ENTREVISTA A JUAN HERNÁNDEZ: “LA ‘LIMPIEZA DE SANGRE’ COMENZÓ COMO UN MEDIO DE EXCLUSIÓN DE LOS DESCENDIENTES DE JUDÍOS CONVERSOS”

julio 26, 2018


El historiador Juan Hernández Franco.

LOS ESTATUTOS DE “LIMPIEZA DE SANGRE” EN LA ESPAÑA MODERNA garantizaban la ausencia de ascendencia  judía conversa en quienes debían ocupar cargos relevantes. Con el tiempo la idea de sangre “pura” se asimiló a sangre “española” y los “cristianos viejos” se opusieron a la erradicación de los estatutos para defender sus posiciones sociales evitando la competencia.

Juan Hernández Franco, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, ha publicado un excelente estudio sobre este tema: Sangre limpia, sangre española. El debate sobre los estatutos de limpieza (siglos XV-XVIII) (Cátedra, Madrid, 2011). En él expone la evolución de la “limpieza de sangre” desde sus orígenes en el siglo XV hasta su erradicación en el siglo XIX. Muestra así cómo surgieron sus estatutos  y el intenso debate que generaron en el siglo XVI y su larga continuidad en la España contemporánea, que ha pasado muy desapercibida pese a su importante impacto en el ámbito de las mentalidades.

Ello hace del libro un trabajo de referencia recomendable para todo aquel  que tenga curiosidad por el tema.  Dado su interés y las peticiones de diversos seguidores del blog sobre el tema, hemos reeditado la entrevista al autor (efectuada inicialmente el 8/IX/2011), que entonces accedió a contestar a nuestras preguntas por e-mail.

¿Qué era la llamada “limpieza de sangre” y cuándo se estableció?

No es fácil responder exactamente qué es la limpieza de sangre, pues el concepto evoluciona a lo largo de su existencia. Comienza siendo un medio para excluir de instituciones políticas, religiosas, universitarias, laborales… a los descendientes de judíos convertidos al cristianismo –los cristianos nuevos o conversos- y de los que se dudaba de su sincera conversión. Pero conforme avanza la edad moderna, especialmente a partir del siglo XVIII, los estatutos lo que hacen es establecer una barrera para diferenciar a los cristianos con más honor y distinción social, de los que no la tienen –es decir, aquellos que desempeñan oficios viles o bajos-.

El arzobispo de Toledo, Juan Martínez Siliceo, defensor de los estatutos.

Si sabemos cuándo se establece por vez primera.  Fue el año 1449 en Toledo. Pedro Sarmiento, alcaide de su alcázar,  y una parte mayoritaria del concejo, asesorados ideológicamente por el bachiller Marcos García de la Mora, promulgan una Sentencia-Estatuto, conforme a la cual “todos los dichos conversos descendientes del perverso linaje de los judíos, en cualquier guisa que sea…. sean habidos e tenidos como el derecho los ha e tiene por infames, inhábiles, incapaces e indignos para haber todo oficio e beneficio público y privado en la dicha cibdad de Toledo”.

Alcanzaron su momento cenital otra vez en la ciudad de Toledo, el año 1547, cuando el arzobispo de Toledo, Juan Martínez Siliceo y una parte de su cabildo catedralicio lo establecieron. Desde estas fechas, se puede decir que ésta es una de las cuestiones claves dentro de la historia de España y uno de los temas más vinculados a su “leyenda negra”.

¿Por qué se intentó erradicar en el siglo XVII y no se logró?

Por los reparos y críticas a los excesos que suponía la aplicación de los estatutos, pues un único y lejano pariente manchado impedía a quien se le descubría –sin tener para nada en cuenta su virtud o preparación profesional- acceder a instituciones que habían establecido estatuto, es anterior al siglo XVII.

“Los estatutos de limpieza de sangre alcanzan su momento de apogeo en 1547 y serán uno de los temas más vinculados a la “leyenda negra” de España”. 

Fue desde la segunda mitad del siglo anterior y especialmente en los cuarenta primeros años del seiscientos cuando con mas ahínco y esfuerzo intelectual se intentó minimizar los efectos negativos de los estatutos, reformándolos según una opinión extendida entre la intelectualidad y una parte importante de los gobernantes, especialmente los que servían durante el valimiento del Conde Duque de Olivares, o incluso suprimiéndolos.

Bautizo de judíos conversos.

Las razones para hacerlo de intelectuales y políticos eran que los estatutos, además de ser contrarios al derecho natural y al verdadero espíritu de la religión católica, eran una de las causas que venía agravando la crisis política, económica y de valores que afectaba especialmente a la sociedad castellana.

Si fracasó el impulso de religiosos, arbitristas, pensadores y políticos en este propósito  fue porque otra parte importante de  los mismos, como por ejemplo Francisco de Quevedo o el doctor y religioso Juan Espino, estuvieron en contra de la revisión de los estatutos y en su empeño se vieron favorecidos por un grupo social mayoritario, los cristianos viejos. Estos encontraron en el honor de su antigua limpieza, uno de los principales medios para poder situarse socialmente y hacer frente a un etapa de dificultades y crisis.

“Un único y lejano pariente manchado impedía a quien se le descubría –sin tener  en cuenta su virtud o preparación profesional- acceder a instituciones que habían establecido estatuto de limpieza de sangre”.

¿Por qué en las Cortes de Cádiz la “limpieza de sangre” aún tuvo defensores?

El antijudaismo, o antijudería (como la ha llamado José Jiménez Lozano), convertida tras la expulsión de los judíos que no recibieron las aguas bautismales en fobia y discriminación de una parte mayoritaria de la sociedad hacia el cristiano nuevo o converso, era una ideología tan arraigada que su disolución no era fácil.

No obstante escritos tan esclarecedores y divulgativos, como los del Padre Feijoo sobre la condición de auténtico cristiano del converso, o las medidas políticas tomadas por los gobiernos reformistas de Carlos III a favor de los descendientes de judíos, como es el caso de los chuetas mallorquines, fueron insuficientes para dar por concluido la discriminación de aquellos que remotamente procedían de judíos –la semilla u origen de su mala sangre siempre pervivía en opinión de sus detractores-, como para poder afirmar que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los estatutos de limpieza de sangre hubieran desaparecido.


