¿UN PRESIDENTE DE ULTRADERECHA PARA BRASIL? TRES APUNTES SOBRE EL CASO BOLSONARO

agosto 13, 2018

 

Cartel de la candidatura de Jair Bolsonaro.

 

JAIR BOLSONARO ES EL MILITAR ULTRADERECHISTA QUE ASPIRA CON CRECIENTES POSIBILIDADES A LA PRESIDENCIA BRASILEÑA si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encabeza las encuestas y está en la cárcel, no concurre finalmente a estas elecciones previstas en octubre.

Por ahora, Lula ha sido proclamado candidato el Partido dos Trabalhadores [Partido de los Trabajadores, PT] y acapara un 30% de intención de voto, pero la ley le impide presentarse a los comicios. El expresidente se ha convertido en la bestia negra de la derecha, que ha expandido su rechazo entre las clases medias.

Una ultraderecha a caballo del pasado y del presente

El segundo aspirante, muy distanciado del anterior, que logra mantener un significado apoyo en las encuestas es Bolsonaro. Este es un diputado ultraderechista y capitán del ejército en la reserva de 62 años que lidera el Partido Social Cristão [Partido Social Cristiano, PSC].  Según los sondeos, acapara el 17% de intención de voto de los futuros comicios.

Aunque ya nos hemos hecho eco del ascenso de Bolsonaro en los sondeos en este blog, nos interesa ahora hacer tres precisiones al respecto. Desde nuestra óptica, Bolsonaro supone una nueva síntesis ideológica alumbrada por la ultraderecha latinoamericana con tres elementos destacados, que reflejan el legado de la Guerra Fría y los nuevos derroteros de este sector ideológico, detallados a continuación.

1. El legado de la dictadura brasileña de la anticomunista Doctrina de Seguridad Nacional.

Es relevante que un general retirado, Hamilton Mourao (miembro del Partido Renovador Trabalhista Brasileiro [Partido Renovador Laborista Brasileño, PRLB]), haya sido nombrado vicepresidente de la candidatura de Bolsonaro. Ello supone rubricar la reivindicación por parte de Bolsonaro de la dictadura castrense que rigió el país (1964-1985), de la que Mourao es un admirador.

La autocracia militar brasileña fue el primer régimen de América Latina fundado en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional [DSN] durante la Guerra Fría. Fueron regímenes que desplegaron un terror de Estado que aplicó métodos coloniales de lucha contra la insurgencia y los militares ocuparon el poder de forma colegiada para luchar con un enemigo -el comunismo- considerado a la vez local y global.

2. El gran influjo que han cobrado los sectores evangélicos

Bolsonaro cuenta con una importante bolsa de seguidores evangélicos y este electorado es un objetivo prioritario de su candidatura, lo que indica el poder creciente de los sectores protestantes en América Latina, capaces de decantar el resultado de unas elecciones en distintos países.

El ascendiente de iglesias evangélicas en América Latina tuvo su inflexión durante la Guerra Fría, cuando las Fuerzas Armadas estimularon su penetración como contrapeso a los católicos por su compromiso con los pobres y comunidades indígenas. De hecho, el terror de Estado en Guatemala incluso se revistió de una singular legitimidad teológica con el gobierno entre 1982 y 1983 del mesiánico general Efraín Ríos Montt, vinculado a la Iglesia Verbo, la rama guatemalteca de la estadounidense Gospel Outreach. Este manifestó que “los guatemaltecos son el pueblo elegido del Nuevo Testamento. Somos los nuevos Israelitas de América Central”.

3. Las ansias de “limpieza social”: entre Trump y Duterte

Bolsonaro, sin embargo, encarna aspectos novedosos, pues estaría alumbrando un liderazgo populista a medio camino de Donald Trump (por su xenofobia y su exaltación de la libertad de recurso a las armas) y el presidente filipino Rodrigo Duterte, al defender la tortura de los delincuentes y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía.

El fenómeno que encarna Bolsonaro, pues, configura una nueva síntesis ideológica y un dinámico populismo de extrema derecha, en este caso en la mayor economía de América Latina.

Conclusión

En suma, y como ya apuntamos, en Bolsonaro confluyen dos vectores tradicionales de la derecha extremista brasileña -el mesianismo bíblico y una sólida tradición de intervencionismo militar- con un populismo autoritario en sintonía con los nuevos aires de EE.UU. (Trump) y Filipinas (Duterte).

En este sentido, Bolsonaro encarna una nueva síntesis ideológica de extrema derecha que es capaz de generar una importante movilización populista, situada en una encrucijada entre pasado y presente.


ENTREVISTA A LOS AUTORES DE “VERDUGOS IMPUNES”: “LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA ENTERRADAS EN FOSAS COMUNES SOLO LA SUPERA LA CAMBOYA QUE GOBERNÓ POL POT”

junio 3, 2018

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:  Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar, autores de Verdugos impunes.

 

¿SE HA ESCRITO “TODO” YA SOBRE LA REPRESIÓN DESARROLLADA POR EL FRANQUISMO? Ciertamente, esta cada vez es más y mejor conocida. Ahora cuatro historiadores académicos –Antonio Miguez, Gutmaro Gómez, José Babiano y Javier Tébar– han realizado una aproximación al tema en la obra Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos (2018).

El ensayo ofrece una visión panorámica y actualizada de la cuestión que procede de la bibliografía más destacada sobre el tema, en un trabajo de innegable interés, más allá de la actualidad del tema que aborda y las controversias que este genera. A continuación entrevistamos a los autores, a quiénes agradecemos que hayan accedido a responder a nuestras preguntas.

Portada de Verdugos Impunes.

¿Qué relación tiene este ensayo con la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)?

