EL ADIÓS INTERMINABLE DEL FRANQUISMO (1939-2019)

abril 6, 2019

Desfile victoria 1939

Imagen del desfile de la victoria de 1939.

EL 1 DE ABRIL DE 1939 CONCLUYÓ LA GUERRA CIVIL INICIADA EL 18 DE JULIO DE 1936 CON EL TRIUNFO DE LAS TROPAS DE FRANCISCO FRANCO. Pese a que este falleció en 1975, su figura y la contienda fratricida aún gozan de protagonismo político. Ello sorprende porque dos tercios de la población era menor de 15 años o no había nacido el año en el que murió el dictador. Para entenderlo, debemos analizar cómo ha persistido hasta hoy el recuerdo de la guerra y del franquismo.

La irrupción del búnker (1966-1975)

En los años 60 la tímida apertura política que experimentó el régimen alarmó a sus sectores más intransigentes, que creían amenazada la victoria de 1939 y se movilizaron para evitarlo. Así, en 1966 se creó Fuerza Nueva (FN) Editorial, que animó Blas Piñar y editó una revista homónima para preservar los principios del “18 de julio”, en alusión al inicio de la guerra civil. En 1974 se creó la Confederación Nacional de Excombatientes con una declaración diáfana: “No somos excombatientes. Somos combatientes de España y de la revolución nacional”. Y ese año el falangista Antonio Labadie hizo esta proclama ante Franco: “Defenderemos con uñas y dientes la legitimidad de una victoria que es hoy patrimonio de todo el pueblo español”. Los inmovilistas del régimen, el llamado “búnker”, se aprestaban a preservar incólume el legado de 1939.

La Transición y el fracaso del neofranquismo (1975-1982)

Al morir Franco, esta ultraderecha se fragmentó y solo destacó FN, convertida en partido e identificada con Franco y una guerra civil concebida como “cruzada”. Pero tuvo un recorrido breve: tras ganar un escaño en los comicios de 1979, en los de 1982 se hundió y se disolvió. Su problema era que el retorno del franquismo que pregonaba era inviable sin la persona del dictador, como reflejó una consigna ultraderechista: “Franco resucita, España te necesita”. Por su parte, Alianza Popular (AP, origen del PP actual), que lideró el exministro franquista Manuel Fraga, reivindicó la dictadura. Pero a diferencia de FN, como subraya el historiador Ferran Gallego, AP destacó la paz y el progreso que esta habría brindado (más que la guerra) para atraer a los afectos al franquismo que temían cambios traumáticos. Finalmente, quién acaparó el grueso de este voto fue Adolfo Suárez y su Unión de Centro Democrático (UCD), que en las citadas elecciones de 1979 captó el 53% de votantes con un recuerdo positivo del dictador. Al fin y al cabo, Suárez procedía del Movimiento Nacional, el partido único del régimen.

La sombra alargada de Franco (1982-2018)

Acabada la Transición, durante el felipismo (1982-1996) y el aznarato (1996-2004), el recuerdo de Franco se difuminó y se evitó incidir políticamente en la guerra civil para no reabrir heridas. Incluso en 1985 se inauguró en la madrileña plaza de la Lealtad un monumento dedicado a todos los caídos en la contienda, aunque no tuvo éxito como espacio público de reconciliación. Según el historiador Stanley G. Payne, durante este largo periodo los descendientes o herederos ideológicos de los vencidos mostraron mayor preocupación por recordar el conflicto al creer que “su causa y sus sufrimientos nunca habían sido adecuadamente reivindicados”.

La presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (2006-2011) se hizo eco de ello e impulsó en el 2007 la ley de memoria histórica con medidas destinadas a “quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. La iniciativa generó una controversia que devolvió protagonismo a la guerra fratricida. La presidencia de Mariano Rajoy (2011-2018) no derogó la ley, pero la puso en dique seco al dejarla sin presupuesto. En este escenario, la decisión del gabinete de Pedro Sánchez de exhumar el cuerpo de Franco ha coincidido con la irrupción de Vox, que se opone a tal medida y a la ley del 2007 (que junto al PP y Cs quiere substituir por otra “de concordia”).

Una cultura guerracivilista

La causa de fondo que explica los vaivenes del franquismo y de la guerra civil en el debate público la apuntó Enric Ucelay Da-Cal al advertir que nuestra cultura política es “guerracivilista”. Este historiador considera que al faltar en España un gran consenso sobre instituciones, identidad y valores esenciales, las facciones políticas instrumentalizan el pasado contra sus adversarios. Así, la izquierda tacha de franquista a la derecha para deslegitimarla y esta asocia a la izquierda con episodios violentos de la Segunda República y de la contienda. La confrontación política actual aviva esta dinámica, de ahí que la figura de Franco recupere proyección y que la guerra concluida en 1939 se perpetúe en las redes sociales, sus nuevas trincheras de combate.


ESPECIAL 23-F (Y 5): EL 23-F, UN EJEMPLO DE CÓMO EN ESPAÑA LOS SECRETOS DE ESTADO SON ETERNOS

febrero 25, 2019

Antonio Tejero el 23-F (imagen de Manuel Hernández de León).

Especial 23-F: ante Esta fecha, reeditamos las entradas publicadas en el blog sobre el fallido golpe de Estado. Esta es la quinta y última entrega de la serie. La información presentada en ellas, la hemos ampliado, matizado o revisado en nuestra obra La Transición española. El voto ignorado de las armas.