Francisco de Quevedo se opuso a la revisión de los estatutos de limpieza de sangre.

Por el contrario, vemos como su auge crece en territorios en los que no habían tenido tanta influencia, como son los de la Corona de Aragón, aunque aplicados fundamentalmente en la exclusión de quienes ejercen oficios viles –relacionados con los trabajos que podían practicar los judíos o sus descendientes-.

“Las Cortes de Cádiz no pudieron acabar con los estatutos por la oposición de un conjunto de diputados que se identificaban con el Antiguo Régimen”.

Por todo ello no es extraño que aunque hubo una corriente “liberal” que en las Cortes de Cádiz intentó suprimir una de las “taras” del pasado, otros diputados participantes en ellas, integrados dentro del sector más tradicional y rigorista (como es el caso del padre Hermida, Iguanzo, Ostaloza, Terrero…) se mostraran contrarios a la “destrucción de los estatutos de limpieza de sangre”. Ello se debía a que aún en el seno de la sociedad  había quienes eran cristianos viejos, seguros y fieles a un programa próximo a valores de las elites del antiguo régimen, y en cambio, otros eran poco fiables – relacionados con la axiología burguesa-, como los “manchados con la sospecha de raza judaica”.

¿Cuándo se acabó jurídicamente con estos estatutos?

Los estatutos nunca fueron una norma en vigor para toda una Monarquía primero y el Estado después. Fueron adoptados por instituciones y en cada caso, dependiendo de su jurisdicción, pidieron y obtuvieron su aprobación definitiva por parte de la Monarquía o el Papado. En consecuencia, desde el Estado, ya en el siglo XIX, no se pudo dictar una ley que los suprimiera totalmente. Ello no fue un impedimento para que  en las instituciones que dependían del mismo, fuera imponiendo su supresión.

Por poner algunos ejemplos significativos, el año 1835 la reina gobernadora Maria Cristina  decretó la supresión de las pruebas de limpieza para acceder a seminarios de nobles, o bien -a propuesta de la Sociedad Económica Matritense- también los suprimió en diversas carreras y profesiones. Podríamos seguir citando otros ejemplos que afectan al propio Estado, que toma sus últimas medidas el año 1865, cuando los declara nulos para poder acceder a algunas carreras en las que aún se seguían exigiendo probar que se tenía sangre limpia.

Portada de Sangre limpia, sangre española, de Juan Hernández Franco.

Pero lo importante es la nueva ideología que comenzó a reinar a partir de 1840 aproximadamente, pues frente a la antijudería, ahora primó y venció que el origen, el pasado, la sangre y los ancestros no pueden ser un “castigo” para las generaciones presentes y que los estatutos eran un inútil obstáculo, que lo único que hacía era privar a la sociedad de hombres capacitados, relevantes, bien formados y necesarios para el desarrollo de la misma y que no se atrevían a acceder a una institución de estatuto por si en el proceso de averiguación de su limpieza apareciera un remoto antepasado que arruinase su honor, su prestigio y el de toda su familia.

“En 1865 el Estado toma sus últimas medidas sobre los estatutos, cuando los declara nulos para poder acceder a algunas carreras en las que aún seguían exigiendo probar que se tenía sangre limpia”.

Al final, tras cuatro siglos de ideología antijudía, se desvaneció el principio tan largamente arraigado de que la sangre manchada no se borraba y que bastaba una partícula o átomo para conducir a la anomia social –en una sociedad organizada y dirigida por quienes tenían su máximo honor en considerarse cristianos viejos-  a quien la portase.

 ¿Dejaron un legado que tuviera continuidad?

Venimos relacionando la antijudería con los estatutos de limpieza de sangre, aunque hay que decir que esa antijudería en Europa y en los Reinos Hispánicos es anterior al establecimiento de los estatutos. Pero la ideología antijudía y en concreto los estatutos lo que hicieron, indudablemente mal y negativo, fue la exclusión social del que fuera tenido o fuese por descendencia  judío dentro de una sociedad regulada por valores hidalgo-cristianos viejos. Hasta ahí la repercusión, volvemos a decir negativa, de los estatutos. Hechos posteriores, como el antisemitismo de naturaleza estrictamente racial y sus fatales consecuencias en el siglo XX, pueden tener algún lejano origen o influjo en las actitudes contrarias al judío, según algunos historiadores.

Ángel Pulido, que favoreció una campaña de aproximación a los sefardíes.

Sin embargo y paradójicamente, en esos momentos que la persecución contra el judío en su forma más cruel tomó cuerpo en Europa, en España, una parte de su sociedad, movilizada por personas como Ángel Pulido (anteriormente lo habían hecho Adolfo de Castro, Amador de los Rios, Pedro José Pidal, Juan de la Puerta…) desde comienzos del siglo XX y con respaldo de destacados intelectuales (como Cajal y Galdos), se mostró a favor del estrechamiento de relaciones entre España y los sefardíes dispersos por el mundo.

Las consecuencias más inminentes de esta campaña fueron, en 1924, la concesión de pasaportes a sefarditas que lo solicitaron –fundamentalmente por motivos culturales y económicos-; y en el momento más álgido del holocausto judío, la eficaz acción de la diplomacia española salvando la vida de bastantes sefardies –se calcula que sobre unos 15.000- en los Balcanes, Italia y Francia.


EL VALLE DE LOS CAÍDOS, LA RECONCILIACIÓN IMPOSIBLE*

julio 19, 2018

Manifestación en el Valle de los Caídos del 15 de julio de este año para protestar contra el eventual traslado de los restos dde Francisco Franco (foto de EFE/ Juan Carlos Hidalgo).

 

EL PRÓXIMO ABRIL EL VALLE DE LOS CAÍDOS CUMPLIRÁ 60 AÑOS DE SU APERTURA. Su historia es conocida: Franco decretó su construcción en 1940 e intervinieron presos republicanos en las obras, concluidas en 1958. El dictador, según su hija Carmen, “quizá quería que [el conjunto] fuera como lo de Felipe II después de la batalla de San Quintín, que había hecho el monasterio de El Escorial”. Franco, en apariencia conciliador, decidió que el lugar acogiera a difuntos de ambos bandos de la contienda, reuniendo allí los restos de 34.000 víctimas.