El origen de este libro está en un informe pericial de contexto que fue elaborado a petición del equipo jurídico de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA). La CEAQUA a partir de un determinado momento consideró necesario dar un giro en su estrategia judicial. Este giro consiste en mantener abierta la querella en el juzgado número 1 de Buenos Aires y paralelamente presentar querellas en España contra los crímenes franquistas, tanto por parte de víctimas como de instituciones; en este caso, se trata fundamentalmente de ayuntamientos. Es precisamente la presentación de estas querellas ante juzgados españoles la que ha requerido que junto a las mismas se presente un informe sobre el  contexto en el que se produjeron los crímenes que denuncian los querellantes. Se entiende que el informe es de carácter pericial en la medida en que ha sido redactado por expertos.

Por otra parte, la elaboración del informe nos exigió un doble diálogo. Por un lado con los juristas, pues se nos exigía un documento técnico que tiene características diferentes a los trabajos de orden académico, por ejemplo. En segundo lugar, la redacción del informe se gracias al diálogo  con las víctimas que estuvieron muy pendientes a la hora de que el catálogo de crímenes y víctimas no quedara con vacíos. De este modo la idea de que el tratamiento de la memoria y de los derechos humanos constituye un campo interdisciplinar ha quedado completamente corroborada.

Una vez que concluimos la redacción del informe pericial de contexto, tanto los autores como la gente de la CEAQUA convinimos en que sería oportuno convertirlo en un libro de carácter divulgativo y al mismo tiempo de carácter riguroso. Un libro que permitiese dar a conocer a un público más amplio el franquismo desde el punto de vista de los Derechos Humanos, desde sus orígenes en 1936 hasta su desaparición como régimen.

En suma, desde sus orígenes, este ensayo se halla muy vinculado a la CEAQUA. En el bien entendido de que a los autores nos vincula como expertos.

¿Por qué consideran que la vulneración de los derechos humanos durante el franquismo fue un “fenómeno sistémico”?

El franquismo fue una dictadura tan larga que analíticamente suele dividirse en dos grandes periodos. Esto también sucede por lo que respecta a la represión y a la violación de los derechos humanos. De manera que existe un número importante de investigaciones de lo que podríamos llamar el terror inaugural, que iría hasta 1945. Sin embargo, no sucede lo mismo con relación al  llamado tardofranquismo. Así, puede parecer que el periodo final del franquismo fuera una etapa hasta cierto punto “apacible”, como llegó a declarar Mayor Oreja.

Sin embargo hay que decir que el aparato de represión se constituyó en los orígenes de la dictadura, operando a lo largo de toda su existencia. Además, la persecución de la disidencia fue una constante. De modo que la tortura, por ejemplo, se practicó de una manera organizada y sistemática por parte de una policía política de origen militar y contra un grupo de población bien definido, como era el antifranquismo militante. No se trataba de casos aislados. La tortura, como tantos otros crímenes, se practicaba en un contexto de violencia estatal.

Evidentemente sabemos que la dictadura gozó de apoyos sociales y que logró diversos grados de consentimiento y consenso entre la sociedad. Pero el consentimiento también se forjó con el miedo y  para lo que aquí importa, el miedo era producto del recuerdo de la violencia masiva inaugural y de la represión sistemática de la disidencia, tal y como hemos indicado. Por eso decimos que la violación de los derechos humanos fue sistémica; es decir, consustancial al régimen.

Familiares de víctimas del franquismo y portavoces de la oposición en el Congreso, en un acto  de 2013 (imagen de EFE/Paco Campos reproducida en La memoria viva).

¿Por qué aluden a un “peculiar modelo dual” de represión en el tardofranquismo?

En el caso de la dictadura española, concluida la fase álgida de la represión durante los años de guerra y postguerra, la jurisdicción militar siguió teniendo atribuciones no solo de seguridad, sino sobre cualquier acto «contra la armonía social». Se fue consolidando así una división de competencias entre una administración civil, que sancionaba los deli- tos más numerosos, y otra militar que castigaba los más graves. Su línea principal fue el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 18 de abril de 1947, que sustituía la Ley de Seguridad de 1941. Esto fraguó un modelo dual que se mantuvo en esencia durante toda la dictadura, modulando la intensidad en función de cada contexto. Pero, es importante resaltarlo, la justicia militar mantuvo siempre la dirección del mismo, ya que los capitanes generales de cada región militar conservaron intacta su capacidad de valorar la grave- dad de los hechos considerados «delitos políticos» y, por tanto, de decidir a qué instancia judicial pasaban a ser juzgados.

Este modelo dual adquiere especial relevancia al final del franquismo porque se alterna cada vez más los mecanismos ordinarios del orden público con los estados de excepción. La justicia militar intervine activando uno u otro, y en ocasiones incluso combina elementos de los dos, en función de su análisis de la gravedad de la situación. El endurecimiento de las medidas de orden público de los años sesenta, por tanto, seguía la misma línea de bifurcación marcada desde finales de los años cuarenta. Se revitalizaban las funciones represivas del Ejército en materia de orden público, empleándose con la dureza que le caracterizaba contra obreros y estudiantes. Los consejos de guerra, por otro lado, funcionaban con toda normalidad para atajar cualquier disidencia política o laboral, por tanto las amplias competencias de la jurisdicción militar en materia política y laboral no venían determinadas.

En su etapa final, la dictadura se vio obligada a introducir una serie de variaciones contundentes en este modelo que, a pesar de todo, siguió reutilizando con éxito a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, los militares nunca se fueron del todo del terreno de la represión política. Así pues, a lo largo de sus cuatro décadas de existencia, el franquismo había perfeccionado un aspecto por encima de todos: la integración del sistema represivo en las funciones de orden público. La defensa del papel político del Ejército apareció siempre como un factor clave en la continuidad de la dictadura. Eso sí, coexistiendo con una jurisdicción especial como la del TOP, cuya desaparición se iba a producir el 5 de enero de 1977, fecha que coincide con la publicación de la Ley de Reforma Política y la creación de la Audiencia Nacional a la que fue traspasada la competencia jurisdiccional en materia de terrorismo.

¿Qué importancia tuvo en la represión la Brigada Político Social y su vínculo con el Tribunal de Orden Público [TOP]?