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MÁS DE 37 AÑOS DESPUÉS DEL 23-F AÚN NO SE PUEDE ACCEDER A DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE EL TEMA y no parece que este escenario vaya a cambiar, según expone Irene Castro en www.el diario.es (23/III/2018). Esta periodista analiza la enmienda presentada por el PNV sobre desclasificación de secretos oficiales, que permitiría “la publicación inmediata de cientos de páginas oficiales sobre la historia de España”, pero advierte que ello genera reticencias en el PP.

Esta última formación solo quiere “desvelar de forma automática los papeles anteriores a 1968”, de modo que a partir del 1 de enero de 2023 “se darían a conocer todas las materias secretas de 1968”. El PSOE, aunque parece sintonizar con la propuesta del PNV, “da un margen de 10 años al Gobierno para que publicite las materias clasificadas, pese a que hayan pasado más de 25 años sin ver la luz”. El resultado, de prosperar su enmienda, sería que “los documentos elaborados durante el golpe de 1981 podrían quedarse en el cajón hasta 2028”.

No hay prisa alguna, pues, por desclasificar secretos y abunda la inquietud por ocultarlos.

La dificultad de adentrarse en el 23-F

Esta obstrucción -tan injustificada como injustificable impide adentrarse en el conocimiento del fallido golpe de Estado del 23-F y conocer mejor sus dinámicas y entresijos. Ahora que el episodio casi ha cumplido cuatro décadas… ¿qué sentido tiene no poder acceder a documentación oficial del mismo? ¿Acaso el secuestro del Congreso en el marco de un diseño golpista no atañe a toda la ciudadanía y forma parte de nuestra historia?

De hacerse accesibles los secretos oficiales al respecto ignoramos hasta qué punto variaría el conocimiento de los hechos, expuesto por nuestra parte en La transición española. El voto ignorado de las armas (2016). Intuimos que sus grandes dinámicas y protagonistas esenciales posiblemente permanecerían inalterados, pero podríamos entender mejor lo sucedido. Asimismo, al no ser accesibles los documentos oficiales se alimenta toda suerte de especulaciones vertidas sobre el golpe (que no son pocas), facilitando que la rumorología existente tenga visos de verosimilitud aunque carezca de fundamento.

En suma, vetar el acceso a los papeles del 23-F alimenta los rumores, confunde a los investigadores y priva a la ciudadanía de conocer un acontecimiento de primera magnitud.

“Spain is different” también en secretos oficiales

El problema abordado tiene otra dimensión relevante. Y es que el 23-F no es un hecho aislado en el oscurantismo que impera en los archivos oficiales. Lo testimonian los esfuerzos de la difunta ministra socialista Carme Chacón por desclasificar 10.000 documentos de Defensa, que finalmente quedaron en nada.  Y ello pese a que se trataba de cuestiones -según recogía Fernando García en La Vanguardia (21/II/2018)– como “’detención de extranjeros, censura, destierros, claves, cifrados’ o nombres de ‘protegidos y agentes franceses’ en la Guerra Civil; datos sobre ‘campos de trabajo, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechos y sabotajes’ antes de 1968, o notas acerca de ‘desembarcos alemanes, memorias de la defensa de Melilla y contabilidad del servicio secreto’”.

La Fundación Nacional Francisco Franco posee secretos de Estado.

El lamentable caso español, además, tiene visos de esperpento, en la medida que el ministerio de Defensa incluso ha pretendido ocultar documentos ya publicados y el gobierno ha reconocido que la Fundación Nacional Francisco Franco -un ente privado que enaltece la figura de este dictador- posee “secretos oficiales” que debe entregar al Estado siguiendo lo estipulado por la ley, pero permanecen en su custodia. A la vez, esta fundación ha desclasificado “de facto” documentos que debían permanecer secretos. Como apunta la historiadora y experta en archivos Remei Perpinyà, “el resultado final de esta actuación es que los ciudadanos no podemos acceder a los documentos, cuando -al fin y al cabo- somos en última instancia los auténticos propietarios”.

Secretos de Estado “eternos”

En definitiva, lo que podría ser el argumento de una comedia de enredo genera un manto de secretismo a menudo acéfalo, amparado de modo inexplicable por quienes supuestamente pretenden garantizar mayor calidad democrática en un derecho tan básico como el de la información (especialmente en la era de la transparencia). De nada sirven los periódicos manifiestos de los historiadores denunciando este triste panorama.

Ahora el tema ha cobrado nueva visibilidad al incluir el 23-F. Pero que nadie se haga muchas ilusiones, ya que -como señaló Carmen Rengel en El Huffington Post (8/XII/2015)- “Los secretos de Estado son ‘eternos’ en España”. Y parece que el grueso de la clase política se empeña en perpetuar este estado de cosas con obvio menosprecio hacia la ciudadanía que representa.


ESPECIAL ANIVERSARIO 23-F (3): ENTREVISTA A HERNÁNDEZ DE LEÓN: “DEBEN DEVOLVERSE AL PUEBLO ESPAÑOL LAS FOTOS REQUISADAS EL 23-F”*

febrero 21, 2019

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Montaje gráfico. Cuando Antonio Tejero entró en el Congreso,  éste conocía  al fotógrafo Manuel Hernández de León, quien captó la mirada que el militar le dirigió desde la tribuna de oradores.

Especial 23-F: ante la cercanía de esta fecha, reeditamos las entradas publicadas en el blog sobre el fallido golpe de Estado. La información presentada en ellas, la hemos ampliado, matizado o revisado en nuestra obra La Transición española. El voto ignorado de las armas.

