xenófobo tan importante ahora en Chemnitz?

El detonante parece claro: la detención de un sirio y un iraquí como supuestos responsables de la muerte de un ciudadano alemán el pasado 25 de agosto desató una oleada de protestas y ataques contra inmigrantes que, apoyada por grupos neonazis, derivó en una peligrosa escalada de violencia de tintes xenófobos y racistas, inicialmente mal controlada por los efectivos policiales.

Los sucesos recuerdan a los tristemente vividos décadas atrás, entre los años 1991 y 1993. Entonces, como ahora, en Alemania se vivía con preocupación el dramático aumento del número de solicitantes de asilo político (más de 400.000 personas cursaron su solicitud en 1992), lo que propició la reforma pactada de la hasta entonces generosa Ley de Asilo. La llegada de más de millón y medio de de personas migrantes desde 2015 ha desencadenado otra importante crisis migratoria –y de gobierno- que sirve de trasfondo a los conflictos en Chemnitz.

La protesta por la muerte de Daniel H. en esta ciudad se ha mezclado así con la feroz crítica a la política migratoria de puertas abiertas defendida por la Canciller Merkel, por mucho que ésta se haya debilitado y que los flujos migratorios no alcancen ahora las cifras de hace dos años. Adicionalmente, se añade a esto el elemento de rechazo de un sistema político que –se denuncia- hace oídos sordos a las demandas y preocupaciones ciudadanas en una zona del país con abundantes carencias.

¿Qué particularidad tiene la región o Land de Sajonia en relación al extremismo de derecha?

Desde que se gestó esta nueva crisis migratoria se han dado conflictos puntuales entre ciudadanos de origen alemán e inmigrantes, pero las protestas no habían  alcanzado las dimensiones vividas ahora en Chemnitz. Desde la reunificación alemana, las elecciones celebradas en los Länder del este alemán mostraron un considerable respaldo a candidaturas como las de los Republikaner, y otras formaciones consideradas más extremistas como el Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD) o la Unión del Pueblo Alemán (DVU).

Es también conocido que en Sajonia nació el movimiento autodenominado Pegida (Acrónimo de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente), que se ha unido a las protestas y manifestaciones ultras en contra de los extranjeros. Asimismo, Alternativa para Alemania (AfD) consiguió ya un importante apoyo en las últimas elecciones regionales sajonas en 2014, y un espectacular resultado en las elecciones federales de 2017, en las que pasó a convertirse en la primera fuerza política del Land.

El importante respaldo electoral que obtiene la ultraderecha en Sajonia, y en general, en el Este alemán, da fe de la profunda división social, política y económica existente, todavía hoy, entre las dos partes del país.

Manifestación de Pegida (imagen de Euronews).

¿Existen complicidades entre la policía y los ultraderechistas?

Éste es un tema relativamente recurrente en los medios de comunicación en Alemania. De tanto en cuanto la policía es criticada por su inactividad o pasividad (como ocurrió en los graves incidentes en Hoyerswerda, precisamente en Sajonia, en 1991). La sospecha de que la filtración de la identidad de uno de los autores de la muerte proviniera del cuerpo policial ha alimentado la creencia en la connivencia entre fuerzas policiales y, sobre todo, el movimiento Pegida.

También en otras épocas miembros de la policía han ocupado puestos de cierta responsabilidad en la dirección de partidos de ultraderecha como los Republikaner o el NPD, que atraían con sus mensajes a favor de la ley y el orden a miembros de los cuerpos de seguridad, pero esto es distinto de hablar de una amplia complicidad.

¿Asistimos al inicio de una nueva fase del extremismo de derecha en Alemania? ¿Vuelve el neonazismo?

Creo que  aún es pronto para determinarlo, y, en todo caso, depende de a qué fenómeno concreto se esté aludiendo con el término de “extremismo de derecha”. Por una parte, es cierto que los distintos grupos neonazis están mostrando una extraordinaria capacidad de movilización, y que los acontecimientos en Chemnitz parecen marcar un antes y un después en la historia de la ultraderecha, pero los movimientos de protesta y lucha en las calles tienden a desinflarse pasado un tiempo.

Por otra parte, en la literatura académica suele considerarse que el breve auge del partido de los Republikaner a finales de los años ochenta y primeros noventa marcó el inicio de la tercera fase de extremismo de derechas. Si bien algunos autores creyeron ver en el más moderado repunte del NPD en la primera década de este siglo el signo de una cuarta e incipiente fase de extremismo, la gran novedad en la evolución electoral de la ultraderecha viene dada, más recientemente, por el espectacular resultado de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de septiembre de 2017. La entrada de un partido de esta ideología en el Bundestag es un acontecimiento de enorme trascendencia política y simbólica.

¿La ultraderecha alemana está unida?

La ultraderecha alemana engloba una multitud de movimientos, asociaciones, grupos neo-nazis y de skinheads de muy distinto origen, trayectoria e ideología, así como de grupos de presión, editoriales, think-tanks,…y partidos políticos. La lucha contra la inmigración constituye un nexo de unión importante entre todos estos actores, pero las diferencias programáticas, estratégicas  y organizativas siguen siendo grandes y no parece que puedan eliminarse de un plumazo. La aparente imagen de unidad en las marchas y manifestaciones en Chemnitz podría ser sólo temporal.

Manifestación del grupo ultraderechista ProChemnitz el 1 de septiembre (foto de John MacDougall/AFP). 

¿Qué implicaciones políticas puede tener a corto y medio plazo este episodio?

En primer lugar, es evidente que los partidos políticos tradicionales se ven ahora forzados a enfrentarse a un fenómeno –el de la violencia xenófoba- que se ha recrudecido inusitadamente en apenas unos días, alimentado por la amplia cobertura mediática, estatal e internacional, de los acontecimientos vividos en Chemnitz desde el asesinato de Daniel H. Esto añade dificultades adicionales a la difícil gestión del tema de la inmigración para los partidos en el Gobierno federal, y, sobre todo, para la CDU, al mando del ejecutivo del Land de Sajonia desde la reunificación.

Las próximas elecciones bávaras de este octubre, ya convertidas en escenario de dura competencia partidista, servirán previsiblemente para medir el desgaste de las formaciones tradicionales y el atractivo de AfD entre el electorado. No creo que AfD tenga que verse necesariamente favorecida por los acontecimientos de los últimos días en Sajonia.

De hecho, el partido se esfuerza por desmarcarse de la violencia xenófoba y de los grupos que la practican en su búsqueda continuada de la respetabilidad. Es en este aspecto en el que pueden entenderse sus recientes declaraciones recordando su impronta democrática y su adhesión a los principios constitucionales. En sentido contrario, AfD sí podría beneficiarse del más reciente debate sobre su posible supervisión por parte de la Oficina de la Protección de la Constitución (Verfassungschutzamt), si es capaz de presentarse al electorado como la “víctima” de una campaña desacreditadora por parte de los otros partidos.

En el pasado –sin ir más lejos, en los años noventa- los Republikaner sufrieron negativamente las consecuencias de esta supervisión y su clasificación como partido de extrema derecha (y no sólo de derecha radical). Pero la historia no siempre se repite, y lo cierto es que los Republikaner no disfrutaron nunca de la fortaleza electoral e institucional de AfD. Más aún, las tensiones entre el director de la citada Oficina, Hans-Georg Maassen, y otros miembros del gobierno del que depende podrían desencadenar una crisis institucional sin precedentes.

 


ENTREVISTA A JUAN HERNÁNDEZ: “LA ‘LIMPIEZA DE SANGRE’ COMENZÓ COMO UN MEDIO DE EXCLUSIÓN DE LOS DESCENDIENTES DE JUDÍOS CONVERSOS”

julio 26, 2018


El historiador Juan Hernández Franco.