La creación de la nueva jurisdicción especial que representó el TOP concedió un papel muy importante, hasta cierto punto decisivo, a la actuación de la Brigada Político Social, el organismo policial especializado en los delitos juzgados por aquel tribunal. La BPS, heredera de los servicios de información militar transformados a lo largo de la guerra civil, mantuvo siempre su carácter militar y reservado, con atribuciones como policía gubernativa y policía judicial en todo el territorio estatal por encima de cualquier otra administración, salvo la propiamente castrense. Su continuidad fue esencial en la consolidación del altísimo perfil represivo del franquismo a lo largo de cuatro décadas. De hecho, este aspecto reforzó el carácter de sistema de justicia política propio de la dictadura. Para los miembros de la BPS cualquier conducta que pudiera afectar al orden público, tal y como lo concebía el Régimen, convertía al ciudadano en un sujeto sospechoso.

Esta condición permitiría que todo individuo identificado como tal pudiera ser detenido preventivamente —a pesar de no estar regulado en ninguna norma— en dependencias policiales para su posterior puesta en libertad o disposición judicial. Aunque el plazo máximo de detención no podía superar las 72 horas, de acuerdo con el Fuero de los Españoles y con la Ley de Orden Público, el hecho de que aquel triplicara la du- ración establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una muestra más de la importancia que el Régimen otorgaba a la represión de estas conductas «políticamente desviadas». De la importancia que para el Régimen tuvo el Cuerpo General de Policía daba cuenta la Ley de 13 de febrero de 1974, por la que se modificaron las normas procesales preexistentes con las que se enjuiciaba a sus funcionaros por hechos cometidos en el ejercicio de su función y cargo. De acuerdo con esta ley, el procesamiento de los miembros de la policía judicial pasó a ser competencia de las Audiencias Provinciales, en detrimento de los jueces de instrucción del lugar de los hechos.

Lo relevante de esta ley es que aforaba a los miembros de la policía equiparándolos a los alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones y diputado. En resumen, una vez más el término “Orden Público” servía de amparo a los potenciales abusos de los funcionarios policiales que, a menudo, se extralimitaban en sus facultades legales. Las autoridades trataron de solucionar el descontento y la protesta de la población incrementando las detenciones y la contundencia de las fuerzas de orden público, Policía Armada, Guardia Civil, antidisturbios, y la presencia de la propia Brigada Político Social, la policía política de la dictadura.

 

Manifestación contra el Tribunal de Orden Público (imagen de Canal Sur).

Afirman que en España las víctimas de la represión franquista enterradas en fosas comunes (cercana a las 100.000) solo la supera la Camboya que gobernó Pol Pot en todo el mundo. ¿Cómo ha sido posible tal situación?

Es una idea muy potente porque vincula lo sucedido en España con otros fenómenos de violencia masiva a nivel global, con otros fenómenos de violaciones sistémicas de los derechos humanos sucedidos en el siglo XX. Para explicar brevemente el porqué de esta situación, primero habría que remitirse al proceso violento en sí que arranca con el golpe de Estado de julio de 1936. Desde el minuto uno en que los golpistas se hacen con el control efectivo de un territorio, lo que afecta en los primeros días y semanas a regiones enteras del Estado y acaba siendo generalizado tras el final de la guerra civil, comienzan un accionar sistemático de eliminación de personas: los asesinados no siempre son enterrados de formas convencionales. De un volumen de asesinados que alcanza y sobrepasa la cifra de 150.000 entre 1936 y 1945 y de una práctica de enterramientos irregulares surge el fenómeno de las fosas comunes.

Desde el mismo momento en que tienen lugar estos enterramientos, también se producen exhumaciones: clandestinas, llevadas a cabo por los propios familiares, sin mayores medios. Se hizo durante el franquismo, se hizo en los años de la Transición y aun después. Las instituciones públicas, sin embargo, no se implicaron en este proceso en ningún momento. Para ser exactos, fue el régimen franquista el que más cadáveres movió, pero como parte del proceso de nutrir la gran cripta del Valle de los Caídos: los cuerpos se exhumaban de fosas comunes a lo largo de España para ser trasladados a Cuelgamuros, a lo que no es más que una gran fosa común.

La democracia del 78 dimitió de sus funciones y deberes a este respecto, y solo acertó, tardía y acotadamente, a una política de subvenciones para que fuera la sociedad civil la que asumiese un proceso que por su complejidad y su volumen solo podría afrontar parcialmente. Creemos que estos factores ayudan a entender la situación que refiere su pregunta, pero también habría que añadir la especial responsabilidad del poder judicial: la falta de amparo a las víctimas, que es un bien sabida, ha sido proporcional a la falta de implicación en la exhumación de los restos.

Fosa común de Estépar (Burgos) que dataría de agosto-septiembre de 1936 (imagen de Wikipedia).

¿Qué quieren plantear cuando afirman que “los actos impunes del pasado quedan como un vacío ético en el presente”?

En la publicación de la obra hubo muchos momentos de debate entre los autores, no en vano es el producto de un esfuerzo colectivo en el sentido estricto de la palabra. En un momento dado se discutió el título y convenimos, con el editor, en la idea de presentar la obra bajo el paraguas de esta idea: “verdugos impunes”. Creemos que este es el rasgo más significativo del legado de la historia de golpe, guerra y dictadura franquista en la España actual. Y el libro, no se olvide, se escribe desde el presente, con preguntas e inquietudes de nuestros días.

La impunidad de los verdugos de la violación sistémica de los derechos humanos bajo el franquismo es un hecho que es, al mismo tiempo, incontrovertible y difícilmente comparable. Incontrovertible porque se puede constatar que ni una sola persona, ni una sola institución, organización o entidad pública y privada de las múltiples que estuvieron implicadas en el ejercicio y promoción de la violencia golpista y franquista, ni una sola repetimos, fue nunca perseguida por haber cometido tales actos. No solo  no lo fue en el pasado, sino que además continúa siéndolo en el presente: es decir, la impunidad no es un fenómeno de la Transición, sino que es un acto que se preserva y sostiene en el presente. Pero además, la impunidad de los verdugos en España es difícilmente comparable porque no existen tantos casos a nivel global donde la impunidad absoluta sea la norma.

