EL ADOQUÍN DE RIVERA, MUNICIÓN PARA VOX

noviembre 8, 2019

Ilustración de María Titos para este artículo en El Periódico (6/XI/2019)

 

DURANTE EL DEBATE TELEVISADO ESTE LUNES Albert Rivera exhibió un adoquín que habrían lanzado manifestantes de la plaza de Urquinaona a la policía. La imagen de Rivera y su loseta se hizo viral, pero es probable que no le aporte un alud de votos, pues -según las encuestas- Santiago Abascal, líder de Vox, le estaría substituyendo como gran beneficiario del antisecesionismo. De confirmarlo las urnas, el 10-N asistiremos a la substitución del nacionalismo español desacomplejado de Cs, de marchamo liberal, por el esencialista de Vox. De este modo, como analizamos a continuación, podría empezar a concluir una etapa política iniciada en el 2006.

Cs y UPyD: la extraña pareja

Ese año se constituyó Cs en Catalunya liderado ya por Rivera y en los comicios catalanes celebrados entonces obtuvo tres escaños que revalidó en los del 2010. Hizo bandera de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes y se declaró contrario al nacionalismo catalán desde un claro nacionalismo español (visible en su lema ‘Catalunya es España. Tú lo piensas, nosotros lo decimos’). Aunque se autodefinió de centro-izquierda y socialdemócrata, en las elecciones europeas del 2009 se coaligó con el partido conservador y euroescéptico Libertas.

A la vez, fue el referente de una formación similar surgida contra el nacionalismo vasco en el 2007, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que lideró la exsocialista Rosa Díez. Este partido y Cs, incapaces de pactar, protagonizaron una pugna surrealista que plasmaron sus lemas en los comicios europeos de 2014: ‘La unión hace la fuerza’ (UPyD) y ‘La fuerza de la unión’. Finalmente se impuso electoralmente Cs, con un Rivera jaleado como líder de la “resistencia constitucional” en Catalunya.

Rivera y la ‘operación Roca’ al revés

Ello le permitió protagonizar una suerte de ‘operación Roca’ a la inversa. Tal expresión designó en 1983 el apadrinamiento por CiU del Partido Reformista Democrático (PRD), que acaudilló Miquel Roca. Concebido como “una propuesta catalana para la modernización del Estado”, el PRD debía ser una bisagra centrista entre PSOE y PP. Pero fracasó en las elecciones de 1986 (0,9% del voto) y desapareció. Desde tal óptica, el 2015 fue el turno de una ‘operación Rivera’: ese año la reacción contra el proceso secesionista catalán catapultó a Cs al Congreso de los diputados (13,9%) como aparente partido bisagra de PP y PSOE.

En sintonía con este marco, en el 2017 Cs se definió como “constitucionalista, liberal, democrático y progresista”. Pero en los comicios de Andalucía del 2019, en los que Vox emergió institucionalmente (10,9%), Cs empezó a virar a la derecha al formar un gobierno allí con el PP con apoyo de Abascal. Y tras las elecciones del 28-A un Cs crecido (15,8%) se negó a pactar con el PSOE al apostar por substituir a un PP a la baja (16,6%) como gran partido del centroderecha.

Vox: ¿Llega y gana?

En tal escenario, el contundente antisecesionismo de Abascal ha superado al de Rivera y Pablo Casado. Pero mientras el PP ha sobrevivido como gran partido, Cs parece hundirse ante Vox. Su demanda de aplicar un ‘155 premium’ en Catalunya (compartida con Casado) palidece ante la supresión de las autonomías que reclama Vox y su petición de declarar el estado de excepción. También el liderazgo antisecesionista de Rivera parece sucumbir ante el de Abascal. Este, nacido en Amurrio, se forjó en los ámbitos más duros del PP vasco y porta pistola, un recuerdo de las amenazas que recibió de ETA. Además, Vox lideró el castigo al independentismo al representar a la acusación popular en el juicio a los líderes independentistas. Por consiguiente, Vox rentabiliza hoy la protesta antisecesionista en España al situarla los sondeos como tercera o cuarta fuerza. El adoquín de Rivera es, pues, munición para un Abascal a quien se ha aludido como eventual vicepresidente de un Gobierno que liderase el PP si las urnas lo permitieran.