LOS ESTATUTOS DE “LIMPIEZA DE SANGRE” EN LA ESPAÑA MODERNA garantizaban la ausencia de ascendencia  judía conversa en quienes debían ocupar cargos relevantes. Con el tiempo la idea de sangre “pura” se asimiló a sangre “española” y los “cristianos viejos” se opusieron a la erradicación de los estatutos para defender sus posiciones sociales evitando la competencia.

Juan Hernández Franco, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, ha publicado un excelente estudio sobre este tema: Sangre limpia, sangre española. El debate sobre los estatutos de limpieza (siglos XV-XVIII) (Cátedra, Madrid, 2011). En él expone la evolución de la “limpieza de sangre” desde sus orígenes en el siglo XV hasta su erradicación en el siglo XIX. Muestra así cómo surgieron sus estatutos  y el intenso debate que generaron en el siglo XVI y su larga continuidad en la España contemporánea, que ha pasado muy desapercibida pese a su importante impacto en el ámbito de las mentalidades.

Ello hace del libro un trabajo de referencia recomendable para todo aquel  que tenga curiosidad por el tema.  Dado su interés y las peticiones de diversos seguidores del blog sobre el tema, hemos reeditado la entrevista al autor (efectuada inicialmente el 8/IX/2011), que entonces accedió a contestar a nuestras preguntas por e-mail.

¿Qué era la llamada “limpieza de sangre” y cuándo se estableció?

No es fácil responder exactamente qué es la limpieza de sangre, pues el concepto evoluciona a lo largo de su existencia. Comienza siendo un medio para excluir de instituciones políticas, religiosas, universitarias, laborales… a los descendientes de judíos convertidos al cristianismo –los cristianos nuevos o conversos- y de los que se dudaba de su sincera conversión. Pero conforme avanza la edad moderna, especialmente a partir del siglo XVIII, los estatutos lo que hacen es establecer una barrera para diferenciar a los cristianos con más honor y distinción social, de los que no la tienen –es decir, aquellos que desempeñan oficios viles o bajos-.

El arzobispo de Toledo, Juan Martínez Siliceo, defensor de los estatutos.

Si sabemos cuándo se establece por vez primera.  Fue el año 1449 en Toledo. Pedro Sarmiento, alcaide de su alcázar,  y una parte mayoritaria del concejo, asesorados ideológicamente por el bachiller Marcos García de la Mora, promulgan una Sentencia-Estatuto, conforme a la cual “todos los dichos conversos descendientes del perverso linaje de los judíos, en cualquier guisa que sea…. sean habidos e tenidos como el derecho los ha e tiene por infames, inhábiles, incapaces e indignos para haber todo oficio e beneficio público y privado en la dicha cibdad de Toledo”.

Alcanzaron su momento cenital otra vez en la ciudad de Toledo, el año 1547, cuando el arzobispo de Toledo, Juan Martínez Siliceo y una parte de su cabildo catedralicio lo establecieron. Desde estas fechas, se puede decir que ésta es una de las cuestiones claves dentro de la historia de España y uno de los temas más vinculados a su “leyenda negra”.

¿Por qué se intentó erradicar en el siglo XVII y no se logró?

Por los reparos y críticas a los excesos que suponía la aplicación de los estatutos, pues un único y lejano pariente manchado impedía a quien se le descubría –sin tener para nada en cuenta su virtud o preparación profesional- acceder a instituciones que habían establecido estatuto, es anterior al siglo XVII.

“Los estatutos de limpieza de sangre alcanzan su momento de apogeo en 1547 y serán uno de los temas más vinculados a la “leyenda negra” de España”. 

Fue desde la segunda mitad del siglo anterior y especialmente en los cuarenta primeros años del seiscientos cuando con mas ahínco y esfuerzo intelectual se intentó minimizar los efectos negativos de los estatutos, reformándolos según una opinión extendida entre la intelectualidad y una parte importante de los gobernantes, especialmente los que servían durante el valimiento del Conde Duque de Olivares, o incluso suprimiéndolos.

Bautizo de judíos conversos.

Las razones para hacerlo de intelectuales y políticos eran que los estatutos, además de ser contrarios al derecho natural y al verdadero espíritu de la religión católica, eran una de las causas que venía agravando la crisis política, económica y de valores que afectaba especialmente a la sociedad castellana.

Si fracasó el impulso de religiosos, arbitristas, pensadores y políticos en este propósito  fue porque otra parte importante de  los mismos, como por ejemplo Francisco de Quevedo o el doctor y religioso Juan Espino, estuvieron en contra de la revisión de los estatutos y en su empeño se vieron favorecidos por un grupo social mayoritario, los cristianos viejos. Estos encontraron en el honor de su antigua limpieza, uno de los principales medios para poder situarse socialmente y hacer frente a un etapa de dificultades y crisis.

“Un único y lejano pariente manchado impedía a quien se le descubría –sin tener  en cuenta su virtud o preparación profesional- acceder a instituciones que habían establecido estatuto de limpieza de sangre”.

¿Por qué en las Cortes de Cádiz la “limpieza de sangre” aún tuvo defensores?

El antijudaismo, o antijudería (como la ha llamado José Jiménez Lozano), convertida tras la expulsión de los judíos que no recibieron las aguas bautismales en fobia y discriminación de una parte mayoritaria de la sociedad hacia el cristiano nuevo o converso, era una ideología tan arraigada que su disolución no era fácil.

No obstante escritos tan esclarecedores y divulgativos, como los del Padre Feijoo sobre la condición de auténtico cristiano del converso, o las medidas políticas tomadas por los gobiernos reformistas de Carlos III a favor de los descendientes de judíos, como es el caso de los chuetas mallorquines, fueron insuficientes para dar por concluido la discriminación de aquellos que remotamente procedían de judíos –la semilla u origen de su mala sangre siempre pervivía en opinión de sus detractores-, como para poder afirmar que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los estatutos de limpieza de sangre hubieran desaparecido.


Francisco de Quevedo se opuso a la revisión de los estatutos de limpieza de sangre.

Por el contrario, vemos como su auge crece en territorios en los que no habían tenido tanta influencia, como son los de la Corona de Aragón, aunque aplicados fundamentalmente en la exclusión de quienes ejercen oficios viles –relacionados con los trabajos que podían practicar los judíos o sus descendientes-.

“Las Cortes de Cádiz no pudieron acabar con los estatutos por la oposición de un conjunto de diputados que se identificaban con el Antiguo Régimen”.

Por todo ello no es extraño que aunque hubo una corriente “liberal” que en las Cortes de Cádiz intentó suprimir una de las “taras” del pasado, otros diputados participantes en ellas, integrados dentro del sector más tradicional y rigorista (como es el caso del padre Hermida, Iguanzo, Ostaloza, Terrero…) se mostraran contrarios a la “destrucción de los estatutos de limpieza de sangre”. Ello se debía a que aún en el seno de la sociedad  había quienes eran cristianos viejos, seguros y fieles a un programa próximo a valores de las elites del antiguo régimen, y en cambio, otros eran poco fiables – relacionados con la axiología burguesa-, como los “manchados con la sospecha de raza judaica”.

¿Cuándo se acabó jurídicamente con estos estatutos?

Los estatutos nunca fueron una norma en vigor para toda una Monarquía primero y el Estado después. Fueron adoptados por instituciones y en cada caso, dependiendo de su jurisdicción, pidieron y obtuvieron su aprobación definitiva por parte de la Monarquía o el Papado. En consecuencia, desde el Estado, ya en el siglo XIX, no se pudo dictar una ley que los suprimiera totalmente. Ello no fue un impedimento para que  en las instituciones que dependían del mismo, fuera imponiendo su supresión.