Es cierto que los procesos de revisión del pasado, en términos de justicia transicional, son casi siempre insatisfactorios en términos de respuesta ética: desde que se inventaron en Núremberg hasta las últimas y más sofisticadas manifestaciones en forma de Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, no dejan de dar una repuesta al menos parcial al problema de la impunidad. Incluso allí donde las puertas de la justicia se cierran por “leyes de punto final” y autoamnistías, siempre existen iniciativas en al ámbito judicial que las reabren (véase los ejemplos de América Latina en las últimas décadas). No en el caso español. El vacío ético por el que nos pregunta se refleja aquí en una absoluta falta de implicación pública con los principios de justicia, verdad y reparación, esto es, la impunidad como sistema.

Puede accederse al sumario y a la introducción de la obra en PDF aquí por cortesía del editor o bajar el documento en PDF: Introducción vi-pdf


EL 23-F, UN EJEMPLO DE CÓMO EN ESPAÑA LOS SECRETOS DE ESTADO SON ETERNOS

marzo 24, 2018

Antonio Tejero el 23-F (imagen de Manuel Hernández de León).

MÁS DE 37 AÑOS DESPUÉS DEL 23-F AÚN NO SE PUEDE ACCEDER A DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE EL TEMA y no parece que este escenario vaya a cambiar, según expone Irene Castro en www.el diario.es (23/III/2018). Esta periodista analiza la enmienda presentada por el PNV sobre desclasificación de secretos oficiales, que permitiría “la publicación inmediata de cientos de páginas oficiales sobre la historia de España”, pero advierte que ello genera reticencias en el PP.

Esta última formación solo quiere “desvelar de forma automática los papeles anteriores a 1968”, de modo que a partir del 1 de enero de 2023 “se darían a conocer todas las materias secretas de 1968”. El PSOE, aunque parece sintonizar con la propuesta del PNV, “da un margen de 10 años al Gobierno para que publicite las materias clasificadas, pese a que hayan pasado más de 25 años sin ver la luz”. El resultado, de prosperar su enmienda, sería que “los documentos elaborados durante el golpe de 1981 podrían quedarse en el cajón hasta 2028”.

No hay prisa alguna, pues, por desclasificar secretos y abunda la inquietud por ocultarlos.

La dificultad de adentrarse en el 23-F

Esta obstrucción -tan injustificada como injustificable impide adentrarse en el conocimiento del fallido golpe de Estado del 23-F y conocer mejor sus dinámicas y entresijos. Ahora que el episodio casi ha cumplido cuatro décadas… ¿qué sentido tiene no poder acceder a documentación oficial del mismo? ¿Acaso el secuestro del Congreso en el marco de un diseño golpista no atañe a toda la ciudadanía y forma parte de nuestra historia?

De hacerse accesibles los secretos oficiales al respecto ignoramos hasta qué punto variaría el conocimiento de los hechos, expuesto por nuestra parte en La transición española. El voto ignorado de las armas (2016). Intuimos que sus grandes dinámicas y protagonistas esenciales posiblemente permanecerían inalterados, pero podríamos entender mejor lo sucedido. Asimismo, al no ser accesibles los documentos oficiales se alimenta toda suerte de especulaciones vertidas sobre el golpe (que no son pocas), facilitando que la rumorología existente tenga visos de verosimilitud aunque carezca de fundamento.

En suma, vetar el acceso a los papeles del 23-F alimenta los rumores, confunde a los investigadores y priva a la ciudadanía de conocer un acontecimiento de primera magnitud.

“Spain is different” también en secretos oficiales

El problema abordado tiene otra dimensión relevante. Y es que el 23-F no es un hecho aislado en el oscurantismo que impera en los archivos oficiales. Lo testimonian los esfuerzos de la difunta ministra socialista Carme Chacón por desclasificar 10.000 documentos de Defensa, que finalmente quedaron en nada.  Y ello pese a que se trataba de cuestiones -según recogía Fernando García en La Vanguardia (21/II/2018)– como “’detención de extranjeros, censura, destierros, claves, cifrados’ o nombres de ‘protegidos y agentes franceses’ en la Guerra Civil; datos sobre ‘campos de trabajo, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechos y sabotajes’ antes de 1968, o notas acerca de ‘desembarcos alemanes, memorias de la defensa de Melilla y contabilidad del servicio secreto’”.

La Fundación Nacional Francisco Franco posee secretos de Estado.

El lamentable caso español, además, tiene visos de esperpento, en la medida que el ministerio de Defensa incluso ha pretendido ocultar documentos ya publicados y el gobierno ha reconocido que la Fundación Nacional Francisco Franco -un ente privado que enaltece la figura de este dictador- posee “secretos oficiales” que debe entregar al Estado siguiendo lo estipulado por la ley, pero permanecen en su custodia. A la vez, esta fundación ha desclasificado “de facto” documentos que debían permanecer secretos. Como apunta la historiadora y experta en archivos Remei Perpinyà, “el resultado final de esta actuación es que los ciudadanos no podemos acceder a los documentos, cuando -al fin y al cabo- somos en última instancia los auténticos propietarios”.

Secretos de Estado “eternos”

En definitiva, lo que podría ser el argumento de una comedia de enredo genera un manto de secretismo a menudo acéfalo, amparado de modo inexplicable por quienes supuestamente pretenden garantizar mayor calidad democrática en un derecho tan básico como el de la información (especialmente en la era de la transparencia). De nada sirven los periódicos manifiestos de los historiadores denunciando este triste panorama.

Ahora el tema ha cobrado nueva visibilidad al incluir el 23-F. Pero que nadie se haga muchas ilusiones, ya que -como señaló Carmen Rengel en El Huffington Post (8/XII/2015)- “Los secretos de Estado son ‘eternos’ en España”. Y parece que el grueso de la clase política se empeña en perpetuar este estado de cosas con obvio menosprecio hacia la ciudadanía que representa.