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MANUEL HERNÁNDEZ DE LEÓN (Madrid, 1949) es un cronista excepcional de la historia reciente de España. Su carrera profesional ha discurrido en la Agencia EFE, en la que ingresó en 1977 y en la que desempeñó el cargo de redactor jefe de fotografía. Como reportero ha hecho un seguimiento gráfico de la Casa Real durante más de tres décadas y ha sido docente universitario de periodismo

Aunque su gran proyección inicial se debió a sus imágenes del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 [23-F], que ese año le valieron el Premio Nacional de Periodismo, ha obtenido numerosos galardones, como el World Press Photo en 1984, el Premio Libertad de Expresión o el Fotopress -por citar algunos- y sus fotografías se han expuesto en múltiples exposiciones (fue uno de los cien mejores fotógrafos del mundo seleccionados en el libro Un día en la vida de España, 1987). La obra Crónica de un tiempo (2008) recorre su trayectoria profesional en imágenes.

Como el 23-F es un tema de interés para nuestros lectores, le hemos pedido que explique cómo lo inmortalizó en imágenes y ha contestado a nuestra entrevista por email. Le agradecemos su generosidad por atender a nuestra petición. Consideramos que el gran interés de sus declaraciones no radica solo en su testimonio, sino también en la denuncia sobre las fotos requisadas el 23-F que aquí formula.

Usted fue el fotógrafo del 23-F en el Congreso. ¿Cómo logró hacer las fotos?

Pues con mucho miedo, ya que en principio creía que había entrado al Congreso de diputados un comando de ETA. Sin embargo, al oír “¡¡¡Viva España y Viva el Rey !!!”, tenía una tremenda confusión y de inmediato empecé a “disparar” mi cámara de fotos a todo lo que veía extraño en el hemiciclo durante la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo que tenía lugar. En este caso vi que eran guardias civiles armados y pegando tiros a diestro y siniestro, encabezados por un teniente coronel pistola en mano y de tremendos bigotes.

¿Conocía usted a Antonio Tejero antes del asalto?

Pues sí…, ya que una semana antes del golpe estuve en su domicilio haciéndole fotos y una entrevista. En ella me negó todo tipo de vinculación con ninguna “trama” golpista, llámese en la época “Operación Galaxia” o Colectivo Almendros, que firmaba artículos del desaparecido periódico de la ultraderecha El Alcázar, y de los ruidos de sables que había en los cuarteles. Me posó en uniforme y con sus hijos. Por ese motivo, cuanto apareció por la tribuna de oradores del parlamento me dije…¡¡¡ Ostias Tejero !!! Y me clavó fijamente la mirada con el dedo en el gatillo del arma. Del pánico que me entró, me tapé el rostro con la cámara y empecé a hacerle fotos.

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En la imagen, Hernández de León explica su experiencia en el Congreso.

¿Cómo vivió el golpe en el interior del Congreso?

Pues insisto: con miedo y mucha tensión, viendo a los diputados esconderse detrás de los escaños,  excepto al presidente  Adolfo Suarez,  al vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, a escasos metros de mi. Y viendo la chulería con la que se movían los militares armados. En fin, era una tremenda pena ver lo que pasaba en mi país, con todo lo que se estaba luchando por la naciente democracia y parecía que todo se iba al traste otra vez, al Túnel del Tiempo.

¿Qué pasó con las fotografías de sus compañeros que la Guardia Civil requisó?

¡Pues no se sabe ! En honor a la verdad, el resto de compañeros estaban sacando fotos como yo, pero cuando los guardias civiles, metralleta en mano, nos pidieron los carretes, ellos los entregaron y yo les engañé dándoles uno mío en blanco sin utilizar y el bueno conseguí sacarlo en los calzoncillos. Lo hice previo permiso para ir al baño acompañado de un guardia civil para poder esconderlo. Y ahora estoy investigando dónde pueden estar esas fotos de mis compañeros, que entiendo que se deben al pueblo español.

¿Sus imágenes del 23-F marcaron su carrera profesional? 

Pues en parte sí en lo profesional, por el reconocimiento a nivel mundial de mi trabajo (premios, conferencias, etc) y el respeto de los compañeros de profesión, que hoy en día, después de casi 33 años, me siguen teniendo. Y económicamente… nada de nada, ya que en este país el copyright lamentablemente no existe. La Agencia EFE (para la que yo trabajaba entonces) sigue vendiendo ese material del “23-F”, que es lo más importante que ha ocurrido -informativamente hablando- en toda la historia de la empresa, como ha sido reconocido por  varios de sus presidentes. El resto de mi trabajo ha estado dedicado a cubrir la información gráfica de la Casa Real durante 33 años.

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* Esta entrevista fue publicada en este blog originalmente el 22 febrero de 2014 la recuperamos ahora al cumplirse 37 años del 23-F.


ESPECIAL ANIVERSARIO 23-F (2): ALFONSO ARMADA: EL “GRAN TRAIDOR” DEL 23-F

febrero 19, 2019

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El general Alfonso Armada y el Rey.

 

Especial 23-F: ante la cercanía de esta fecha, reeditamos las entradas publicadas en el blog sobre el fallido golpe de Estado. La información presentada en ellas, la hemos ampliado, matizado o revisado en nuestra obra La Transición española. El voto ignorado de las armas.