Pero pronto se constató que el Valle de los Caídos difícilmente sería un lugar de confraternización, pues en el discurso de inauguración el dictador recordó su triunfo en la contienda: lo efectuó el 1 de abril de 1959 (vigésimo aniversario  de su victoria) y recordó que su lucha seguía: “La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta”, afirmó.

A la vez, los restos humanos depositados en el mausoleo llegaron por vías azarosas. La politóloga Paloma Aguilar señaló que su procedencia “no ha sido investigada” (hubo “traslados masivos de algunas fosas comunes que no fueron consultados con nadie”) y no todos los caídos republicanos pudieron ser enterrados en el lugar al tener que acreditar su fe católica los familiares.

Tampoco reinó la satisfacción entre vencedores: en junio de 1958 el primo del dictador, Francisco Franco Salgado-Araujo, anotó que había quienes veían mal “que se pudieran enterrar en la cripta lo mismo los que cayeron defendiendo la Cruzada que los rojos, que para eso aquellos están bien donde están”.

El traslado del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera

Además, el traslado del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) al Valle respondió a intereses políticos. Primo fue ejecutado en Alicante en 1936 y en noviembre de 1939 sus restos fueron llevados al monasterio de El Escorial, donde están enterrados los reyes españoles, lo que solo podía irritar a los monárquicos. Según la socióloga Zira Box, Franco lo decidió porque aquel sitio era “el signo glorioso de la resurrección de la Patria”. El traslado del cuerpo fue el ritual más espectacular del régimen: un cortejo iluminado con antorchas portó el ataúd relevándose cada 10 kilómetros. Sin embargo, en marzo de 1959 el dictador ordenó depositar el cadáver de Primo en el Valle para dar cancha a los monárquicos en detrimento de la Falange y se ausentó del acto (le representó Luis Carrero Blanco).

Como puede apreciarse, el conjunto monumental ya no fue un ámbito de concordia desde sus inicios. En tal escenario, el entierro del autócrata en la basílica en 1975, junto a la tumba de José Antonio, selló la identificación del lugar con la dictadura. Sin embargo, Franco no decidió sus exequias allí, sino que habría sido el presidente Carlos Arias Navarro. El primero solo hizo un lacónico comentario al respecto el día de inauguración del conjunto a su arquitecto, Diego Méndez: “Bueno, Méndez, y en su día yo aquí, ¿eh?”, dijo. Es más: el dictador ni siquiera transmitió su voluntad a la familia: “Yo no tenía ni idea de dónde quería ser enterrado”, comentó su hija.

Juan Mª de Peñaranda, participante de la ‘Operación Lucero’ (nombre del dispositivo organizado por el servicio de información -el SECED- para el sepelio de Franco), dio esta explicación: “Fue una decisión de presidencia, a sugerencia nuestra”, para evitar enterrar el cadáver en la ciudad. Con esta decisión el Valle se convirtió en un centro de peregrinaje político de devotos del falangismo y nostálgicos del franquismo.

La ley de memoria histórica del 2007

La llamada ley de memoria histórica del 2007, que promovió José Luis Rodríguez Zapatero, quiso despolitizar el complejo y prohibió realizar en él “actos de naturaleza política”. Sin embargo, la medida fue de escasa mella en un imaginario que vincula el conjunto arquitectónico con la glorificación de la dictadura. Por esta razón, no parece que el traslado del cadáver de Franco (dejando el de José Antonio en la basílica) llegue a alterar de forma sustancial esta percepción.

Este panorama tiene un triste corolario: España carece hoy de un espacio de reconciliación de la Guerra Civil socialmente asumido como tal. En 1985 se quiso remediar este vacío y el Rey Juan Carlos inauguró en Madrid la plaza de la Lealtad un monumento a todos los caídos de la conflagración de 1936: una antorcha cuya llama debía arder en “honor a todos los que dieron su vida por España”. Pero la iniciativa no cuajó y hoy el Valle de los Caídos constituye un legado envenenado del franquismo, que encarna la vigencia de las “dos Españas” machadianas ocho décadas después de la Guerra Civil.

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* Artículo originalmente como Xavier Casals, “El Valle de los Caídos, la reconicliación imposible”, El Periódico (17/VII/2018).

 


¿HA EXISTIDO UN INDEPENDENTISMO CATALÁN FASCISTA TRAS LA MUERTE DE FRANCO?

julio 11, 2018

Cartel del PNSC (fondo de la UAB).

 

¿QUÉ RELACIÓN SE HA ESTABLECIDO HISTÓRICAMENTE ENTRE FASCISMO Y CATALANISMO? Esta ha sido la cuestión que han abordado desde distintos ángulos una veintena de historiadores en una obra colectiva en catalán titulada El catalanisme davant del feixisme (1919-2018), con distintos análisis abarcan un siglo de historia.

Los tres editores de esta interesante aportación (Enric Ucelay-Da Cal, Arnau Gonzàlez Vilalta y Xosé Manoel Núñez Seixas) han plasmado así la conclusión que puede extraerse de la lectura conjunta de los trabajos: “De este volumen, salen explicaciones nuevas, originales y de relevancia, que se pueden sintetizar en una primera conclusión: fascistas catalanistas, sí, ha habido, y quizás muchos, pero fascismo catalanista, no. Así de claro y de complicado a la vez”.

Por nuestra parte, hemos elaborado para la obra una aproximación al período que abarca desde la muerte de Franco hasta el presente. De este modo, nuestro capítulo se titula “Ha existit un feixisme nacionalista-independentista català (1975-2016)?” [¿Ha existido un fascismo nacionalista-independentista catalán (1975-2016)?]. En este estudio planteamos que durante el período reseñado, en Cataluña se produjeron tres evoluciones distintas. Estas, además, se sucedieron en términos cronológicos, como exponemos a continuación.

Una evolución desde la extrema derecha hacia el catalanismo (1978-1980)

La encarnó el disuelto Círculo Español De Amigos De Europa [CEDADE]. Entre 1978 y 1980 este colectivo neonazi (cuya sede central estaba en Barcelona) no solo editó propaganda en catalán y de carácter catalanista, sino que también creó un grupúsculo instrumental: el Partit NacionalSocialista Català [PNSC].

Este rótulo se difundió mediante adhesivos y carteles en el breve período de tiempo citado.