Por poner algunos ejemplos significativos, el año 1835 la reina gobernadora Maria Cristina  decretó la supresión de las pruebas de limpieza para acceder a seminarios de nobles, o bien -a propuesta de la Sociedad Económica Matritense- también los suprimió en diversas carreras y profesiones. Podríamos seguir citando otros ejemplos que afectan al propio Estado, que toma sus últimas medidas el año 1865, cuando los declara nulos para poder acceder a algunas carreras en las que aún se seguían exigiendo probar que se tenía sangre limpia.

Portada de Sangre limpia, sangre española, de Juan Hernández Franco.

Pero lo importante es la nueva ideología que comenzó a reinar a partir de 1840 aproximadamente, pues frente a la antijudería, ahora primó y venció que el origen, el pasado, la sangre y los ancestros no pueden ser un “castigo” para las generaciones presentes y que los estatutos eran un inútil obstáculo, que lo único que hacía era privar a la sociedad de hombres capacitados, relevantes, bien formados y necesarios para el desarrollo de la misma y que no se atrevían a acceder a una institución de estatuto por si en el proceso de averiguación de su limpieza apareciera un remoto antepasado que arruinase su honor, su prestigio y el de toda su familia.

“En 1865 el Estado toma sus últimas medidas sobre los estatutos, cuando los declara nulos para poder acceder a algunas carreras en las que aún seguían exigiendo probar que se tenía sangre limpia”.

Al final, tras cuatro siglos de ideología antijudía, se desvaneció el principio tan largamente arraigado de que la sangre manchada no se borraba y que bastaba una partícula o átomo para conducir a la anomia social –en una sociedad organizada y dirigida por quienes tenían su máximo honor en considerarse cristianos viejos-  a quien la portase.

 ¿Dejaron un legado que tuviera continuidad?

Venimos relacionando la antijudería con los estatutos de limpieza de sangre, aunque hay que decir que esa antijudería en Europa y en los Reinos Hispánicos es anterior al establecimiento de los estatutos. Pero la ideología antijudía y en concreto los estatutos lo que hicieron, indudablemente mal y negativo, fue la exclusión social del que fuera tenido o fuese por descendencia  judío dentro de una sociedad regulada por valores hidalgo-cristianos viejos. Hasta ahí la repercusión, volvemos a decir negativa, de los estatutos. Hechos posteriores, como el antisemitismo de naturaleza estrictamente racial y sus fatales consecuencias en el siglo XX, pueden tener algún lejano origen o influjo en las actitudes contrarias al judío, según algunos historiadores.

Ángel Pulido, que favoreció una campaña de aproximación a los sefardíes.

Sin embargo y paradójicamente, en esos momentos que la persecución contra el judío en su forma más cruel tomó cuerpo en Europa, en España, una parte de su sociedad, movilizada por personas como Ángel Pulido (anteriormente lo habían hecho Adolfo de Castro, Amador de los Rios, Pedro José Pidal, Juan de la Puerta…) desde comienzos del siglo XX y con respaldo de destacados intelectuales (como Cajal y Galdos), se mostró a favor del estrechamiento de relaciones entre España y los sefardíes dispersos por el mundo.

Las consecuencias más inminentes de esta campaña fueron, en 1924, la concesión de pasaportes a sefarditas que lo solicitaron –fundamentalmente por motivos culturales y económicos-; y en el momento más álgido del holocausto judío, la eficaz acción de la diplomacia española salvando la vida de bastantes sefardies –se calcula que sobre unos 15.000- en los Balcanes, Italia y Francia.


“EN ESPAÑA LOS MEDIOS OFICIALES RUSOS HAN CONSEGUIDO TENER UNA CIERTA INFLUENCIA EN DOS POLOS IDEOLÓGICOS: LA EXTREMA DERECHA Y LA EXTREMA IZQUIERDA”

julio 4, 2018

De izquierda a derecha, Miguel Vázquez, Marta Ter y Adrián Tarín.

¿CÓMO FUNCIONA EL UNIVERSO MEDIÁTICO EN LA RUSIA DE PUTIN?  Los investigadores Adrián Tarín, Marta Ter y Miguel Vázquez son miembros editores del libro colectivo Sistema mediático y propaganda en la Rusia de PutinCinco de sus autores -incluyendo a los editores- son miembros del Observatorio Eurasia (adscrito al Grupo de Investigación Compolíticas de la Universidad de Sevilla).

El trabajo ofrece una aproximación amplia al tema, motivo de gran interés en el presente por la influencia que se atribuye a los medios oficiales del Kremlin. Por esta razón hemos entrevistado a los editores, a quienes agradecemos que hayan accedido a contestar a nuestras preguntas.

¿Qué grado de control ejerce Putin en el universo mediático ruso? 

En términos formales, el sistema mediático ruso es tan imperfecto como en tantos otros países, con leyes, por un lado, garantistas y, por otro, lesivas con la libertad de expresión y tendentes a la concentración de la propiedad. En Rusia existen medios estatales controlados por el gobierno de turno y medios privados que responden más a sus intereses comerciales que a la responsabilidad social del ejercicio periodístico.

Sin embargo, existe una particularidad en el sistema ruso que tratamos de esclarecer en el libro. Si en Occidente los medios actúan como aparatos ideológicos del Estado, marcando agendas mediáticas inofensivas para la democracia liberal, en Rusia actúan como aparatos ideológicos de Rusia Unida, protegiendo al presidente y al partido.

En la Federación Rusa existe, sobre todo desde la llegada de Putin al poder, una trama político-empresarial que penetra los propios cimientos del sistema: por un lado, existen medios netamente públicos o cuyos accionistas mayoritarios son empresas de otros sectores, pero de titularidad estatal, sobre los que el gobierno ruso ejerce un control directo; pero también existen medios privados cuyos propietarios forman parte de una oligarquía económica muy cercana al Kremlin. Esta cercanía está basada en una especie de pacto tácito en el que, mientras no se produzcan críticas al gobierno, se les permitirá hacer y deshacer comercialmente sin mayores presiones legales. Quienes, en su momento, no entraron en este pacto y trataron de mantener una línea editorial distinta, sufrieron las consecuencias y fueron perseguidos penalmente.

Además de un sistema copado de medios afines -sin importar si son estatales o no- otra diferencia respecto a Occidente es la intensidad y arbitrariedad con la que se aplican las leyes, ya sea en sentido garantistas hacia los aliados, y punitivas hacia los pocos adversarios existentes. Por tanto, puede afirmarse que el grado de control que se ejerce es alto.

Portada del libro. Clicando aquí puede accederse al sumario y a la introducción.

Afirman que el periodismo de investigación puede ser considerado “delito de alta traición”. ¿Por qué?

El delito de alta traición está descrito en el Código Penal de una manera lo suficientemente difusa como para que el periodismo de investigación pueda ser considerado espionaje. Ya antes de que comenzara el conflicto con Ucrania, se juzgaban entre tres y cuatro personas al año. En 2015 hubo más de 20 casos. Entre ellos, los más sonados fueron los de Svetlana Davídova, una ama de casa que transmitió a la embajada ucraniana una información que había escuchado en el autobús sobre el despliegue de tropas especiales rusas; este tipo de casos pueden llevar a muchos periodistas a autocensurarse.

Según la International Federation of Journalists (IFP), Rusia es el quinto país más peligroso del mundo (solo tras Iraq, Filipinas, México y Pakistán) para ejercer el periodismo, con 109 profesionales asesinados entre 1990 y 2015.

Las principales víctimas son periodistas que trabajan para medios independientes que denuncian la corrupción de las administraciones locales, regionales y/o federales. Algunos de estos periodistas han sufrido reiteradas amenazas, palizas y algunos han sido asesinados por sus publicaciones. Además, rara vez se han aclarado judicialmente estos casos, lo que aumenta el sentimiento de impunidad entre quienes cometen estos delitos. En algunas ocasiones se llega a juzgar a quien ejecutó el crimen, pero la persona que lo encargó rara vez acaba encausada. Esta situación se agrava cuando nos referimos al periodismo en el Cáucaso Norte, calificado por Reporteros sin Fronteras como un “agujero negro para los derechos humanos”.