EN DICIEMBRE DE 2013 FALLECIÓ EL EXGENERAL ALFONSO ARMADA, uno de los protagonistas del fracasado golpe del 23 de febrero de 1981 y que quedó más aislado de sus compañeros de milicia juzgados por el intento. Con motivo de su fallecimiento publicamos un artículo en el diario catalán Ara (3/XII/2013) del que ahora, con motivo del aniversario del 23-F, ofrecemos aquí una versión más extensa en castellano.

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Alfonso Armada, el gran traidor

La muerte de Alfonso Armada ha vuelto poner bajo el foco mediático su actuación el 23-F. ¿Fue un militar megalómano de ínfulas dictatoriales? Este cliché envuelve su figura, pero la información publicada desde 1981 muestra una realidad diferente: este general, formado en Francia y admirador de Charles de Gaulle, a finales de 1980 capitalizó amplios apoyos políticos y sociales para presidir un gobierno “de unidad nacional”.

¿Por qué hoy nadie lo quiere recordar? Porque cuando Armada fracasó devino el traidor por excelencia: para los demócratas lideró el golpe; para los ultraderechistas lo hizo fracasar; para los monárquicos abusó de la confianza regia y el mismo monarca se sintió engañado. Llegados aquí, un retrato de Armada permite entender su conducta y el afán de sepultarlo en el olvido: era incómodo para todo el mundo.

Un “Carrero Blanco” del Rey?

El general fue uno de los preceptores del monarca, su ayudante desde 1965 y a la muerte de Franco el secretario general de la Casa del Rey. En este cargo Armada destacó por su celo en  que los Reyes cumplieran sus compromisos, según afirmó: “Yo en la Zarzuela era incómodo” porque “era un poco el ‘Pepito grillo’ que critica”. Pero sobre todo habría sido un general “político”. En qué sentido?

El periodista Francisco Medina (23-F. La verdad, 2006) recoge un testimonio según el cual Armada habría creído que a la muerte de Franco “podría ser un nuevo Carrero Blanco del Rey, con poderes absolutos” y desde 1975 “comezó a sentirse de alguna manera como un jefe de Gobierno”. En este marco, el choque con Suárez fue inevitable y después de legalizar el PCE, Suárez habría planteado una disyuntiva al Rey: o él o Armada. Juan Carlos eligió al presidente y el general volvió al Ejército.

Un “de  Gaulle” español?

Pero la Transición fue una montaña rusa y a finales de 1980 los papeles se habían invertido. El presidente conocía sus horas más bajas y el monarca temía que su declive lo perjudicara. Así, el Rey hizo confianza a Armada, que volvió a Madrid, porque le informaba del malestar castrense.

Sin embargo, previamente el general habría desplegado amplios contactos para liderar un gobierno de “unidad nacional” de cariz “gaullista” y constitucional, con un gran apoyo político y social (alcanzaría desde el PSOE hasta la iglesia y la patronal) y contaría con el eventual visto bueno del Rey. Al menos, así lo afirmó -entre otros- el exsenador Juan de Arespacochaga (Cartas a unos capitanes, 1994).

“O César o nada”: el perdedor olvidado

La dimisión inesperada de Suárez el enero de 1981 cogió a Armada con el pie cambiado y frustró su proyecto. Entonces el militar habría visto en el golpe de estado la vía de acceso al poder y el 23-F negoció con Antonio Tejero la evacuación de los diputados a cambio de que él presidiera un gobierno de concentración, proposición que el golpista rechazó en redondo (quería una involución, no un gobierno cívil-militar) y Armada lo perdió todo (carrera, reputación y poder), devino el gran traidor y restó sumido en el olvido.

El resultado es que hoy se tiene poco presente que a la época importantes estamentos depositaron la confianza en el general y sectores relevantes de la sociedad percibieron como deseable un giro como el que Armada habría encarnado sin recurrir a la fuerza. Recordemos “el golpe de timón” que reclamaba Josep Tarradellas o, como Francesc de Carreras expuso en La Vanguardia (24/II/2013), que en enero de 1981 la “solución Armada” era un secreto a voces: su padre, Narciso de Carreras, le explicó en que consistía de principio a fin. Hoy, pero, se prefiere olvidar esta vertiente de Armada -que revela la debilidad de la democracia española- y despacharlo con la etiqueta de “golpista”. Es más cómodo que hurgar en el pasado.

En este sentido, si Armada desarrolló ambiciones presidenciales fue porque un amplio e influyente espectro social aparentemente depositó en él sus esperanzas de cambio político y de haber desembocado la crisis en la formación del famoso ejecutivo de “concentración” presidido por este general la evolución de la democracia española hubiera podido ser muy distinta a la que hemos conocido.

Armada dejó dos testimonios publicados, uno fue su obra Al servicio de la Corona (Planeta, Barcelona, 1983), muy difundido en la época, y el otro es menos conocido pero más interesante: un libro-entrevista a cargo del historiador José Manuel Cuenca Toribio, Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F (Actas Editorial, Madrid, 2001).


ESPECIAL ANIVERSARIO 23-F (1): ¿QUÉ PASÓ EL 23-F DE 1981?*

febrero 17, 2019

general-armadaEl general Alfonso Armada en el Congreso de los diputados.

 

Especial 23-F: ante la cercanía de esta fecha, reeditamos las entradas publicadas en el blog sobre el fallido golpe de Estado. La información presentada en ellas, la hemos ampliado, matizado o revisado en nuestra obra La Transición española. El voto ignorado de las armas.