Una evolución del independentismo hacia la ultraderecha (1980-1982)

La plasmó el grupúsculo independentista Nosaltres Sols! [NS!], activo entre 1980 y 1982, con un efímero paso de sus integrantes por Estat Català. Este rótulo ganó eco al lanzar la campaña “xarnegos fora!” y su lema alcanzó notoriedad en la precampaña electoral de los comicios legislativos de octubre de 1982, al crear una significativa controversia política.

Para el lector no familiarizado con el término “xarnego”, señalamos que -según el Diec– este tiene una acepción peyorativa: “Inmigrante castellanoparlante residente en Cataluña, dicho despectivamente”.

Una nueva síntesis ideológica que supera la dicotomía Cataluña-España (2002-2015)

La reflejó la irrupción de la Plataforma per Catalunya [PxC], constituida el 2002 y que conoció un largo ciclo de ascenso y un súbito declive entre los comicios locales del 2003, 2007, 2011 y 2015. Aludimos en este caso a una nueva síntesis ideológica en la medida que este partido superó -aunque de forma limitada- las contradicciones que crea el eje catalanismo-españolismo con el lema “Primero los de casa”. Este eslogan proyectó un eje ideológico que contrapuso “autóctonos” (se sintieran estos catalanes o españoles) y foráneos (inmigrantes).

Como ya explicamos en este blog, la confluencia de tres factores provocó el eclipse de la PxC en los comicios locales de 2015: la crisis interna del partido; el impacto del proceso secesionista (que monopolizó la agenda política en detrimento de otras cuestiones y creó una dinámica electoral inclusiva); y la irrupción de nuevas marcas anti-establishment.

Pronósticos imposibles

En el libro mencionado finalizamos nuestro análisis señalando estas eventuales tendencias de futuro: “En este marco la ultraderecha puede continuar estancada y marginal, persistir su carácter dual (fracturada entre separatistas catalanes y ultranacionalistas españoles) o generar nuevas síntesis ideológicas hoy imprevisibles que le permitan progresar en las urnas”.

Desde nuestra óptica es difícil ir más allá de lo apuntado en la obra, pues -paradójicamente- el único pronóstico que hoy puede hacerse (tanto en relación a la política catalana como española) es que resulta imposible hacer pronósticos.


¿QUIÉN DECIDIÓ QUE FRANCO FUESE ENTERRADO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS? EL PAPEL DESCONOCIDO DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

junio 28, 2018

 

La cruz del Valle de los Caídos (foto de El País).

 

EL VALLE DE LOS CAÍDOS ES UN POLÉMICO MAUSOLEO y en él se hallan sepultados tras el altar mayor tanto el fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, como Franco. Actualmente se plantea retirar su cadáver del conjunto monumental. El entierro de José Antonio en este lugar lo decidió Franco en el marco de una compleja política de equilibrios del régimen. ¿Pero quien decidió que el dictador fuera sepultado al lado del líder falangista?

La “Operación Lucero” y los servicios de inteligencia

La respuesta es un tanto sorprendente: en última instancia no lo hizo ni el dictador (que había hecho erigir el conjunto como mausoleo propio) ni su familia, sino el gobierno de Carlos Arias Navarro siguiendo una sugerencia del personal del Servicio Central de Documentación [SECED].

Este servicio de información dependía de presidencia del Gobierno y le fue encargado planificar con antelación el dispositivo oficial que tendría lugar al fallecer Franco, designado como “Operación Lucero”.

memoriaocultadelejército

Portada de Memoria oculta del Ejército, de Francisco Medina.

A continuación reproducimos el testimonio de uno de los responsables de esta misión, Juan Peñaranda, recogido por el ensayista y periodista Francisco Medina en su más que recomendable estudio sobre el Ejército y los servicios de inteligencia en la política española: Memoria Oculta del Ejército. Los militares se confiesan (1970-2004) (Espasa, Madrid, 2004). Esta es la citación textual de las páginas 229-230:

 “¿Por qué [se escoge] el Valle de los Caídos al final? Pues no fue una decisión de Franco. No. Fue una decisión de Presidencia, a sugerencia nuestra. Pero, claro, ¿dónde ibas a enterrarle una vez que se decide que iba a ser aquí, en Madrid? La ventaja del Valle de los Caídos es que lo sacas de la ciudad, pues no había un sitio permanente en Madrid donde poder enterrarle. El Valle de los Caídos, en ese sentido, parecía un sitio estupendo; la basílica se había hecho para conmemorar a los caídos, aunque pocos del bando republicano quisieron enterrar allí a sus familiares. Algunos incluso lo prohibían. En fin, nosotros hicimos la sugerencia, explícamos los pros y los contras, y luego lo aprobaron quienes lo tenían que aprobar. ¿Se consultó con la familia? No lo sé… Aunque claro, Arias tenía buena relación con la familia del Generalísimo… Llega luego un momento en el que se ve que la salud del Caudillo decae rápidamente. Yo creo que eso es a la vuelta del verano del 75. Al iniico del otoño quizá Arias se lo dice a la familia… Y Doña Carmen [Polo] debió decirle: “Haced lo que os parezca más oportuno”. Pero no era un tema de consulta, sino tener la cortesía de anunciarles lo que íbamos a hacer… Para la Operación Lucero, el Valle de los Caídos era un asunto firme. Esa clase de decisiones tan importantes tardaron en tomarse, pero eran básicas para poder continuar… Tenías que decidir dónde enterrabas a Franco, dónde se ponía el féretro para que lo visitara la población… Y eso no lo dejabas al albur para, cuando llegue el momento… Porque todos los dispositivos de seguridad, de tráfico, de autoridades, de viajes…, todos estaban relacionados con esos puntos. Y ya se dijo: Valle de los Caídos y Palacio Real. 

En suma, una decisión que se ha mostrado tan controvertida y polémica con el paso del tiempo no solo fue ajena al dictador, sino quizá hasta a su familia.

Entierro Franco

Entierro de Franco en el Valle de los Caídos.

El episodio, por lo demás, refleja un elemento que suele pasar desapercibido en las crónicas de la Transición: la creciente importancia que adquirieron los servicios de inteligencia en nuestro país.

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* Entrada publicada en septiembre de 2013, reproducida en noviembre de 2015 (al cumplirse 40 años de la muerte de Franco) y ahora actualizado por su interés.