¿Qué imagen y mensajes transmiten al exterior los medios oficiales rusos? 

Los principales medios de comunicación rusos subvencionados por el Kremlin y destinados a audiencias extranjeras son el canal de noticias Russia Today (RT) y la agencia Sputnik, ambos dirigidos por Margarita Simonián.

El slogan de RT, al igual que el de Sputnik, es proporcionar un punto de vista alternativo al mainstream de los medios occidentales, pero para ello a menudo utilizan técnicas de desinformación, como el uso de fake news y teorías conspirativas con el objetivo de confundir a la audiencia y propiciar una percepción determinada. RT dedica la mayor parte de su parrilla informativa a desacreditar las instituciones y gobiernos occidentales, especialmente en lo que respecta a Estados Unidos y la UE.

En España, estos medios han conseguido tener una cierta influencia en dos polos ideológicos: la extrema derecha y la extrema izquierda. El antiamericanismo y la visión de Rusia como contrapoder es, posiblemente, el principal denominador común que une a estos dos grupos y el Kremlin se ha postulado como el país que, en un mundo multipolar, podría hacer de contrapeso a la potencia hegemónica que hoy día es EEUU y, en menor grado, la UE.

Y así en España se da la paradoja de que personajes públicos próximos tanto a la Falange como a Izquierda Unida, a la hora de abordar temas relacionados con Rusia, se manifiesten de forma muy parecida. Por ejemplo, uno de los comentaristas habituales en Sputnik y RT, llegando incluso a confeccionar resúmenes anuales en política internacional es Juan Antonio Aguilar, fundador de Bases Autónomas, exmilitante de Falange y antiguo secretario general del Movimiento Social Republicano (MSR). Y en el otro lado de la moneda encontramos al eurodiputado Javier Couso que, en sus entrevistas a RT, acostumbra a estar en línea con los postulados del Kremlin en materia de política exterior, coincidiendo a menudo con Aguilar en el diagnóstico sobre conflictos como el de Siria o Ucrania, así como sobre la participación de Estados Unidos en estos escenarios.

 

La influencia de las falsas noticias rusas ha sido magnificada en Europa (imagen de La Razón).

¿Los medios de comunicación privados están fuera de la tutela del Estado y la oposición puede hacerse oír?

Sí y no. Sí están fuera de la tutela del Estado en el plano económico y, en ese aspecto, los periodistas no tienen sus opiniones constreñidas. Pero igualmente trabajan dentro de Rusia y, por lo tanto, sus periodistas pueden autocensurarse ante temores de ser víctimas tanto de la la represión legal (a través del Código Penal, con penas por extremismo y alta traición, por ejemplo) como de la ilegal (amenazas, palizas y asesinatos).

Aluden en la obra a la difusión por el gobierno de un “propaganda del miedo y del odio”. ¿En qué consiste?

En el libro, Miguel Vázquez entiende que el tradicionalismo es la idea principal que vertebra el proyecto político de Putin: la protección de la familia nuclear y la crítica a las diversas opciones sexuales, alianzas con la Iglesia Ortodoxa, liderazgos fuertes y críticas a la democracia liberal, patriotismo y nostalgia del periodo imperial, etcétera. Su tesis es que este tradicionalismo, en los medios, se encuadra en lo que define como el “marco de la guerra”, un frame según el cual Rusia se encontraría en constante peligro por las presiones políticas e ideológicas de Occidente y la necesidad de defenderse de ellas.

Aquí entrarían tanto las alianzas expansionistas de la OTAN y la UE en la esfera de influencia rusa -antiguos países de la URSS- como la difusión de la libertad sexual, el feminismo, el laicismo, y otras ideas progresistas que son entendidas como estrategias discursivas que corrompen la moral rusa.

La propaganda del miedo y del odio es, por tanto y en este “marco de la guerra”, el énfasis, por un lado, del peligro que corren los valores tradicionales rusos ante el avance imparable de la hegemonía cultural occidental (miedo) y la caracterización de Occidente como el adversario que quiere destrozar todo lo que representa históricamente Rusia (odio).

Al mismo tiempo, el miedo a la intervención exterior sirve de pretexto para justificar el ataque a la oposición interna, tachada a menudo de quintacolumnista, es decir, de apoyar desde dentro del país a aquellos que, desde el exterior, quieren acabar con su unidad cultural y territorial. La identificación entre el opositor y el “traidor a la patria” es una conocida forma de propaganda utilizada para desprestigiar al adversario político. Cuando a alguien, como ha sido el caso a menudo de los gobiernos de Putin, carga demasiado las tintas en esta identificación, puede generar odio hacia los “traidores”, una emoción ya difícil de controlar y que acaba, en ocasiones, con la aparición de grupos violentos que pretendan tomarse la justicia por su mano.

 

Logos de RT y Sputnik.

¿Cómo controla el gobierno Internet? ¿Se exagera el peso de las injerencias rusas en Europa?

Durante muchos años, Internet fue un espacio de libertad de expresión y democratización del acceso a la información. Sin embargo, como ha ocurrido en otros países occidentales, en 2012 fueron aprobadas en Rusia distintas leyes que tratan de limitar este potencial libertario de la red de redes, llegando a plantearse, incluso, el bloqueo de páginas web extranjeras. Al tiempo que esto ocurre, el Kremlin ha entendido la capacidad de influencia del espacio digital, creando toda una red de troles, hackers y blogueros funcionales a los intereses del presidente.

Por otro lado, sí se ha exagerado el peso de las injerencias rusas en Europa, sin negar que éstas se hayan podido producir. Un ejemplo de ello es el caso de la supuesta injerencia rusa en la independencia de Catalunya, que analizaron con solvencia los compañeros en El Temps. Allí se demostraba que, frente a lo que algunos medios de comunicación y analistas difundieron, no existen datos fiables que confirmen que Rusia haya tenido un papel decisivo en Catalunya. Así, por ejemplo, no se encontró un número significativo de fake news difundidas por los medios subvencionados por el Kremlin sobre la crisis en Catalunya, como sí ha ocurrido vastamente en la propaganda rusa respecto a Ucrania, Georgia o Siria, por ejemplo.

En la misma línea, algunos medios españoles utilizaron indiscriminadamente el término “ciberguerra” para referirse a un supuesto ataque que Rusia habría realizado contra España, hecho que implicaría ataques informáticos efectuados por hackers para dañar o sustraer información sensible o para destruir sistemas de comunicación, tal y como ocurrió en Estados Unidos en la campaña electoral o en Ucrania con el apagón de dos centrales eléctricas. El propio CNI desmintió que esto hubiera ocurrido.


CIPRIANO MARTOS: UN ASESINATO OLVIDADO

junio 16, 2018


Portada de Caso Cipriano Martos, de Roger Mateos.

¿QUIÉN FUE CIPRIANO MARTOS? El periodista Roger Mateos ha escrito la biografía de este sindicalista y militante franquista que murió entre torturas en Reus. A continuación reproducimos el reportaje elaborado por Javier Coria para la revista R@mbla y publicado el 14 de mayo,  con imágenes que también son de esta publicación on-line. Está elaborado a partir de la presentación del libro, en la que formulamos preguntas al autor. Agradecemos a Javier Coria y a R@mbla la autorización para reproducir su trabajo.