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¿QUÉ PASÓ EL 23-F DE 1981? PARA ENTENDERLO HAY QUE RETROCEDER AL 1980. Suárez había ganado los comicios del año anterior, pero vivía el peor momento político. El presidente perdía la confianza del monarca, la UCD se hacía añicos y el PSOE hacía una dura oposición con ansia de tocar poder, mientras la crisis económica y un pretendido desbarajuste autonómico creaban inquietud por todas partes. A la vez, se tejían tramas golpistas y ETA alcanzaba el récord criminal con 215 acciones y 97 muertos, cosa que exacerbaba tensiones en el seno de los cuerpos armados.

En este marco, Alfonso Armada, un general conservador y monárquico, tuvo éxito en unir las diversas tramas golpistas y políticas contra Suárez bajo su amparo para presidir un gobierno de unidad de los grandes partidos, militares y miembros del mundo empresarial. Los promotores de esta solución la justificaron haciendo un símil con la Francia de 1958, cuando un alzamiento militar partidario de la Argelia francesa exigió el retorno al poder de Charles de Gaulle con poderes excepcionales, de forma que Armada sería un “De Gaulle español”. Para conseguirlo, el general articuló una vía constitucional de acceso a la presidencia, mediante una moción de censura, y otra “pseudoconstitucional”, que pasaba por crear un hecho excepcional para que los diputados lo invistieran presidente.

¿Y si Armada hubiera sido investido presidente?

Pero Suárez frustró la vía constitucional de Armada en dimitir de forma repentina el 29 de enero de 1981 y designar a un sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo. Entonces el general activó la otra, que pasó por la ocupación del Congreso el 23 de febrero por Antonio Tejero y la salida de los tanques en Valencia por orden de Jaime Milans del Bosch. Pero cuando Armada fue a las Cortes a proponerse como presidente, Tejero se negó al ver que quería hacer gobierno con socialistas y comunistas y el proyecto fracasó. Cuando el rey compareció aquella noche por televisión y se opuso al putsch, remachó el clavo. Estas son las coordenadas del golpe fallido, bien explicadas en la tesis doctoral de Roberto Muñoz, que expurgó el sumario del caso y lo contrastó con las fuentes disponibles: 23-F (2015).

Sin embargo, no se ha meditado para nada sobre qué habría pasado si ese día Armada hubiera sido investido presidente: ¿el Congreso y el monarca lo habrían podido revocar al día siguiente fácilmente?, ¿la democracia no habría quedado tutelada por los pretorianos y la vida política hibernada? Posiblemente falta interés en plantear estas cuestiones porque el rey vio con buenos ojos la vía constitucional de Armada, como también lo hicieron figuras de UCD, del PSOE, de AP y de ámbitos mediáticos y empresariales. Pero después todos callaron como muertos y el 23-F quedó codificado como una “militarada” condenada al fracaso de antemano y Armada como el gran malo de la película. Ya sabemos que la memoria es selectiva, pero la del 23-F es amnésica. ¿Por qué será?

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* Artículo publicado en el diario catalán Ara (23/II/2016). Fue publicada inicialmente en este blog el 23-F de 2016.


¿UN PRESIDENTE DE ULTRADERECHA PARA BRASIL? TRES APUNTES SOBRE EL CASO BOLSONARO

agosto 13, 2018

 

Cartel de la candidatura de Jair Bolsonaro.

 

JAIR BOLSONARO ES EL MILITAR ULTRADERECHISTA QUE ASPIRA CON CRECIENTES POSIBILIDADES A LA PRESIDENCIA BRASILEÑA si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encabeza las encuestas y está en la cárcel, no concurre finalmente a estas elecciones previstas en octubre.

Por ahora, Lula ha sido proclamado candidato el Partido dos Trabalhadores [Partido de los Trabajadores, PT] y acapara un 30% de intención de voto, pero la ley le impide presentarse a los comicios. El expresidente se ha convertido en la bestia negra de la derecha, que ha expandido su rechazo entre las clases medias.

Una ultraderecha a caballo del pasado y del presente

El segundo aspirante, muy distanciado del anterior, que logra mantener un significado apoyo en las encuestas es Bolsonaro. Este es un diputado ultraderechista y capitán del ejército en la reserva de 62 años que lidera el Partido Social Cristão [Partido Social Cristiano, PSC].  Según los sondeos, acapara el 17% de intención de voto de los futuros comicios.

Aunque ya nos hemos hecho eco del ascenso de Bolsonaro en los sondeos en este blog, nos interesa ahora hacer tres precisiones al respecto. Desde nuestra óptica, Bolsonaro supone una nueva síntesis ideológica alumbrada por la ultraderecha latinoamericana con tres elementos destacados, que reflejan el legado de la Guerra Fría y los nuevos derroteros de este sector ideológico, detallados a continuación.

1. El legado de la dictadura brasileña de la anticomunista Doctrina de Seguridad Nacional.

Es relevante que un general retirado, Hamilton Mourao (miembro del Partido Renovador Trabalhista Brasileiro [Partido Renovador Laborista Brasileño, PRLB]), haya sido nombrado vicepresidente de la candidatura de Bolsonaro. Ello supone rubricar la reivindicación por parte de Bolsonaro de la dictadura castrense que rigió el país (1964-1985), de la que Mourao es un admirador.

La autocracia militar brasileña fue el primer régimen de América Latina fundado en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional [DSN] durante la Guerra Fría. Fueron regímenes que desplegaron un terror de Estado que aplicó métodos coloniales de lucha contra la insurgencia y los militares ocuparon el poder de forma colegiada para luchar con un enemigo -el comunismo- considerado a la vez local y global.