ENTREVISTA A LOS AUTORES DE “VERDUGOS IMPUNES”: “LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA ENTERRADAS EN FOSAS COMUNES SOLO LA SUPERA LA CAMBOYA QUE GOBERNÓ POL POT”

junio 3, 2018

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar, autores de Verdugos impunes.

 

¿SE HA ESCRITO “TODO” YA SOBRE LA REPRESIÓN DESARROLLADA POR EL FRANQUISMO? Ciertamente, esta cada vez es más y mejor conocida. Ahora cuatro historiadores académicos –Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar– han realizado una aproximación al tema en la obra Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos (2018).

El ensayo ofrece una visión panorámica y actualizada de la cuestión que procede de la bibliografía más destacada sobre el tema, en un trabajo de innegable interés, más allá de la actualidad del tema que aborda y las controversias que este genera. A continuación entrevistamos a los autores, a quiénes agradecemos que hayan accedido a responder a nuestras preguntas.

Portada de Verdugos Impunes.

¿Qué relación tiene este ensayo con la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)?

El origen de este libro está en un informe pericial de contexto que fue elaborado a petición del equipo jurídico de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA). La CEAQUA a partir de un determinado momento consideró necesario dar un giro en su estrategia judicial. Este giro consiste en mantener abierta la querella en el juzgado número 1 de Buenos Aires y paralelamente presentar querellas en España contra los crímenes franquistas, tanto por parte de víctimas como de instituciones; en este caso, se trata fundamentalmente de ayuntamientos. Es precisamente la presentación de estas querellas ante juzgados españoles la que ha requerido que junto a las mismas se presente un informe sobre el  contexto en el que se produjeron los crímenes que denuncian los querellantes. Se entiende que el informe es de carácter pericial en la medida en que ha sido redactado por expertos.

Por otra parte, la elaboración del informe nos exigió un doble diálogo. Por un lado con los juristas, pues se nos exigía un documento técnico que tiene características diferentes a los trabajos de orden académico, por ejemplo. En segundo lugar, la redacción del informe se gracias al diálogo  con las víctimas que estuvieron muy pendientes a la hora de que el catálogo de crímenes y víctimas no quedara con vacíos. De este modo la idea de que el tratamiento de la memoria y de los derechos humanos constituye un campo interdisciplinar ha quedado completamente corroborada.

Una vez que concluimos la redacción del informe pericial de contexto, tanto los autores como la gente de la CEAQUA convinimos en que sería oportuno convertirlo en un libro de carácter divulgativo y al mismo tiempo de carácter riguroso. Un libro que permitiese dar a conocer a un público más amplio el franquismo desde el punto de vista de los Derechos Humanos, desde sus orígenes en 1936 hasta su desaparición como régimen.

En suma, desde sus orígenes, este ensayo se halla muy vinculado a la CEAQUA. En el bien entendido de que a los autores nos vincula como expertos.

¿Por qué consideran que la vulneración de los derechos humanos durante el franquismo fue un “fenómeno sistémico”?

El franquismo fue una dictadura tan larga que analíticamente suele dividirse en dos grandes periodos. Esto también sucede por lo que respecta a la represión y a la violación de los derechos humanos. De manera que existe un número importante de investigaciones de lo que podríamos llamar el terror inaugural, que iría hasta 1945. Sin embargo, no sucede lo mismo con relación al  llamado tardofranquismo. Así, puede parecer que el periodo final del franquismo fuera una etapa hasta cierto punto “apacible”, como llegó a declarar Mayor Oreja.

Sin embargo hay que decir que el aparato de represión se constituyó en los orígenes de la dictadura, operando a lo largo de toda su existencia. Además, la persecución de la disidencia fue una constante. De modo que la tortura, por ejemplo, se practicó de una manera organizada y sistemática por parte de una policía política de origen militar y contra un grupo de población bien definido, como era el antifranquismo militante. No se trataba de casos aislados. La tortura, como tantos otros crímenes, se practicaba en un contexto de violencia estatal.

Evidentemente sabemos que la dictadura gozó de apoyos sociales y que logró diversos grados de consentimiento y consenso entre la sociedad. Pero el consentimiento también se forjó con el miedo y  para lo que aquí importa, el miedo era producto del recuerdo de la violencia masiva inaugural y de la represión sistemática de la disidencia, tal y como hemos indicado. Por eso decimos que la violación de los derechos humanos fue sistémica; es decir, consustancial al régimen.

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto  de 2013 (imagen de EFE/Paco Campos reproducida en La memoria viva).

¿Por qué aluden a un “peculiar modelo dual” de represión en el tardofranquismo?

En el caso de la dictadura española, concluida la fase álgida de la represión durante los años de guerra y postguerra, la jurisdicción militar siguió teniendo atribuciones no solo de seguridad, sino sobre cualquier acto «contra la armonía social». Se fue consolidando así una división de competencias entre una administración civil, que sancionaba los deli- tos más numerosos, y otra militar que castigaba los más graves. Su línea principal fue el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 18 de abril de 1947, que sustituía la Ley de Seguridad de 1941. Esto fraguó un modelo dual que se mantuvo en esencia durante toda la dictadura, modulando la intensidad en función de cada contexto. Pero, es importante resaltarlo, la justicia militar mantuvo siempre la dirección del mismo, ya que los capitanes generales de cada región militar conservaron intacta su capacidad de valorar la grave- dad de los hechos considerados «delitos políticos» y, por tanto, de decidir a qué instancia judicial pasaban a ser juzgados.

Este modelo dual adquiere especial relevancia al final del franquismo porque se alterna cada vez más los mecanismos ordinarios del orden público con los estados de excepción. La justicia militar intervine activando uno u otro, y en ocasiones incluso combina elementos de los dos, en función de su análisis de la gravedad de la situación. El endurecimiento de las medidas de orden público de los años sesenta, por tanto, seguía la misma línea de bifurcación marcada desde finales de los años cuarenta. Se revitalizaban las funciones represivas del Ejército en materia de orden público, empleándose con la dureza que le caracterizaba contra obreros y estudiantes. Los consejos de guerra, por otro lado, funcionaban con toda normalidad para atajar cualquier disidencia política o laboral, por tanto las amplias competencias de la jurisdicción militar en materia política y laboral no venían determinadas.