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Cipriano Martos: un asesinato olvidado

El sindicalista Cipriano Martos fue torturado hasta la muerte el 17 de septiembre de 1973, en un cuartel de la Guardia Civil de Reus (Tarragona). Aunque la versión oficial dice que se suicidó al ingerir el contenido de una botella de ácido sulfúrico, unos de los componentes del cóctel molotov, es bastante raro que la prueba en una causa judicial estuviera en la sala de interrogatorio al alcance del reo. El periodista de la agencia EFE, Roger Mateos, presentó en la librería Documenta de Barcelona su ensayo: Caso Cipriano Martos. Vida y muerte de un militante antifranquista, publicado por la Editorial Anagrama.

Roger Mateos (fotografía de Francesc Sans/Rambla).

Cipriano Martos, obrero de la construcción, pertenecía a CC.OO. y a la OSO, ésta última la organización sindical del Partido Comunista de España (marxista-leninista) y del FRAP, organizaciones en las que militaba el joven. Trabajó como jornalero en Morón de la Frontera (Sevilla), minero en Teruel, obrero textil en Sabadell y Terrassa; y en la construcción en Reus. Fue detenido en última ciudad en una redada tras un reparto de propaganda en Igualada y realizar pintadas contra la monarquía, Franco y por una República Popular y Federativa. Ningún delito de sangre, como vemos.

Presente en el registro de su domicilio, donde se encontró propaganda del FRAP y líquidos inflamables, fue llevado a las dependencias de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, donde sucedieron los fatídicos hechos. Fue torturado durante 50 horas para que delatara a los dirigentes de la huelga de la construcción y a sus camaradas. En uno de los interrogatorios, el ácido sulfúrico encontrado en su casa fue a parar a la garganta del detenido. Nada se investigó, nadie fue a la cárcel. Aunque no está recogido por ninguna ley, las fuerzas de seguridad del Estado tienen presunción de verdad, por lo que la versión de la Guardia Civil de que se trató de un suicidio, se aceptó sin más. Ante la gravedad del estado del preso, el 27 de agosto fue llevado a la sala de beneficencia del Hospital San Juan de Reus (hoy Hospital Sant Joan). Posteriormente sucedió otro hecho extraño, el 29 de agosto fue llevado ante el juez para presentar declaración, cosa que no pudo hacer por tener la garganta abrasada por el ácido. Ante la gravedad de las heridas, Cipriano Martos fallecía el 17 de septiembre de 1973, a la edad de 30 años. El acta de defunción ponía un lacónico: “causa de la muerte, hemorragia interna”.

Su caso, forma parte de la Querella Argentina que pretende juzgar los crímenes del franquismo. Roger Mateos hace un amplio recorrido por la vida de este joven que, lleno de idealismo, militó en una de las organizaciones más duras del antifranquismo. La temida Brigada Político Social (BPS) de la policía llegó a formar un grupo especial para perseguirlos. El libro, muy bien escrito, se basa en su mayoría en testimonios orales, con la dificultad que ello acarrea por la dificultosa y larga búsqueda de protagonistas que vivieron de cerca los hechos. También es importante de que al autor le fuera facilitada una copia del sumario sin censurar. No es una biografía épica, ni una hagiografía, se humaniza al personaje y no falta la crítica con cierta ironía.

Roger, que ya publicó numerosos reportajes sobre las actividades clandestinas del PCE (m-l) y el FRAP, declara que no siente ningún: “apego por sus postulados, y menos por sus métodos de lucha”, pero siempre le atrajo la “originalidad” y “exotismo” de la organización, y se siente perplejo sobre el grado de entrega y sacrificio de su militancia.

Con una sala llena, donde abundaban viejos militantes y amigos, pudimos ver a Antonio Martos, hermano mayor de Cipriano y personado en la Querella Argentina, a Felipe Moreno, portavoz de la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes y miembro de la Red Catalana y Balear de Apoyo a la Querella. Felipe Moreno pasó por las siniestras manos de Juan Carlos González Pacheco, “Billy el Niño”. Reclamado por la jueza argentina María Servini De Cubría, la justicia española no lo extradita ni lo juzga en España, como sería preceptivo. Pero al amparo de la Ley de Amnistía, verdadera ley de punto final, se protege a torturadores y ministros que firmaron penas muerte, y que nunca pisaron una cárcel ni fueron juzgados. Hoy nos enteramos que el torturador “Billy el Niño” cobra un 15% más de pensión vitalicia desde 1977 por estar condecorado como policía.

Para la presentación, Roger Mateos contó con la colaboración del historiador Xavier Casals, que conversó con el autor. Aquí les resumimos dicha conversación.

Xavier Casals: ¿Qué crees que puede aportar la biografía de Ciprino Martos a los que lo conocieron y a los que no sabemos nada?

 Roger Mateos: Para los que lo conocieron, hay una cosa que puede aportar. Como sabéis los que habéis militado en la clandestinidad, es muy estricta. Esto consistía en no saber nada de quien tenías al lado, o conocer muy poco por motivos de seguridad. Vosotros sólo sabéis unas piezas del puzle de aquel momento, conocimientos que tenéis en exclusiva, pero desconocéis otras piezas del puzle. Tenía que ser así, porque entonces sería peligroso. Por lo tanto el libro sirve para que los compañeros de militancia de Cipriano tengan toda la información; y respuestas a muchas preguntas que se hacían.

 Para los que no conocían nada del caso, puede servir como un nuevo episodio a añadir a la memoria histórica, del que hasta ahora no tenían conocimiento. No es un caso único de brutalidad y silencio, pero combina las dos características.

Cipriano Martos.

¿De la búsqueda cuáles fueron los momentos más complicados?

 Sin duda encontrar los testimonios. La parte más complicada es la del medio. El libro se justifica solo con la pregunta capital: si fue asesinado o se suicidó, y que pasó en ese cuartel de Reus. Aunque los testimonios son limitados, no fue difícil, tenemos la sentencia –allí aparecen los nombre de los agentes presentes-. Conocemos los nombres de las personas que estaban militando con Cipriano en Reus. De los orígenes en Andalucía tuve que desplazarme allí, hablar con los familiares y ver el entorno donde nació y vivió durante un tiempo Cipriano. Del momento que él emigra a Sabadell y se politiza, partía de cero. Los testimonios de las militantes del FRAP, Paqui y Sacramento, fueron cruciales. Me costó encontrarlas. Curiosamente fueron militantes del PSUC los que me pusieron en la pista.

Solemos imaginarnos a los que se organizan como personas muy politizadas. En el libro descubrimos que Cipriano es un caso de autodidactismo. ¿El caso de Cipriano Martos era excepcional? ¿Era un perfil de la militancia de la época?

Justamente antes de venir aquí lo estaba hablando con una militante si era un caso excepcional, y ella me decía que no. Que ella conoció a militantes que podían venir de un perfil social parecido, y que se habían politizado. Cosa natural en una dictadura y con una clase social oprimida. Cipriano llegó de un pueblo donde había sufrido lo indecible por la pobreza en que se vivía en aquellos años en muchas zonas rurales.

Educación la mínima, ya que él y sus hermanos fueron poco a la escuela, ya que desde pequeños trabajaron cuidando gallinas y de peones en el campo. Llegó a un Sabadell -en 1969 con su hermano Antonio- en ebullición, cada vez más organizado en las organizaciones obreras, con luchas en las calles, luchas vecinales, políticas, laborales… Cipriano no entró a militar desde una fábrica, sino, y eso me hace mucha ilusión, desde un centro cultural, de los muchos que había en los barrios periféricos de Sabadell, en este caso en Can Oriac (Ca n’Oriac, en catalán), donde había una célula del PCE (m-l) muy numerosa. Siendo un grupúsculo a principios de los años setenta, en 1973 el partido creció y comenzaba a ser un grupo que tenía una relevancia notable y a ser un actor a tener en cuenta.