ENTREVISTA A HERNÁNDEZ DE LEÓN: “DEBEN DEVOLVERSE AL PUEBLO ESPAÑOL LAS FOTOS REQUISADAS EL 23-F”*

febrero 22, 2018

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Montaje gráfico. Cuando Antonio Tejero entró en el Congreso,  éste conocía  al fotógrafo Manuel Hernández de León, quien captó la mirada que el militar le dirigió desde la tribuna de oradores.

MANUEL HERNÁNDEZ DE LEÓN (Madrid, 1949) es un cronista excepcional de la historia reciente de España. Su carrera profesional ha discurrido en la Agencia EFE, en la que ingresó en 1977 y en la que desempeñó el cargo de redactor jefe de fotografía. Como reportero ha hecho un seguimiento gráfico de la Casa Real durante más de tres décadas y ha sido docente universitario de periodismo

Aunque su gran proyección inicial se debió a sus imágenes del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 [23-F], que ese año le valieron el Premio Nacional de Periodismo, ha obtenido numerosos galardones, como el World Press Photo en 1984, el Premio Libertad de Expresión o el Fotopress -por citar algunos- y sus fotografías se han expuesto en múltiples exposiciones (fue uno de los cien mejores fotógrafos del mundo seleccionados en el libro Un día en la vida de España, 1987). La obra Crónica de un tiempo (2008) recorre su trayectoria profesional en imágenes.

Como el 23-F es un tema de interés para nuestros lectores, le hemos pedido que explique cómo lo inmortalizó en imágenes y ha contestado a nuestra entrevista por email. Le agradecemos su generosidad por atender a nuestra petición. Consideramos que el gran interés de sus declaraciones no radica solo en su testimonio, sino también en la denuncia sobre las fotos requisadas el 23-F que aquí formula.

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Usted fue el fotógrafo del 23-F en el Congreso. ¿Cómo logró hacer las fotos?

Pues con mucho miedo, ya que en principio creía que había entrado al Congreso de diputados un comando de ETA. Sin embargo, al oír “¡¡¡Viva España y Viva el Rey !!!”, tenía una tremenda confusión y de inmediato empecé a “disparar” mi cámara de fotos a todo lo que veía extraño en el hemiciclo durante la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo que tenía lugar. En este caso vi que eran guardias civiles armados y pegando tiros a diestro y siniestro, encabezados por un teniente coronel pistola en mano y de tremendos bigotes.

¿Conocía usted a Antonio Tejero antes del asalto?

Pues sí…, ya que una semana antes del golpe estuve en su domicilio haciéndole fotos y una entrevista. En ella me negó todo tipo de vinculación con ninguna “trama” golpista, llámese en la época “Operación Galaxia” o Colectivo Almendros, que firmaba artículos del desaparecido periódico de la ultraderecha El Alcázar, y de los ruidos de sables que había en los cuarteles. Me posó en uniforme y con sus hijos. Por ese motivo, cuanto apareció por la tribuna de oradores del parlamento me dije…¡¡¡ Ostias Tejero !!! Y me clavó fijamente la mirada con el dedo en el gatillo del arma. Del pánico que me entró, me tapé el rostro con la cámara y empecé a hacerle fotos.

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¿Cómo vivió el golpe en el interior del Congreso?

Pues insisto: con miedo y mucha tensión, viendo a los diputados esconderse detrás de los escaños,  excepto al presidente  Adolfo Suarez,  al vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, a escasos metros de mi. Y viendo la chulería con la que se movían los militares armados. En fin, era una tremenda pena ver lo que pasaba en mi país, con todo lo que se estaba luchando por la naciente democracia y parecía que todo se iba al traste otra vez, al Túnel del Tiempo.

En la imagen, Hernández de León explica su experiencia en el Congreso.

¿Qué pasó con las fotografías de sus compañeros que la Guardia Civil requisó?

¡Pues no se sabe ! En honor a la verdad, el resto de compañeros estaban sacando fotos como yo, pero cuando los guardias civiles, metralleta en mano, nos pidieron los carretes, ellos los entregaron y yo les engañé dándoles uno mío en blanco sin utilizar y el bueno conseguí sacarlo en los calzoncillos. Lo hice previo permiso para ir al baño acompañado de un guardia civil para poder esconderlo. Y ahora estoy investigando dónde pueden estar esas fotos de mis compañeros, que entiendo que se deben al pueblo español.

¿Sus imágenes del 23-F marcaron su carrera profesional? 

Pues en parte sí en lo profesional, por el reconocimiento a nivel mundial de mi trabajo (premios, conferencias, etc) y el respeto de los compañeros de profesión, que hoy en día, después de casi 33 años, me siguen teniendo. Y económicamente… nada de nada, ya que en este país el copyright lamentablemente no existe. La Agencia EFE (para la que yo trabajaba entonces) sigue vendiendo ese material del “23-F”, que es lo más importante que ha ocurrido -informativamente hablando- en toda la historia de la empresa, como ha sido reconocido por  varios de sus presidentes. El resto de mi trabajo ha estado dedicado a cubrir la información grafica de la Casa Real durante 33 años.

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* Esta entrevista fue publicada en este blog originalmente el 22 febrero de 2014 la recuperamos ahora al cumplirse 37 años del 23-F.


¿QUÉ PASÓ EL 23-F DE 1981?*

febrero 15, 2018

general-armadaEl general Alfonso Armada en el Congreso de los diputados.

PARA ENTENDERLO HAY QUE RETROCEDER AL 1980. Suárez había ganado los comicios del año anterior, pero vivía el peor momento político. El presidente perdía la confianza del monarca, la UCD se hacía añicos y el PSOE hacía una dura oposición con ansia de tocar poder, mientras la crisis económica y un pretendido desbarajuste autonómico creaban inquietud por todas partes. A la vez, se tejían tramas golpistas y ETA alcanzaba el récord criminal con 215 acciones y 97 muertos, cosa que exacerbaba tensiones en el seno de los cuerpos armados.