En su etapa final, la dictadura se vio obligada a introducir una serie de variaciones contundentes en este modelo que, a pesar de todo, siguió reutilizando con éxito a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, los militares nunca se fueron del todo del terreno de la represión política. Así pues, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el franquismo había perfeccionado un aspecto por encima de todos: la integración del sistema represivo en las funciones de orden público. La defensa del papel político del Ejército apareció siempre como un factor clave en la continuidad de la dictadura. Eso sí, coexistiendo con una jurisdicción especial como la del TOP, cuya desaparición se iba a producir el 5 de enero de 1977, fecha que coincide con la publicación de la Ley de Reforma Política y la creación de la Audiencia Nacional a la que fue traspasada la competencia jurisdiccional en materia de terrorismo.

¿Qué importancia tuvo en la represión la Brigada Político Social y su vínculo con el Tribunal de Orden Público [TOP]?

La creación de la nueva jurisdicción especial que representó el TOP concedió un papel muy importante, hasta cierto punto decisivo, a la actuación de la Brigada Político Social, el organismo policial especializado en los delitos juzgados por aquel tribunal. La BPS, heredera de los servicios de información militar transformados a lo largo de la guerra civil, mantuvo siempre su carácter militar y reservado, con atribuciones como policía gubernativa y policía judicial en todo el territorio estatal por encima de cualquier otra administración, salvo la propiamente castrense. Su continuidad fue esencial en la consolidación del altísimo perfil represivo del franquismo a lo largo de cuatro décadas. De hecho, este aspecto reforzó el carácter de sistema de justicia política propio de la dictadura. Para los miembros de la BPS cualquier conducta que pudiera afectar al orden público, tal y como lo concebía el Régimen, convertía al ciudadano en un sujeto sospechoso.

Esta condición permitiría que todo individuo identificado como tal pudiera ser detenido preventivamente —a pesar de no estar regulado en ninguna norma— en dependencias policiales para su posterior puesta en libertad o disposición judicial. Aunque el plazo máximo de detención no podía superar las 72 horas, de acuerdo con el Fuero de los Españoles y con la Ley de Orden Público, el hecho de que aquel triplicara la du- ración establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una muestra más de la importancia que el Régimen otorgaba a la represión de estas conductas «políticamente desviadas». De la importancia que para el Régimen tuvo el Cuerpo General de Policía daba cuenta la Ley de 13 de febrero de 1974, por la que se modificaron las normas procesales preexistentes con las que se enjuiciaba a sus funcionaros por hechos cometidos en el ejercicio de su función y cargo. De acuerdo con esta ley, el procesamiento de los miembros de la policía judicial pasó a ser competencia de las Audiencias Provinciales, en detrimento de los jueces de instrucción del lugar de los hechos.

Lo relevante de esta ley es que aforaba a los miembros de la policía equiparándolos a los alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones y diputado. En resumen, una vez más el término “Orden Público” servía de amparo a los potenciales abusos de los funcionarios policiales que, a menudo, se extralimitaban en sus facultades legales. Las autoridades trataron de solucionar el descontento y la protesta de la población incrementando las detenciones y la contundencia de las fuerzas de orden público, Policía Armada, Guardia Civil, antidisturbios, y la presencia de la propia Brigada Político Social, la policía política de la dictadura.

 

Manifestación contra el Tribunal de Orden Público (imagen de Canal Sur).

Afirman que en España las víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes (cercana a las 100.000) solo la supera la Camboya que gobernó Pol Pot en todo el mundo. ¿Cómo ha sido posible tal situación?

Es una idea muy potente porque vincula lo sucedido en España con otros fenómenos de violencia masiva a nivel global, con otros fenómenos de violaciones sistémicas de los derechos humanos sucedidos en el siglo XX. Para explicar brevemente el porqué de esta situación, primero habría que remitirse al proceso violento en sí que arranca con el golpe de Estado de julio de 1936. Desde el minuto uno en que los golpistas se hacen con el control efectivo de un territorio, lo que afecta en los primeros días y semanas a regiones enteras del Estado y acaba siendo generalizado tras el final de la guerra civil, comienzan un accionar sistemático de eliminación de personas: los asesinados no siempre son enterrados de formas convencionales. De un volumen de asesinados que alcanza y sobrepasa la cifra de 150.000 entre 1936 y 1945 y de una práctica de enterramientos irregulares surge el fenómeno de las fosas comunes.

Desde el mismo momento en que tienen lugar estos enterramientos, también se producen exhumaciones: clandestinas, llevadas a cabo por los propios familiares, sin mayores medios. Se hizo durante el franquismo, se hizo en los años de la Transición y aun después. Las instituciones públicas, sin embargo, no se implicaron en este proceso en ningún momento. Para ser exactos, fue el régimen franquista el que más cadáveres movió, pero como parte del proceso de nutrir la gran cripta del Valle de los Caídos: los cuerpos se exhumaban de fosas comunes a lo largo de España para ser trasladados a Cuelgamuros, a lo que no es más que una gran fosa común.

La democracia del 78 dimitió de sus funciones y deberes a este respecto, y solo acertó, tardía y acotadamente, a una política de subvenciones para que fuera la sociedad civil la que asumiese un proceso que por su complejidad y su volumen solo podría afrontar parcialmente. Creemos que estos factores ayudan a entender la situación que refiere su pregunta, pero también habría que añadir la especial responsabilidad del poder judicial: la falta de amparo a las víctimas, que es un bien sabida, ha sido proporcional a la falta de implicación en la exhumación de los restos.

Fosa común de Estépar (Burgos) que dataría de agosto-septiembre de 1936 (imagen de Wikipedia).

¿Qué quieren plantear cuando afirman que “los actos impunes del pasado quedan como un vacío ético en el presente”?

En la publicación de la obra hubo muchos momentos de debate entre los autores, no en vano es el producto de un esfuerzo colectivo en el sentido estricto de la palabra. En un momento dado se discutió el título y convenimos, con el editor, en la idea de presentar la obra bajo el paraguas de esta idea: “verdugos impunes”. Creemos que este es el rasgo más significativo del legado de la historia de golpe, guerra y dictadura franquista en la España actual. Y el libro, no se olvide, se escribe desde el presente, con preguntas e inquietudes de nuestros días.