Hacia el final, con la detención y muerte de Cipriano: ¿Cómo fuiste encajando las piezas, poniendo orden?… Es que todo chirria, por ejemplo la documentación de pompas fúnebre consta el nombre del padre pero no está firmada. En la declaración, el juez hace como una abstracción de la realidad, lo mismo pasa con la declaración de los guardias civiles. Todo es muy disperso.

Pues el trabajo es analizar y encontrar hasta la mínima pista que tenía en la documentación. En el libro me recreo en la declaración del teniente de la Guardia Civil que estaba al mando de aquel cuartel. Y la del juez que atendió a Cipriano cuando la guardia civil te trajo a Cipriano Martos descoyuntado, justo había bebido el líquido. Analizo las frases del juez que supuestamente había de investigar esa muerte y de los autores directos dl caso. El libro tiene un vacío. Los libros que a mí me gustan, no tienen un final cerrado o no tienen una respuesta cien por cien clara a la pregunta central. Me acerco todo el que puedo, pero hasta ahora tenemos muchas dudas porque nos faltan unas piezas básicas. De lo que pasó en aquel cuartel, sólo tenemos un tipo de testimonio. Los demás sólo podemos hacer suposiciones más o menos fundadas. Quienes podían explicarlo, tienen cero interés de hacerlo. Yo no puedo hacer de juez y llevar a los testigos que aún viven antes un tribunal, pero la pregunta que a mí me interesa es otra, la vida y proceso de politización de Cipriano.

Si después de 50 horas de torturas y malos tratos, no sólo de él, sino de otros detenidos días antes; si en ese contexto Cipriano se hubiera suicidado… ¿Eso eximiría de culpa a sus captores? Yo creo que no.

Certificado de defunción de Cipriano Martos.

¿Por qué el régimen no dejó ver el cuerpo a la familia y no quiso que transcendiese el episodio?

 Me da vergüenza responder a esta pregunta junto a ti, que eres historiador. Yo puedo dar alguna posible razón. Veníamos del caso de Enrique Ruano (se refiere Roger Moreno al estudiante antifranquista precipitado por una ventana el 20 de enero de 1969 por la policía secreta franquista, la BPS), que había desencadenado protestan nacionales s e internacionales. Hubo más casos de muertos que cuando se supieron generaron una reacción en la calle y una reacción en el exterior de precisión internacional al régimen franquista. Una muerte como la del Cipriano, después de una larga sesión de torturas, ninguno se hubiera creído la versión oficial del suicidio.

¿Por qué no dejaron ver a la familia el cuerpo?: A saber que marcas físicas habían dejado las 50 horas de interrogatorio en aquel cuerpo. De hecho, creo que era una práctica habitual no dejar ver el cuerpo de los detenidos muertos a las familias y a los abogados. En el caso de Cipriano es especialmente sangrante, porque si no lo sabéis, el estuvo 21 días convaleciente tras ingerir el ácido, no murió inmediatamente. Durante ese tiempo, ninguno avisó a la familia. Su hermano Antonio estaba en Sabadell, y no supo ni si quiera que su hermano esta en Reus, ya que se había introducido en la militancia clandestina a su familia no sabía dónde estaba. Pero la policía no avisó a la familia que estaba detenido, ni si quiera que estaba hospitalizado. Su abogado, Rafael Nadal, tampoco lo pudo ver.

Con el importante y necesario libro de Roger Moreno conocemos unos de los casos más oscuros de la represión franquista. Fuere cómo fuero, para muchos, de una forma u otra Cipriano Martos fue asesinado por la guardia civil.

Fue uno de tantos casos de tortura y asesinato, y en la España de hoy, a pesar del tiempo transcurrido, la impunidad y la negativa del Estado de investigar y juzgar a los responsables políticos y materiales de aquella represión, los hace cómplices. No podemos hablar de una España democrática hasta que se juzgue a los culpables y se repare a las víctimas.


ENTREVISTA A LOS AUTORES DE “VERDUGOS IMPUNES”: “LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA ENTERRADAS EN FOSAS COMUNES SOLO LA SUPERA LA CAMBOYA QUE GOBERNÓ POL POT”

junio 3, 2018

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar, autores de Verdugos impunes.

 

¿SE HA ESCRITO “TODO” YA SOBRE LA REPRESIÓN DESARROLLADA POR EL FRANQUISMO? Ciertamente, esta cada vez es más y mejor conocida. Ahora cuatro historiadores académicos –Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar– han realizado una aproximación al tema en la obra Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos (2018).

El ensayo ofrece una visión panorámica y actualizada de la cuestión que procede de la bibliografía más destacada sobre el tema, en un trabajo de innegable interés, más allá de la actualidad del tema que aborda y las controversias que este genera. A continuación entrevistamos a los autores, a quiénes agradecemos que hayan accedido a responder a nuestras preguntas.

Portada de Verdugos Impunes.

¿Qué relación tiene este ensayo con la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)?

El origen de este libro está en un informe pericial de contexto que fue elaborado a petición del equipo jurídico de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA). La CEAQUA a partir de un determinado momento consideró necesario dar un giro en su estrategia judicial. Este giro consiste en mantener abierta la querella en el juzgado número 1 de Buenos Aires y paralelamente presentar querellas en España contra los crímenes franquistas, tanto por parte de víctimas como de instituciones; en este caso, se trata fundamentalmente de ayuntamientos. Es precisamente la presentación de estas querellas ante juzgados españoles la que ha requerido que junto a las mismas se presente un informe sobre el  contexto en el que se produjeron los crímenes que denuncian los querellantes. Se entiende que el informe es de carácter pericial en la medida en que ha sido redactado por expertos.

Por otra parte, la elaboración del informe nos exigió un doble diálogo. Por un lado con los juristas, pues se nos exigía un documento técnico que tiene características diferentes a los trabajos de orden académico, por ejemplo. En segundo lugar, la redacción del informe se gracias al diálogo  con las víctimas que estuvieron muy pendientes a la hora de que el catálogo de crímenes y víctimas no quedara con vacíos. De este modo la idea de que el tratamiento de la memoria y de los derechos humanos constituye un campo interdisciplinar ha quedado completamente corroborada.

Una vez que concluimos la redacción del informe pericial de contexto, tanto los autores como la gente de la CEAQUA convinimos en que sería oportuno convertirlo en un libro de carácter divulgativo y al mismo tiempo de carácter riguroso. Un libro que permitiese dar a conocer a un público más amplio el franquismo desde el punto de vista de los Derechos Humanos, desde sus orígenes en 1936 hasta su desaparición como régimen.

En suma, desde sus orígenes, este ensayo se halla muy vinculado a la CEAQUA. En el bien entendido de que a los autores nos vincula como expertos.

¿Por qué consideran que la vulneración de los derechos humanos durante el franquismo fue un “fenómeno sistémico”?

El franquismo fue una dictadura tan larga que analíticamente suele dividirse en dos grandes periodos. Esto también sucede por lo que respecta a la represión y a la violación de los derechos humanos. De manera que existe un número importante de investigaciones de lo que podríamos llamar el terror inaugural, que iría hasta 1945. Sin embargo, no sucede lo mismo con relación al  llamado tardofranquismo. Así, puede parecer que el periodo final del franquismo fuera una etapa hasta cierto punto “apacible”, como llegó a declarar Mayor Oreja.

Sin embargo hay que decir que el aparato de represión se constituyó en los orígenes de la dictadura, operando a lo largo de toda su existencia. Además, la persecución de la disidencia fue una constante. De modo que la tortura, por ejemplo, se practicó de una manera organizada y sistemática por parte de una policía política de origen militar y contra un grupo de población bien definido, como era el antifranquismo militante. No se trataba de casos aislados. La tortura, como tantos otros crímenes, se practicaba en un contexto de violencia estatal.