En este marco, Alfonso Armada, un general conservador y monárquico, tuvo éxito en unir las diversas tramas golpistas y políticas contra Suárez bajo su amparo para presidir un gobierno de unidad de los grandes partidos, militares y miembros del mundo empresarial. Los promotores de esta solución la justificaron haciendo un símil con la Francia de 1958, cuando un alzamiento militar partidario de la Argelia francesa exigió el retorno al poder de Charles de Gaulle con poderes excepcionales, de forma que Armada sería un “De Gaulle español”. Para conseguirlo, el general articuló una vía constitucional de acceso a la presidencia, mediante una moción de censura, y otra “pseudoconstitucional”, que pasaba por crear un hecho excepcional para que los diputados lo invistieran presidente.

¿Y si Armada hubiera sido investido presidente?

Pero Suárez frustró la vía constitucional de Armada en dimitir de forma repentina el 29 de enero de 1981 y designar a un sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo. Entonces el general activó la otra, que pasó por la ocupación del Congreso el 23 de febrero por Antonio Tejero y la salida de los tanques en Valencia por orden de Jaime Milans del Bosch. Pero cuando Armada fue a las Cortes a proponerse como presidente, Tejero se negó al ver que quería hacer gobierno con socialistas y comunistas y el proyecto fracasó. Cuando el rey compareció aquella noche por televisión y se opuso al putsch, remachó el clavo. Estas son las coordenadas del golpe fallido, bien explicadas en la tesis doctoral de Roberto Muñoz, que expurgó el sumario del caso y lo contrastó con las fuentes disponibles: 23-F (2015).

Sin embargo, no se ha meditado para nada sobre qué habría pasado si ese día Armada hubiera sido investido presidente: ¿el Congreso y el monarca lo habrían podido revocar al día siguiente fácilmente?, ¿la democracia no habría quedado tutelada por los pretorianos y la vida política hibernada? Posiblemente falta interés en plantear estas cuestiones porque el rey vio con buenos ojos la vía constitucional de Armada, como también lo hicieron figuras de UCD, del PSOE, de AP y de ámbitos mediáticos y empresariales. Pero después todos callaron como muertos y el 23-F quedó codificado como una “militarada” condenada al fracaso de antemano y Armada como el gran malo de la película. Ya sabemos que la memoria es selectiva, pero la del 23-F es amnésica. ¿Por qué será?

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* Artículo publicado en el diario catalán Ara (23/II/2016). Fue publicada inicialmente en este blog el 23-F de 2016.


¿ORDENÓ FRANCO EL ASESINATO DE UN GENERAL PARA INICIAR LA SUBLEVACIÓN DEL 18 DE JULIO?

enero 24, 2018

El general Amado Balmes: ¿Primer muerto de la Guerra Civil?

[Esta entrada fue publicada originalmente en el blog el 19 de julio del 2011 y la hemos reeditado y actualizado para exponer la polémica que ha resurgido en torno a la muerte de este general a partir de nuevas obras].

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EL HISTORIADOR ÁNGEL VIÑAS publicó en julio del 2011 el libro La conspiración del general Franco, donde abordó -entre otros aspectos- un tema controvertido desde el inicio de la Guerra Civil: si la supuesta muerte accidental del comandante militar de Canarias Amado Balmes el 16 de julio no fue un accidente o un suicidio (ya que el militar habría dudado sobre a  qué bando debía sumarse), sino un asesinato planificado por los complotados.

Recordemos que Francisco Franco estaba entonces destinado en Santa Cruz de Tenerife y antes de trasladarse a Marruecos a liderar el golpe debía eliminar “toda posibilidad de resistencia en Las Palmas” (un archipiélago leal a la República amenazaría el éxito de la rebelión en el Protectorado), por lo que la muerte de Balmes,  una persona “no segura” para los rebeldes, era decisiva para conseguirlo.

La versión oficial de los hechos

Según la versión oficial de los hechos, la mañana del  jueves 16 de julio Balmes partió al campo de tiro de la Isleta a efectuar prácticas con sus pistolas. Allí disparó con una Astra del calibre del 9 que se encasquilló y para arreglarla la asió con la mano derecha por el cañón, que apoyó en el vientre, y con la izquierda la sujetó por la culata y  un tiro fortuito le causó una gran hemorragia.

“Según Ángel Viñas, Franco ordenó asesinar al general Balmes para garantizar el triunfo del golpe en las Canarias”

Su chófer le llevó a la Casa de Socorro primero y después al Hospital Militar, donde fue imposible salvarle y falleció tras lamentar lo acaecido (“¡Maldita pistola!”, habría exclamado). Esta defunción aparentemente inesperada allanó el camino a los insurrectos, pues eliminó dos problemas de gope: apartó de su camino a un militar en el que no confiaban por su republicanismo y permitió el traslado de Franco desde su destino en Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas sin levantar sospechas del gobierno, imprescindible para iniciar el golpe.

El ministerio de la Guerra le autorizó esa misma noche a viajar allí en barco a investigar lo ocurrido y presidir el entierro. Aquella muerte puso en marcha el engranaje del golpe: la mañana del 17 se celebró el sepelio de Balmes en Las Palmas que Franco presidió y esa tarde se sublevaron las guarniciones de Melilla, Tetuán y Ceuta. Al día siguiente Franco alzó las Canarias y partió en el “Dragon Rapide” (un DH89 Dragon Six) hacia el norte de Marruecos para liderar la rebelión en el protectorado.

¿Un asesinato?

Tras diseccionar las circunstancias que rodean la muerte de Balmes, Viñas  consideró que ésta fue en realidad un asesinato, justificándolo con diversos argumentos:

* Franco, al menos desde junio de 1936, había pedido un avión para trasladarse al norte de África y (según los planes de los conspiradores) debía llegar a Marruecos como muy tarde el sábado 18. Balmes “falleció” precisamente cuando el “Dragon Rapide”estaba ya en Las Palmas.