2. El gran influjo que han cobrado los sectores evangélicos

Bolsonaro cuenta con una importante bolsa de seguidores evangélicos y este electorado es un objetivo prioritario de su candidatura, lo que indica el poder creciente de los sectores protestantes en América Latina, capaces de decantar el resultado de unas elecciones en distintos países.

El ascendiente de iglesias evangélicas en América Latina tuvo su inflexión durante la Guerra Fría, cuando las Fuerzas Armadas estimularon su penetración como contrapeso a los católicos por su compromiso con los pobres y comunidades indígenas. De hecho, el terror de Estado en Guatemala incluso se revistió de una singular legitimidad teológica con el gobierno entre 1982 y 1983 del mesiánico general Efraín Ríos Montt, vinculado a la Iglesia Verbo, la rama guatemalteca de la estadounidense Gospel Outreach. Este manifestó que “los guatemaltecos son el pueblo elegido del Nuevo Testamento. Somos los nuevos Israelitas de América Central”.

3. Las ansias de “limpieza social”: entre Trump y Duterte

Bolsonaro, sin embargo, encarna aspectos novedosos, pues estaría alumbrando un liderazgo populista a medio camino de Donald Trump (por su xenofobia y su exaltación de la libertad de recurso a las armas) y el presidente filipino Rodrigo Duterte, al defender la tortura de los delincuentes y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía.

El fenómeno que encarna Bolsonaro, pues, configura una nueva síntesis ideológica y un dinámico populismo de extrema derecha, en este caso en la mayor economía de América Latina.

Conclusión

En suma, y como ya apuntamos, en Bolsonaro confluyen dos vectores tradicionales de la derecha extremista brasileña -el mesianismo bíblico y una sólida tradición de intervencionismo militar- con un populismo autoritario en sintonía con los nuevos aires de EE.UU. (Trump) y Filipinas (Duterte).

En este sentido, Bolsonaro encarna una nueva síntesis ideológica de extrema derecha que es capaz de generar una importante movilización populista, situada en una encrucijada entre pasado y presente.


ENTREVISTA A LOS AUTORES DE “VERDUGOS IMPUNES”: “LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA ENTERRADAS EN FOSAS COMUNES SOLO LA SUPERA LA CAMBOYA QUE GOBERNÓ POL POT”

junio 3, 2018

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar, autores de Verdugos impunes.

 

¿SE HA ESCRITO “TODO” YA SOBRE LA REPRESIÓN DESARROLLADA POR EL FRANQUISMO? Ciertamente, esta cada vez es más y mejor conocida. Ahora cuatro historiadores académicos –Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar– han realizado una aproximación al tema en la obra Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos (2018).

El ensayo ofrece una visión panorámica y actualizada de la cuestión que procede de la bibliografía más destacada sobre el tema, en un trabajo de innegable interés, más allá de la actualidad del tema que aborda y las controversias que este genera. A continuación entrevistamos a los autores, a quiénes agradecemos que hayan accedido a responder a nuestras preguntas.

Portada de Verdugos Impunes.

¿Qué relación tiene este ensayo con la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)?

El origen de este libro está en un informe pericial de contexto que fue elaborado a petición del equipo jurídico de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA). La CEAQUA a partir de un determinado momento consideró necesario dar un giro en su estrategia judicial. Este giro consiste en mantener abierta la querella en el juzgado número 1 de Buenos Aires y paralelamente presentar querellas en España contra los crímenes franquistas, tanto por parte de víctimas como de instituciones; en este caso, se trata fundamentalmente de ayuntamientos. Es precisamente la presentación de estas querellas ante juzgados españoles la que ha requerido que junto a las mismas se presente un informe sobre el  contexto en el que se produjeron los crímenes que denuncian los querellantes. Se entiende que el informe es de carácter pericial en la medida en que ha sido redactado por expertos.

Por otra parte, la elaboración del informe nos exigió un doble diálogo. Por un lado con los juristas, pues se nos exigía un documento técnico que tiene características diferentes a los trabajos de orden académico, por ejemplo. En segundo lugar, la redacción del informe se gracias al diálogo  con las víctimas que estuvieron muy pendientes a la hora de que el catálogo de crímenes y víctimas no quedara con vacíos. De este modo la idea de que el tratamiento de la memoria y de los derechos humanos constituye un campo interdisciplinar ha quedado completamente corroborada.

Una vez que concluimos la redacción del informe pericial de contexto, tanto los autores como la gente de la CEAQUA convinimos en que sería oportuno convertirlo en un libro de carácter divulgativo y al mismo tiempo de carácter riguroso. Un libro que permitiese dar a conocer a un público más amplio el franquismo desde el punto de vista de los Derechos Humanos, desde sus orígenes en 1936 hasta su desaparición como régimen.

En suma, desde sus orígenes, este ensayo se halla muy vinculado a la CEAQUA. En el bien entendido de que a los autores nos vincula como expertos.

¿Por qué consideran que la vulneración de los derechos humanos durante el franquismo fue un “fenómeno sistémico”?

El franquismo fue una dictadura tan larga que analíticamente suele dividirse en dos grandes periodos. Esto también sucede por lo que respecta a la represión y a la violación de los derechos humanos. De manera que existe un número importante de investigaciones de lo que podríamos llamar el terror inaugural, que iría hasta 1945. Sin embargo, no sucede lo mismo con relación al  llamado tardofranquismo. Así, puede parecer que el periodo final del franquismo fuera una etapa hasta cierto punto “apacible”, como llegó a declarar Mayor Oreja.