Evidentemente sabemos que la dictadura gozó de apoyos sociales y que logró diversos grados de consentimiento y consenso entre la sociedad. Pero el consentimiento también se forjó con el miedo y  para lo que aquí importa, el miedo era producto del recuerdo de la violencia masiva inaugural y de la represión sistemática de la disidencia, tal y como hemos indicado. Por eso decimos que la violación de los derechos humanos fue sistémica; es decir, consustancial al régimen.

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto  de 2013 (imagen de EFE/Paco Campos reproducida en La memoria viva).

¿Por qué aluden a un “peculiar modelo dual” de represión en el tardofranquismo?

En el caso de la dictadura española, concluida la fase álgida de la represión durante los años de guerra y postguerra, la jurisdicción militar siguió teniendo atribuciones no solo de seguridad, sino sobre cualquier acto «contra la armonía social». Se fue consolidando así una división de competencias entre una administración civil, que sancionaba los deli- tos más numerosos, y otra militar que castigaba los más graves. Su línea principal fue el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 18 de abril de 1947, que sustituía la Ley de Seguridad de 1941. Esto fraguó un modelo dual que se mantuvo en esencia durante toda la dictadura, modulando la intensidad en función de cada contexto. Pero, es importante resaltarlo, la justicia militar mantuvo siempre la dirección del mismo, ya que los capitanes generales de cada región militar conservaron intacta su capacidad de valorar la grave- dad de los hechos considerados «delitos políticos» y, por tanto, de decidir a qué instancia judicial pasaban a ser juzgados.

Este modelo dual adquiere especial relevancia al final del franquismo porque se alterna cada vez más los mecanismos ordinarios del orden público con los estados de excepción. La justicia militar intervine activando uno u otro, y en ocasiones incluso combina elementos de los dos, en función de su análisis de la gravedad de la situación. El endurecimiento de las medidas de orden público de los años sesenta, por tanto, seguía la misma línea de bifurcación marcada desde finales de los años cuarenta. Se revitalizaban las funciones represivas del Ejército en materia de orden público, empleándose con la dureza que le caracterizaba contra obreros y estudiantes. Los consejos de guerra, por otro lado, funcionaban con toda normalidad para atajar cualquier disidencia política o laboral, por tanto las amplias competencias de la jurisdicción militar en materia política y laboral no venían determinadas.

En su etapa final, la dictadura se vio obligada a introducir una serie de variaciones contundentes en este modelo que, a pesar de todo, siguió reutilizando con éxito a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, los militares nunca se fueron del todo del terreno de la represión política. Así pues, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el franquismo había perfeccionado un aspecto por encima de todos: la integración del sistema represivo en las funciones de orden público. La defensa del papel político del Ejército apareció siempre como un factor clave en la continuidad de la dictadura. Eso sí, coexistiendo con una jurisdicción especial como la del TOP, cuya desaparición se iba a producir el 5 de enero de 1977, fecha que coincide con la publicación de la Ley de Reforma Política y la creación de la Audiencia Nacional a la que fue traspasada la competencia jurisdiccional en materia de terrorismo.

¿Qué importancia tuvo en la represión la Brigada Político Social y su vínculo con el Tribunal de Orden Público [TOP]?

La creación de la nueva jurisdicción especial que representó el TOP concedió un papel muy importante, hasta cierto punto decisivo, a la actuación de la Brigada Político Social, el organismo policial especializado en los delitos juzgados por aquel tribunal. La BPS, heredera de los servicios de información militar transformados a lo largo de la guerra civil, mantuvo siempre su carácter militar y reservado, con atribuciones como policía gubernativa y policía judicial en todo el territorio estatal por encima de cualquier otra administración, salvo la propiamente castrense. Su continuidad fue esencial en la consolidación del altísimo perfil represivo del franquismo a lo largo de cuatro décadas. De hecho, este aspecto reforzó el carácter de sistema de justicia política propio de la dictadura. Para los miembros de la BPS cualquier conducta que pudiera afectar al orden público, tal y como lo concebía el Régimen, convertía al ciudadano en un sujeto sospechoso.

Esta condición permitiría que todo individuo identificado como tal pudiera ser detenido preventivamente —a pesar de no estar regulado en ninguna norma— en dependencias policiales para su posterior puesta en libertad o disposición judicial. Aunque el plazo máximo de detención no podía superar las 72 horas, de acuerdo con el Fuero de los Españoles y con la Ley de Orden Público, el hecho de que aquel triplicara la du- ración establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una muestra más de la importancia que el Régimen otorgaba a la represión de estas conductas «políticamente desviadas». De la importancia que para el Régimen tuvo el Cuerpo General de Policía daba cuenta la Ley de 13 de febrero de 1974, por la que se modificaron las normas procesales preexistentes con las que se enjuiciaba a sus funcionaros por hechos cometidos en el ejercicio de su función y cargo. De acuerdo con esta ley, el procesamiento de los miembros de la policía judicial pasó a ser competencia de las Audiencias Provinciales, en detrimento de los jueces de instrucción del lugar de los hechos.

Lo relevante de esta ley es que aforaba a los miembros de la policía equiparándolos a los alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones y diputado. En resumen, una vez más el término “Orden Público” servía de amparo a los potenciales abusos de los funcionarios policiales que, a menudo, se extralimitaban en sus facultades legales. Las autoridades trataron de solucionar el descontento y la protesta de la población incrementando las detenciones y la contundencia de las fuerzas de orden público, Policía Armada, Guardia Civil, antidisturbios, y la presencia de la propia Brigada Político Social, la policía política de la dictadura.

 

Manifestación contra el Tribunal de Orden Público (imagen de Canal Sur).

Afirman que en España las víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes (cercana a las 100.000) solo la supera la Camboya que gobernó Pol Pot en todo el mundo. ¿Cómo ha sido posible tal situación?

Es una idea muy potente porque vincula lo sucedido en España con otros fenómenos de violencia masiva a nivel global, con otros fenómenos de violaciones sistémicas de los derechos humanos sucedidos en el siglo XX. Para explicar brevemente el porqué de esta situación, primero habría que remitirse al proceso violento en sí que arranca con el golpe de Estado de julio de 1936. Desde el minuto uno en que los golpistas se hacen con el control efectivo de un territorio, lo que afecta en los primeros días y semanas a regiones enteras del Estado y acaba siendo generalizado tras el final de la guerra civil, comienzan un accionar sistemático de eliminación de personas: los asesinados no siempre son enterrados de formas convencionales. De un volumen de asesinados que alcanza y sobrepasa la cifra de 150.000 entre 1936 y 1945 y de una práctica de enterramientos irregulares surge el fenómeno de las fosas comunes.

Desde el mismo momento en que tienen lugar estos enterramientos, también se producen exhumaciones: clandestinas, llevadas a cabo por los propios familiares, sin mayores medios. Se hizo durante el franquismo, se hizo en los años de la Transición y aun después. Las instituciones públicas, sin embargo, no se implicaron en este proceso en ningún momento. Para ser exactos, fue el régimen franquista el que más cadáveres movió, pero como parte del proceso de nutrir la gran cripta del Valle de los Caídos: los cuerpos se exhumaban de fosas comunes a lo largo de España para ser trasladados a Cuelgamuros, a lo que no es más que una gran fosa común.

La democracia del 78 dimitió de sus funciones y deberes a este respecto, y solo acertó, tardía y acotadamente, a una política de subvenciones para que fuera la sociedad civil la que asumiese un proceso que por su complejidad y su volumen solo podría afrontar parcialmente. Creemos que estos factores ayudan a entender la situación que refiere su pregunta, pero también habría que añadir la especial responsabilidad del poder judicial: la falta de amparo a las víctimas, que es un bien sabida, ha sido proporcional a la falta de implicación en la exhumación de los restos.