* Los testimonios del suceso tienen problemas de verosimilitud, como lo testimonia el hecho de que el general fallecido quisiera desencasquillar su pistola apoyando el cañón en su estómago y solo hubiera un testimonio relevante para explicarlo.

“Posteriormente Franco denegó una pensión a la viuda de Balmes alegando que el general no había muerto en combate

* El chofer de Balmes se olvidó guardar la pistola con las que el general se hirió y la dejó en el estribo del coche en el que le trasladó, perdiéndose por el camino. Asimismo, pese a la gran hemorragia del herido, le llevó primero a la Casa de Socorro y luego al Hospital, en una clara maniobra dilatoria.

* Los rebeldes se atribuyeron posteriormente simpatías a Balmes por el golpe (incluso afirmaron que debía sublevar las Canarias cuando le sobrevino la muerte), pero ni figuró en el panteón de héroes de “la Cruzada” y Franco negó a su viuda una pensión de guerra alegando que su esposo no pereció en combate, mientras la otorgó a otras mujeres en su misma situación.

Comida de Franco junto a mandos tinerfeños en julio de 1936.

¿Fue otra “muerte oportuna” de Franco?

En definitiva, desde esta perpsectiva, señalamos por nuestra parte que la muerte de Balmes no pertenecería a las llamadas “muertes oportunas” que facilitaron el ascenso militar y político de Franco.

Recordemos que en 1923 el fallecimiento en combate del teniente coronel Rafael de Valenzuela le permitió acceder al mando de la Legión; que los asesinatos de José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera en julio y noviembre de 1936 respectivamente eliminaron sendos liderazgos políticos que podían entorpecer su ascenso; que las muertes de los generales José Sanjurjo y Emilio Mola (la del primero en julio de 1936 y la del segundo en  julio de 1937 en sendos accidentes de aviación) evitaron liderazgos militares alternativos. Finalmente, el fallecimiento por un ataque al corazón del capitán general Juan Bautista Sánchez en 1957 evitó un potencial golpe de Estado monárquico en Barcelona.

La muerte de Balmes se había incluido -aunque de modo dudoso- entre estas defunciones que encumbraron a Franco, unos sucesos luctuosos que se concatenaban debido a la legendaria suerte o baraka del dictador. Tras el estudio de Viñas, se convertiría en un homicidio oportuno.

La réplica de Moisés Domínguez y la respuesta de Viñas

En 2015 el historiador Moisés Domínguez afirmó poder rebatir la tesis del asesinato de Balmes e insistió en su muerte accidental. Afirmó así en ABC (5/IV/2015) que investigó buscando “sobre todo la verdadera perspectiva histórica del personaje, lejos de chismes y elucubraciones. He consultado todos y cada de uno de los archivos militares y civiles en busca de esos documentos ‘perdidos’ y demuestro que Balmes jamás fue un general republicano. La propia prensa de izquierdas lo tenía por golpista. Balmes tuvo un trayectoria inequívocamente monárquica antes de su muerte y participó en los prolegómenos y preparación del alzamiento militar”.

Remarcó también que “Balmes antes de morir estuvo consciente aunque fueran quince o veinte minutos. Antes de expirar habló con muchas personas y estos testigos directos, ni antes ni por supuesto en plena democracia, hablaron de un homicidio. Los cuatro forenses que participaron en la autopsia podrían haber hablado para aclarar el asunto y sin embargo guardaron silencio”.

Plasmó el resultado de sus investigaciones en el ensayo En busca del General Balmes, que se fundamentaba -como indicael resumen de la obra- “en la autopsia de Balmes y el testimonio del único testigo presente en el momento del disparo, las declaraciones de los oficiales que vivieron in situ aquellos momentos y las aportaciones de expertos militares en balística y peritaje forense e histórico”.

No obstante, ahora Viñas acaba de publicar un nuevo libro en el que reafirma sus tesis anteriores sobre el asesinato de Balmes, El primer asesinato de Franco, que acaba de salir a la venta.

Son coautores de la obra Miguel Ull y Cecilio Yusta. Según indicaba El País (20/I/2018), “el meollo del volumen está en el análisis, coma por coma, del informe de la autopsia que apareció en 2015. Viñas la invalida en su forma y fondo”.

En suma,  la polémica en torno a la muerte de Balmes continúa cuando han transcurrido más de 80 años del episodio.


ESPAÑA: LA TRANSICIÓN MÁS SANGRIENTA DE EUROPA

enero 11, 2018

Información de la llamada “masacre de Atocha” cometida en enero de 1977.

GENERALMENTE, SE CONSIDERA QUE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA FUE PACÍFICA y que ello contribuyó a conferirle un carácter modélico y ejemplar. Sin embargo, en nuestro último estudio La Transición española. El voto ignorado de las armas (2016), hemos analizado su impacto político y hemos constatado que este fue muy importante, hasta el extremo de conformar la Transición más violenta de Europa.

El tema no es menor porque este año se cumplen cuatro décadas de episodios como el caso Scala (la destrucción de esta sala de fiestas en Barcelona por un atentado ácrata), el fallido intento de asesinato del líder independentista canario Antonio Cubillo en Argel (en lo que se consideró un crimen de Estado) o el asesinato del matrimonio Viola en Barcelona por parte de un grupo separatista catalán (bautizado por la policía como EPOCA, Ejército Popular Catalán). Todos estos hechos y muchos otros, como el 23-F, son analizados y diseccionados en esta obra.

Portada de nuestro último estudio.

Nuestra tesis: ¿Una Transición pacífica?