Sin embargo hay que decir que el aparato de represión se constituyó en los orígenes de la dictadura, operando a lo largo de toda su existencia. Además, la persecución de la disidencia fue una constante. De modo que la tortura, por ejemplo, se practicó de una manera organizada y sistemática por parte de una policía política de origen militar y contra un grupo de población bien definido, como era el antifranquismo militante. No se trataba de casos aislados. La tortura, como tantos otros crímenes, se practicaba en un contexto de violencia estatal.

Evidentemente sabemos que la dictadura gozó de apoyos sociales y que logró diversos grados de consentimiento y consenso entre la sociedad. Pero el consentimiento también se forjó con el miedo y  para lo que aquí importa, el miedo era producto del recuerdo de la violencia masiva inaugural y de la represión sistemática de la disidencia, tal y como hemos indicado. Por eso decimos que la violación de los derechos humanos fue sistémica; es decir, consustancial al régimen.

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto  de 2013 (imagen de EFE/Paco Campos reproducida en La memoria viva).

¿Por qué aluden a un “peculiar modelo dual” de represión en el tardofranquismo?

En el caso de la dictadura española, concluida la fase álgida de la represión durante los años de guerra y postguerra, la jurisdicción militar siguió teniendo atribuciones no solo de seguridad, sino sobre cualquier acto «contra la armonía social». Se fue consolidando así una división de competencias entre una administración civil, que sancionaba los deli- tos más numerosos, y otra militar que castigaba los más graves. Su línea principal fue el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 18 de abril de 1947, que sustituía la Ley de Seguridad de 1941. Esto fraguó un modelo dual que se mantuvo en esencia durante toda la dictadura, modulando la intensidad en función de cada contexto. Pero, es importante resaltarlo, la justicia militar mantuvo siempre la dirección del mismo, ya que los capitanes generales de cada región militar conservaron intacta su capacidad de valorar la grave- dad de los hechos considerados «delitos políticos» y, por tanto, de decidir a qué instancia judicial pasaban a ser juzgados.

Este modelo dual adquiere especial relevancia al final del franquismo porque se alterna cada vez más los mecanismos ordinarios del orden público con los estados de excepción. La justicia militar intervine activando uno u otro, y en ocasiones incluso combina elementos de los dos, en función de su análisis de la gravedad de la situación. El endurecimiento de las medidas de orden público de los años sesenta, por tanto, seguía la misma línea de bifurcación marcada desde finales de los años cuarenta. Se revitalizaban las funciones represivas del Ejército en materia de orden público, empleándose con la dureza que le caracterizaba contra obreros y estudiantes. Los consejos de guerra, por otro lado, funcionaban con toda normalidad para atajar cualquier disidencia política o laboral, por tanto las amplias competencias de la jurisdicción militar en materia política y laboral no venían determinadas.

En su etapa final, la dictadura se vio obligada a introducir una serie de variaciones contundentes en este modelo que, a pesar de todo, siguió reutilizando con éxito a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, los militares nunca se fueron del todo del terreno de la represión política. Así pues, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el franquismo había perfeccionado un aspecto por encima de todos: la integración del sistema represivo en las funciones de orden público. La defensa del papel político del Ejército apareció siempre como un factor clave en la continuidad de la dictadura. Eso sí, coexistiendo con una jurisdicción especial como la del TOP, cuya desaparición se iba a producir el 5 de enero de 1977, fecha que coincide con la publicación de la Ley de Reforma Política y la creación de la Audiencia Nacional a la que fue traspasada la competencia jurisdiccional en materia de terrorismo.

¿Qué importancia tuvo en la represión la Brigada Político Social y su vínculo con el Tribunal de Orden Público [TOP]?

La creación de la nueva jurisdicción especial que representó el TOP concedió un papel muy importante, hasta cierto punto decisivo, a la actuación de la Brigada Político Social, el organismo policial especializado en los delitos juzgados por aquel tribunal. La BPS, heredera de los servicios de información militar transformados a lo largo de la guerra civil, mantuvo siempre su carácter militar y reservado, con atribuciones como policía gubernativa y policía judicial en todo el territorio estatal por encima de cualquier otra administración, salvo la propiamente castrense. Su continuidad fue esencial en la consolidación del altísimo perfil represivo del franquismo a lo largo de cuatro décadas. De hecho, este aspecto reforzó el carácter de sistema de justicia política propio de la dictadura. Para los miembros de la BPS cualquier conducta que pudiera afectar al orden público, tal y como lo concebía el Régimen, convertía al ciudadano en un sujeto sospechoso.

Esta condición permitiría que todo individuo identificado como tal pudiera ser detenido preventivamente —a pesar de no estar regulado en ninguna norma— en dependencias policiales para su posterior puesta en libertad o disposición judicial. Aunque el plazo máximo de detención no podía superar las 72 horas, de acuerdo con el Fuero de los Españoles y con la Ley de Orden Público, el hecho de que aquel triplicara la du- ración establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una muestra más de la importancia que el Régimen otorgaba a la represión de estas conductas «políticamente desviadas». De la importancia que para el Régimen tuvo el Cuerpo General de Policía daba cuenta la Ley de 13 de febrero de 1974, por la que se modificaron las normas procesales preexistentes con las que se enjuiciaba a sus funcionaros por hechos cometidos en el ejercicio de su función y cargo. De acuerdo con esta ley, el procesamiento de los miembros de la policía judicial pasó a ser competencia de las Audiencias Provinciales, en detrimento de los jueces de instrucción del lugar de los hechos.