Fosa común de Estépar (Burgos) que dataría de agosto-septiembre de 1936 (imagen de Wikipedia).

¿Qué quieren plantear cuando afirman que “los actos impunes del pasado quedan como un vacío ético en el presente”?

En la publicación de la obra hubo muchos momentos de debate entre los autores, no en vano es el producto de un esfuerzo colectivo en el sentido estricto de la palabra. En un momento dado se discutió el título y convenimos, con el editor, en la idea de presentar la obra bajo el paraguas de esta idea: “verdugos impunes”. Creemos que este es el rasgo más significativo del legado de la historia de golpe, guerra y dictadura franquista en la España actual. Y el libro, no se olvide, se escribe desde el presente, con preguntas e inquietudes de nuestros días.

La impunidad de los verdugos de la violación sistémica de los derechos humanos bajo el franquismo es un hecho que es, al mismo tiempo, incontrovertible y difícilmente comparable. Incontrovertible porque se puede constatar que ni una sola persona, ni una sola institución, organización o entidad pública y privada de las múltiples que estuvieron implicadas en el ejercicio y promoción de la violencia golpista y franquista, ni una sola repetimos, fue nunca perseguida por haber cometido tales actos. No solo  no lo fue en el pasado, sino que además continúa siéndolo en el presente: es decir, la impunidad no es un fenómeno de la Transición, sino que es un acto que se preserva y sostiene en el presente. Pero además, la impunidad de los verdugos en España es difícilmente comparable porque no existen tantos casos a nivel global donde la impunidad absoluta sea la norma.

Es cierto que los procesos de revisión del pasado, en términos de justicia transicional, son casi siempre insatisfactorios en términos de respuesta ética: desde que se inventaron en Núremberg hasta las últimas y más sofisticadas manifestaciones en forma de Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, no dejan de dar una repuesta al menos parcial al problema de la impunidad. Incluso allí donde las puertas de la justicia se cierran por “leyes de punto final” y autoamnistías, siempre existen iniciativas en al ámbito judicial que las reabren (véase los ejemplos de América Latina en las últimas décadas). No en el caso español. El vacío ético por el que nos pregunta se refleja aquí en una absoluta falta de implicación pública con los principios de justicia, verdad y reparación, esto es, la impunidad como sistema.

Puede accederse al sumario y a la introducción de la obra en PDF aquí por cortesía del editor o bajar el documento en PDF: Introducción vi-pdf


ENTREVISTA A GAIZKA FERNÁNDEZ: “ETA TARDÓ UNA DÉCADA EN MATAR POR FALTA DE DETERMINACIÓN HUMANA PARA ASESINAR”

mayo 26, 2018

Gaizka Fernández Soldevilla.

GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA, es autor de diversos trabajos sobre la violencia terrorista y la historia del nacionalismo vasco, como Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994). Actualmente es responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación delCentro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Ahora acaba de coordinar con Florencio Domínguez la obra colectiva Pardines. Cuando ETA empezó a matar, en alusión a a primera víctima mortal de ETA en 1968, el agente de la Guardia Civil José Pardines. Hoy aquel asesinato es apenas recordado en España por el medio siglo transcurrido. Le agradecemos que haya aceptado contestar a nuestras preguntas.

¿Quién era José Antonio Pardines y por qué fue la primera víctima de ETA?

José Antonio Pardines Arcay era un joven guardia civil de Tráfico, natural de Malpica de Bergantiños (La Coruña). El 2 de junio de 1968 la dirección de ETA decidió empezar a matar. Cinco días después, el 7 de junio, Pardines estaba regulando el tráfico en una desviación de la carretera N-I, debido a unas obras en un puente. A las 17:30 paró el coche en el que iban dos miembros de ETA, Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa. Pardines les pidió el permiso de circulación. Con él en la mano derecha, pudo comprobar que los datos no coincidían con el número del bastidor. Expresó su extrañeza en voz alta. Fueron sus últimas palabras antes de ser asesinado. Recibió cinco tiros en el torso. Las pruebas indican que tres balas salieron de la pistola de Echebarrieta y dos de la de Sarasketa, pero este último jamás admitió haber disparado.

 

El agente José Pardines (imagen de El Mundo).

¿Por qué ETA tardó prácticamente una década en cometer asesinatos? ¿Qué cambió desde su creación en 1959?

El dirigente etarra Juan José Etxabe confesó que él había visto la “necesidad” de emplear la violencia “desde un principio”. No fue el único. Exceptuando alguna crisis pasajera y su inactividad desde 2011, la organización siempre ha apostado por la “lucha armada”. Apenas había pasado un año desde su nacimiento, acontecido a finales de 1958, cuando ETA puso artefactos explosivos en el Gobierno Civil de Vitoria, en un periódico de Santander y en una comisaría de Bilbao. Ahora bien, el asesinato era un paso que le costó dar a ETA. Hay que tener en cuenta la ausencia de una tradición insurreccional en el nacionalismo vasco, los escrúpulos religiosos y morales de parte de la militancia etarra, las dificultades de orden material (entrenamiento, información, dinero, armamento, etc.) y un elemento clave: la voluntad humana. En 1958 no existía la determinación de matar. En 1968, sí.

 

La escena del crimen.

¿Por qué es importante el homicidio de Pardines para comprender el terrorismo etarra?

Fue la primera víctima mortal de ETA. Y, en cierto sentido, las circunstancia de su muerte, un asesinato a sangre fría, sintetizan a las del resto. También es significativo el olvido que cayó sobre Pardines, similar al que han sufrido cientos de víctimas del terrorismo. Solo el 1,2% de la ciudadanía vasca sabe quién fue la primera víctima de ETA. Sin embargo, su asesino, Txabi Echebarrieta, es un personaje bien conocido, al que el nacionalismo vasco radical homenajea cada año.

¿Las víctimas iniciales de ETA fueron solo miembros de los cuerpos de seguridad?

No, por ejemplo, la tercera víctima mortal de la banda fue Fermín Monasterio, un taxista asesinado en abril de 1969.

¿La actuación de la dictadura ante los primeros asesinatos de ETA favoreció a este colectivo?

En su IV Asamblea, ETA  adoptó como estrategia la espiral de acción-reacción o, sencillamente, la provocación de la represión. Sus atentados iban a tratar de instigar unas represalias desproporcionadas por parte de la dictadura. No las sufrirían los militantes del grupo, sino los vascos en su conjunto, por lo que inevitablemente estos aplaudirían cualquier acto de venganza contra los opresores “españoles” que los maltrataban. Tarde o temprano la sojuzgada (y demasiado acomodaticia) población rompería sus cadenas para sumarse a la “guerra revolucionaria”. La dictadura cayó en la trampa y recrudeció la represión, que durante los años sesenta se había mitigado, al menos en sus aspectos más brutales. Y precisamente esa violencia institucional ayudó a que ETA ganase popularidad. No obstante, no hubo ninguna “guerra revolucionaria”. Al final, ETA se conformó con el sucedáneo del terrorismo.

 

Portada de Pardines.

¿Sabemos realmente el número de víctimas de ETA hasta su disolución?

Existen listas diferentes, pero solo contamos con una oficial, la del Ministerio del Interior, que reconoce a 853 víctimas mortales y casi 2.600 heridos a consecuencia de la actividad terrorista de ETA. No se trata de una cifra definitiva, porque hay trabajos de investigación en curso que probablemente nos permitan afinar más.

Este libro lo ha publicado el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. ¿Cuál es su labor?

El libro lo ha publicado la editorial Tecnos, aunque con el impulso del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de una fundación del sector público estatal, resultado del mandato contenido en el artículo 57 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Sus fines son preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. Para su consecución, organizamos exposiciones, actividades educativas  y proyectos de investigación y divulgación, como este libro.