[A continuación reproducimos literalmente un fragmento de la introducción]

Ante esta alabada y difundida “Transición pacífica” se alzan aportaciones recientes que demuestran que el terrorismo fue omnipresente en la época. De esta manera, un estudio minucioso del sociólogo Ignacio Sánchez-Cuenca y la citada politóloga Paloma Aguilar constató que entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1982 la violencia política causó 504 víctimas mortales: su gran mayoría (96.2%) falleció por la acción de grupos terroristas, siendo ETA autora de 361 asesinatos (un 71.6%), mientras un 3.8% lo hizo en incidentes diversos (manifestaciones, disturbios o enfrentamientos).[i] Este balance ofrece una perspectiva menos halagadora de la Transición, ya que “resultó mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974” (la primera se saldó con 29 víctimas y la segunda con menos) y “ha sido la más sangrienta en Europa”, exceptuando la de Rumanía.[ii] Asimismo, un detallado estudio del periodista Mariano Sánchez Soler contabilizó entre el 20 de noviembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1983 un total de 2.663 víctimas (sumando muertes y heridos hospitalizados), de las que fallecieron 591.[iii] Ya en el 2012, la historiadora francesa Sophie Baby en un minucioso análisis de la violencia política durante la Transición computó entre 1975 y 1982 un mínimo de 3.200 acciones violentas y más de 700 víctimas mortales, 530 de las cuales fueron causadas por terroristas.[iv] Tal balance de víctimas dibuja una Transición menos modélica y, sobre todo, mucho menos “pacífica” en relación a la percepción imperante.

Es importante destacar que este nivel de violencia no fue excepcional, pues otros países de Europa occidental y América latina lo conocieron en los llamados “años del plomo” (los años sesenta y setenta del pasado siglo).[v] De hecho, como advierte el historiador Juan Avilés, la Transición “se produjo en el momento de mayor auge del terrorismo en la historia reciente de Europa. El período más sangriento fue el comprendido entre 1971 y 1976 en Irlanda del Norte y entre 1978 y 1982 en Italia. A partir de entonces comenzó el declive y a finales de los años ochenta sólo subsistían en Europa dos organizaciones terroristas de alguna entidad, las dos de carácter nacionalista, el IRA y ETA”.[vi] En este aspecto, Sophie Baby considera que el nivel de violencia política en España la sitúa a “la altura de la Italia de los años de plomo”.[vii]

Quienes lideraron el tránsito a la democracia en España han remarcado la importancia de esta violencia con posterioridad, pero evitando que confiriera una aura tenebrosa al fresco ejemplarizante de la Transición. Así, Martín Villa en 1984 manifestó que, junto a la crisis económica, el fenómeno terrorista “fue la principal dificultad con que tropezó la transición democrática”.[viii] Adolfo Suárez lo expuso así en 1988: “Teníamos serias dificultades interiores [durante la Transición]: desórdenes y pretensiones involucionistas y, sobre todo, sufríamos un fuerte acoso terrorista, que actuaba como excitación constante de los más implacables enemigos del cambio político”.[ix] En 1997 Felipe González fue más contundente y advirtió que “la democracia que vivimos […] ha estado condicionada por el terrorismo, el antiterrorismo y la involución en lo que a Seguridad del Estado se refiere”.[x]

En realidad, desde los años ochenta se denunció este importante impacto de la violencia desde ópticas ideológicas contrapuestas. La extrema derecha se hizo eco del mismo asociando democratización a desorden público, mientras la izquierda denunció la criminalidad de la extrema derecha y de ámbitos de los cuerpos de seguridad cómo una demostración de pervivencia de reductos franquistas.[xi] En todo caso, de lo expuesto hasta aquí emerge una certeza poco conocida: la Transición estuvo mucho más marcada por la violencia de lo que dan a entender sus visiones más difundidas. Baby lo ha subrayado en estos términos: “no cabe ninguna duda de que la fuerte presencia de la violencia política ha determinado el ritmo y el alcance del proceso de democratización español, mucho más allá del mito tan difundido de la ‘Inmaculada Transición'”.[xii] Por nuestra parte consideramos que constituyó su banda sonora más inquietante.

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* Puede descargarse gratuitamente el sumario y la introducción completa de la obra en PDF clicando aquí.

* Pueden verse los comentarios y reseñas publicados sobre la obra clicando aquí.

Notas

[i] Véase I Sánchez-Cuenca y P. Aguilar, “Violencia política y movilización social en la Transición española”, en S. Baby, O. Compagnon y E. González Calleja (eds)., “Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX”, Collection Casa de Velázquez (110), Madrid, 2009, p. 99. Véase la versión en inglés del trabajo en I Sánchez-Cuenca y P. Aguilar, “Terrorist Violence and Popular Mobilization: The Case of the Spanish Transition to Democracy”, Politics & Society, Vol. 37, nº 3 (septiembre 20099, pp. 435.

[ii] I Sánchez-Cuenca, “La violencia terrorista en la transición española a la democracia”, Historia del presente, 14 (2009/II), 2ª época, pp. 9-10.

[iii] M. Sánchez Soler, La transición sangrienta, p. 353.

[iv] S. Baby, Le mythe de la transition pacifique, p. 427.

[v] Véase su uso en I. San Sebastián, Los años del plomo: memoria en carne viva de las víctimas.

[vi] J. Avilés, El terrorismo en España: de ETA a Al Qaeda, p. 27.

[vii] S. Baby, Le mythe de la transition pacifique, p. 427.

[viii] R. Martín Villa, Al servicio del Estado, p. 158.

[ix] A. Suárez, “Consideraciones sobre la Transición española”, Cuenta y Razón, 41 (1988), p. 16.

[x] F. González, “Prólogo” a J. Barrionuevo, 2.001 días en Interior, p. II.

[xi] Véase al respecto la amplia panorámica de la violencia de EQUIPO ‘D’, 1973/1983 La década del terror (con el explícito subtítulo de “datos para una causa general”), publicada en 1984, y, por otra parte, la Crónica negra de la transición española 1976–1985 del ensayista libertario Eduardo Pons Prades (1920-2007), que vio la luz en 1987 y su versión actualizada del 2005 en Los años oscuros de la transición española.

[xii]  S. Baby, “Estado y violencia en la Transición española”, en S. Baby, O. Compagnon y E. González Calleja, Violencia y transiciones politicas a finales del siglo XX, p. 198.