Lo relevante de esta ley es que aforaba a los miembros de la policía equiparándolos a los alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones y diputado. En resumen, una vez más el término “Orden Público” servía de amparo a los potenciales abusos de los funcionarios policiales que, a menudo, se extralimitaban en sus facultades legales. Las autoridades trataron de solucionar el descontento y la protesta de la población incrementando las detenciones y la contundencia de las fuerzas de orden público, Policía Armada, Guardia Civil, antidisturbios, y la presencia de la propia Brigada Político Social, la policía política de la dictadura.

 

Manifestación contra el Tribunal de Orden Público (imagen de Canal Sur).

Afirman que en España las víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes (cercana a las 100.000) solo la supera la Camboya que gobernó Pol Pot en todo el mundo. ¿Cómo ha sido posible tal situación?

Es una idea muy potente porque vincula lo sucedido en España con otros fenómenos de violencia masiva a nivel global, con otros fenómenos de violaciones sistémicas de los derechos humanos sucedidos en el siglo XX. Para explicar brevemente el porqué de esta situación, primero habría que remitirse al proceso violento en sí que arranca con el golpe de Estado de julio de 1936. Desde el minuto uno en que los golpistas se hacen con el control efectivo de un territorio, lo que afecta en los primeros días y semanas a regiones enteras del Estado y acaba siendo generalizado tras el final de la guerra civil, comienzan un accionar sistemático de eliminación de personas: los asesinados no siempre son enterrados de formas convencionales. De un volumen de asesinados que alcanza y sobrepasa la cifra de 150.000 entre 1936 y 1945 y de una práctica de enterramientos irregulares surge el fenómeno de las fosas comunes.

Desde el mismo momento en que tienen lugar estos enterramientos, también se producen exhumaciones: clandestinas, llevadas a cabo por los propios familiares, sin mayores medios. Se hizo durante el franquismo, se hizo en los años de la Transición y aun después. Las instituciones públicas, sin embargo, no se implicaron en este proceso en ningún momento. Para ser exactos, fue el régimen franquista el que más cadáveres movió, pero como parte del proceso de nutrir la gran cripta del Valle de los Caídos: los cuerpos se exhumaban de fosas comunes a lo largo de España para ser trasladados a Cuelgamuros, a lo que no es más que una gran fosa común.

La democracia del 78 dimitió de sus funciones y deberes a este respecto, y solo acertó, tardía y acotadamente, a una política de subvenciones para que fuera la sociedad civil la que asumiese un proceso que por su complejidad y su volumen solo podría afrontar parcialmente. Creemos que estos factores ayudan a entender la situación que refiere su pregunta, pero también habría que añadir la especial responsabilidad del poder judicial: la falta de amparo a las víctimas, que es un bien sabida, ha sido proporcional a la falta de implicación en la exhumación de los restos.

Fosa común de Estépar (Burgos) que dataría de agosto-septiembre de 1936 (imagen de Wikipedia).

¿Qué quieren plantear cuando afirman que “los actos impunes del pasado quedan como un vacío ético en el presente”?

En la publicación de la obra hubo muchos momentos de debate entre los autores, no en vano es el producto de un esfuerzo colectivo en el sentido estricto de la palabra. En un momento dado se discutió el título y convenimos, con el editor, en la idea de presentar la obra bajo el paraguas de esta idea: “verdugos impunes”. Creemos que este es el rasgo más significativo del legado de la historia de golpe, guerra y dictadura franquista en la España actual. Y el libro, no se olvide, se escribe desde el presente, con preguntas e inquietudes de nuestros días.

La impunidad de los verdugos de la violación sistémica de los derechos humanos bajo el franquismo es un hecho que es, al mismo tiempo, incontrovertible y difícilmente comparable. Incontrovertible porque se puede constatar que ni una sola persona, ni una sola institución, organización o entidad pública y privada de las múltiples que estuvieron implicadas en el ejercicio y promoción de la violencia golpista y franquista, ni una sola repetimos, fue nunca perseguida por haber cometido tales actos. No solo  no lo fue en el pasado, sino que además continúa siéndolo en el presente: es decir, la impunidad no es un fenómeno de la Transición, sino que es un acto que se preserva y sostiene en el presente. Pero además, la impunidad de los verdugos en España es difícilmente comparable porque no existen tantos casos a nivel global donde la impunidad absoluta sea la norma.

Es cierto que los procesos de revisión del pasado, en términos de justicia transicional, son casi siempre insatisfactorios en términos de respuesta ética: desde que se inventaron en Núremberg hasta las últimas y más sofisticadas manifestaciones en forma de Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, no dejan de dar una repuesta al menos parcial al problema de la impunidad. Incluso allí donde las puertas de la justicia se cierran por “leyes de punto final” y autoamnistías, siempre existen iniciativas en al ámbito judicial que las reabren (véase los ejemplos de América Latina en las últimas décadas). No en el caso español. El vacío ético por el que nos pregunta se refleja aquí en una absoluta falta de implicación pública con los principios de justicia, verdad y reparación, esto es, la impunidad como sistema.

Puede accederse al sumario y a la introducción de la obra en PDF aquí por cortesía del editor o bajar el documento en PDF: Introducción vi-pdf