La impunidad de los verdugos de la violación sistémica de los derechos humanos bajo el franquismo es un hecho que es, al mismo tiempo, incontrovertible y difícilmente comparable. Incontrovertible porque se puede constatar que ni una sola persona, ni una sola institución, organización o entidad pública y privada de las múltiples que estuvieron implicadas en el ejercicio y promoción de la violencia golpista y franquista, ni una sola repetimos, fue nunca perseguida por haber cometido tales actos. No solo  no lo fue en el pasado, sino que además continúa siéndolo en el presente: es decir, la impunidad no es un fenómeno de la Transición, sino que es un acto que se preserva y sostiene en el presente. Pero además, la impunidad de los verdugos en España es difícilmente comparable porque no existen tantos casos a nivel global donde la impunidad absoluta sea la norma.

Es cierto que los procesos de revisión del pasado, en términos de justicia transicional, son casi siempre insatisfactorios en términos de respuesta ética: desde que se inventaron en Núremberg hasta las últimas y más sofisticadas manifestaciones en forma de Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, no dejan de dar una repuesta al menos parcial al problema de la impunidad. Incluso allí donde las puertas de la justicia se cierran por “leyes de punto final” y autoamnistías, siempre existen iniciativas en al ámbito judicial que las reabren (véase los ejemplos de América Latina en las últimas décadas). No en el caso español. El vacío ético por el que nos pregunta se refleja aquí en una absoluta falta de implicación pública con los principios de justicia, verdad y reparación, esto es, la impunidad como sistema.

Puede accederse al sumario y a la introducción de la obra en PDF aquí por cortesía del editor o bajar el documento en PDF: Introducción vi-pdf


ENTREVISTA A GAIZKA FERNÁNDEZ: “ETA TARDÓ UNA DÉCADA EN MATAR POR FALTA DE DETERMINACIÓN HUMANA PARA ASESINAR”

mayo 26, 2018

Gaizka Fernández Soldevilla.

GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA, es autor de diversos trabajos sobre la violencia terrorista y la historia del nacionalismo vasco, como Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994). Actualmente es responsable del área de Archivo, Investigación y Documentación delCentro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Ahora acaba de coordinar con Florencio Domínguez la obra colectiva Pardines. Cuando ETA empezó a matar, en alusión a a primera víctima mortal de ETA en 1968, el agente de la Guardia Civil José Pardines. Hoy aquel asesinato es apenas recordado en España por el medio siglo transcurrido. Le agradecemos que haya aceptado contestar a nuestras preguntas.

¿Quién era José Antonio Pardines y por qué fue la primera víctima de ETA?

José Antonio Pardines Arcay era un joven guardia civil de Tráfico, natural de Malpica de Bergantiños (La Coruña). El 2 de junio de 1968 la dirección de ETA decidió empezar a matar. Cinco días después, el 7 de junio, Pardines estaba regulando el tráfico en una desviación de la carretera N-I, debido a unas obras en un puente. A las 17:30 paró el coche en el que iban dos miembros de ETA, Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa. Pardines les pidió el permiso de circulación. Con él en la mano derecha, pudo comprobar que los datos no coincidían con el número del bastidor. Expresó su extrañeza en voz alta. Fueron sus últimas palabras antes de ser asesinado. Recibió cinco tiros en el torso. Las pruebas indican que tres balas salieron de la pistola de Echebarrieta y dos de la de Sarasketa, pero este último jamás admitió haber disparado.

 

El agente José Pardines (imagen de El Mundo).

¿Por qué ETA tardó prácticamente una década en cometer asesinatos? ¿Qué cambió desde su creación en 1959?

El dirigente etarra Juan José Etxabe confesó que él había visto la “necesidad” de emplear la violencia “desde un principio”. No fue el único. Exceptuando alguna crisis pasajera y su inactividad desde 2011, la organización siempre ha apostado por la “lucha armada”. Apenas había pasado un año desde su nacimiento, acontecido a finales de 1958, cuando ETA puso artefactos explosivos en el Gobierno Civil de Vitoria, en un periódico de Santander y en una comisaría de Bilbao. Ahora bien, el asesinato era un paso que le costó dar a ETA. Hay que tener en cuenta la ausencia de una tradición insurreccional en el nacionalismo vasco, los escrúpulos religiosos y morales de parte de la militancia etarra, las dificultades de orden material (entrenamiento, información, dinero, armamento, etc.) y un elemento clave: la voluntad humana. En 1958 no existía la determinación de matar. En 1968, sí.

 

La escena del crimen.

¿Por qué es importante el homicidio de Pardines para comprender el terrorismo etarra?

Fue la primera víctima mortal de ETA. Y, en cierto sentido, las circunstancia de su muerte, un asesinato a sangre fría, sintetizan a las del resto. También es significativo el olvido que cayó sobre Pardines, similar al que han sufrido cientos de víctimas del terrorismo. Solo el 1,2% de la ciudadanía vasca sabe quién fue la primera víctima de ETA. Sin embargo, su asesino, Txabi Echebarrieta, es un personaje bien conocido, al que el nacionalismo vasco radical homenajea cada año.

¿Las víctimas iniciales de ETA fueron solo miembros de los cuerpos de seguridad?

No, por ejemplo, la tercera víctima mortal de la banda fue Fermín Monasterio, un taxista asesinado en abril de 1969.

¿La actuación de la dictadura ante los primeros asesinatos de ETA favoreció a este colectivo?

En su IV Asamblea, ETA  adoptó como estrategia la espiral de acción-reacción o, sencillamente, la provocación de la represión. Sus atentados iban a tratar de instigar unas represalias desproporcionadas por parte de la dictadura. No las sufrirían los militantes del grupo, sino los vascos en su conjunto, por lo que inevitablemente estos aplaudirían cualquier acto de venganza contra los opresores “españoles” que los maltrataban. Tarde o temprano la sojuzgada (y demasiado acomodaticia) población rompería sus cadenas para sumarse a la “guerra revolucionaria”. La dictadura cayó en la trampa y recrudeció la represión, que durante los años sesenta se había mitigado, al menos en sus aspectos más brutales. Y precisamente esa violencia institucional ayudó a que ETA ganase popularidad. No obstante, no hubo ninguna “guerra revolucionaria”. Al final, ETA se conformó con el sucedáneo del terrorismo.

 

Portada de Pardines.

¿Sabemos realmente el número de víctimas de ETA hasta su disolución?

Existen listas diferentes, pero solo contamos con una oficial, la del Ministerio del Interior, que reconoce a 853 víctimas mortales y casi 2.600 heridos a consecuencia de la actividad terrorista de ETA. No se trata de una cifra definitiva, porque hay trabajos de investigación en curso que probablemente nos permitan afinar más.

Este libro lo ha publicado el Memorial de las Víctimas del Terrorismo. ¿Cuál es su labor?

El libro lo ha publicado la editorial Tecnos, aunque con el impulso del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de una fundación del sector público estatal, resultado del mandato contenido en el artículo 57 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Sus fines son preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. Para su consecución, organizamos exposiciones, actividades educativas  y proyectos de investigación y divulgación, como este libro.

 

 


LA RATA NEGRA, LA MASCOTA DEL NEOFASCISMO EUROPEO QUE SURGIÓ DE MAYO DE 1968

mayo 19, 2018

La rata negra nació en 1968 en la Facultad de derecho de Assas.

EN ESPAÑA  “EL VIEJO TOPO” es el nombre de una cabecera de publicación izquierdista ampliamente conocida. Pues bien, frente al topo izquierdista, la ultraderecha europea posee una mascota también subterránea y contracultural: la rata negra. Su origen radica en el “mayo blanco de 1968”: es decir, en la contrarrevolución que generó la revolución de mayo de 1968. Esta es su historia.

A la reconquista de las aulas: el Groupe Union-Droite [GUD]

Después de la revuelta de mayo, sectores neofascistas -apoyando al gobierno- se lanzaron a la “reconquista” de las universidades. La lucha que se produjo entre elementos izquierdistas y ultraderechistas fue especialmente dura en la Facultad de Derecho de Assas, donde los enfrentamientos entre estudiantes de ideologías opuestas generaron verdaderas batallas campales.

En el curso de las últimas, los izquierdistas insultaban a los neofascistas llamándoles “ratas”. Paralelamente, un grupo de extrema derecha de la Facultad, el Groupe Union-Droite [GUD], confeccionó murales de propaganda en los que uno de sus mimebros, Jacques Marchal (antiguo militante del agresivo colectivo Occident), dibujó una rata negra haciendo comentarios irónicos sobre la situación en el lugar, tanto favorables como desfavorables al GUD.  Se había inspirado en las creaciones del dibujante de cómic franco-belga Raymond Macherot (1924-2008): los roedores Anthracite y Chlorophil.

Anthracite fue un personaje del cómic francés en el que se inspiró el “rat noir”.

El humor manifestado por aquella rata negra del GUD atrajo la atención de los estudiantes, incluyendo a algunos de sus enemigos. Por otra parte, los colectivos ultraderechistas empezaron a asumir su identificación con el roedor negro que de ellos hacía la izquierda y el resultado de todo ello fue que la “rata negra” devino la mascota neofascista de Assas.

Ésta última pronto ganó una popularidad que trascendió el marco local y se difundió entre la juventud neofascista francesa para cobrar una popularidad notable, especialmente en Francia y Bélgica, por lo que devino un emblema del neofascismo europeo, asociándose a la cruz céltica en numerosos casos.

La cruz céltica y la rata negra, dos símbolos del neofascismo europeo desde inicios de los años setenta.

Una tardía llegada a España

Esta difusión internacional del símbolo fue debida, sobre todo, a la edición de sendas revistas underground publicadas en Francia e Italia: Alternative (París, 1973-1975), dirigida por el propio Marchal, y La voce della fogna (La voz de la alcantarilla, Florencia, 1974-1983).

Sin embargo, en España no tuvo eco hasta bien entrados los años ochenta, cuando la rata negra fue popularizada por dos publicaciones: La peste negra (Madrid, 1985-¿1987?), editada por el colectivo anarcofascista madrileño Bases Autónomas [BB.AA.], y Alcantarilla (Barcelona, 1986-1988), editada por el colectivo Europa.

Esta tardía difusión de la rata negra como mascota del neofascismo español fue ilustrativa de la escasa y limitada renovación que experimentó al ultraderecha española en relación al conjunto del neofascismo europeo durante el franquismo y el postfranquismo.

La voce della fogna, publicada en Florencia, popularizó a la rata negra en Italia.

Cuando ya han transcurrido más de 40 años desde su creación, el neofascismo europeo  no ha sido capaz de engendrar un nuevo símbolo que substituyera al “rat noir” sesentayochista. Así, por ejemplo, en los años noventa el cómic francés Noir et Rouge (Grenoble, 1991-¿1992?) ha continuado difundiendo a esta mascota, aunque adaptada a los nuevos tiempos: el dibujante Sergueï hizo una fusión de la nueva generación ultraderechista que representaban los skinheads y la simbología heredera de mayo en una rata negra que era cabeza rapada.

En definitiva, la contrarrevolución de mayo no estuvo exenta de un grafismo imaginativo y dotó al neofascismo europeo de una mascota con la que hoy aún se identifica.

[Este artículo es una traducción con algunos cambios de nuestro trabajo “Una mascota per al neofeixisme europeu: la rata negra”, L’Avenç, 176 (diciembre 1993), p. 15. Puede descargarse el PDF aquí]. Esta entrada se publicó en diciembre de 2010 y  con el aniversario de mayo de 1968 la hemos reeditado.

Referencias

Sobre el origen de la mascota, véase una entrevista a Marchal habla en Devenir, nº 13.

Sobre el personaje de cómic que la inspiró, véase la obra colectiva, Les rats maudits, p. 13. Sobre su significado político, véase R. Montero, “Jack Marchal, la imaginación al poder (¿o en la oposición?)”, Alcantarilla, 12 (marzo-abril 1988), pp. 24-27.

Sobre la contrarrevolucion de los estudiantes franceses de de 1968, véase nuestros trabajos: “França: el maig ‘blanc’ desconegut”. L’Avenç, 176 (diciembre 1993), pp.8-17. ISSN: 0210.0150;  “El mayo blanco francés”, El Viejo Topo, 121 (septiembre 1998), pp. 26-28.