De Cs a Vox: un cambio decisivo

Ahora bien, Vox defiende un patriotismo esencialista muy distinto al “patriotismo constitucional” de Cs. Abascal escribió en el 2008 -con el filósofo Gustavo Bueno- que la nación designa a los vivos y “a los muertos que la constituyeron y mantuvieron, y a los hijos que aún no han empezado a vivir”, por lo que “el Pueblo no puede decidir, y menos aún una parte suya, sobre la Nación española”. En suma, Vox quiere preservar una España cuyo origen se diluye en el tiempo contra el secesionismo y una supuesta “invasión migratoria”. Así las cosas, su más que probable ‘sorpasso’ de Cs este domingo transformará por completo la política española.

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* Artículo publicado originalmente en El Periódico 6/XI/2019): Xavier Casals, “El adoquín de Rivera, munición para Vox”. La imagen del inicio de este post procede del mismo.


CINCO INCÓGNITAS DE VOX QUE DESVELARÁ EL 10-N

noviembre 3, 2019

 

“España siempre”, el lema de la campaña de Vox.

 

LOS COMICIOS DEL 10-N COMPLETARÁN UNA SECUENCIA ELECTORAL que nos permitirá observar si Vox logra resolver algunas de sus asignaturas pendientes y le afectarán sus pactos de gobierno y también abandonos y el escándalo  mediático asociado a la actividad profesional de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros.

1. ¿Logrará mantener o ampliar su electorado del 28-A?

Vox ha tenido un apoyo muy volátil. Como ya señalamos en nuestro análisis del partido tras la triple cita electoral del 26-M, en los comicios europeos perdió casi la mitad de los votos (el 48.1%) que obtuvo el 28-A, al pasar estos de 2.677.173 (10.1%) a 1.388.681 el 26-M (6.2%).

Ahora es imposible hacer un proyección verosímil, pues el reciente sondeo del CIS (elaborado antes de conocerse la sentencia de los líderes independentistas) le otorga un descenso notable de apoyos y obtendría el 7.9% del voto (entre 14 y 21 escaños). Ello contrasta con la tendencia alcista que sondeos recientes atribuyen a Vox, que incluso podría superar a C’s de modo holgado. Esta última tendencia sería lógica, en la medida que la formación se habría beneficiado de las protestas que ha tenido la sentencia mencionada en Cataluña y de la oposición que ha generado la exhumación del cadáver de Franco en sectores sociales que podrían ser significativos. Así las cosas, solo la noche del 10-N será posible constatar la base electoral del partido.

2. ¿Persistirán sus “agujeros negros” territoriales?

Los resultados del 28-A plasmaron que Vox estaba ausente del País Vasco, Navarra, Galicia, las Islas Canarias y en Cataluña solo tuvo un escaño. Un mes después, las elecciones autonómicas del 26-M reflejaron que tampoco está presente en Extremadura, Castilla la Mancha, La Rioja y solo obtuvo un diputado en Castilla y León. A la vez, ingresó en 27 de las 50 capitales provinciales, poco más de la mitad.

Veremos ahora si esta cartografía del voto se mantiene o, por el contrario, si aumentan los “agujeros negros” o  estos retroceden. De este modo, veremos si se configuran bastiones voxistas, como podría ser el eventual caso de Murcia,  o si -por ejemplo- su apoyo en Cataluña se mantiene (pues el CIS advierte la posible pérdida de su escaño).

3. ¿Diversificará su base electoral captando voto obrero?

Vox no parece haber hecho un agujero entre el electorado obrero: Como apuntó un análisis de eldiario.es tras el 26-M, este  partido “no ha logrado entrar en los cinturones rojos de las ciudades y logra los mejores resultados en los barrios más adinerados de los grandes ayuntamientos”. Esta era el resumen de un análisis del voto que cosechó el partido “en las 16 ciudades españolas más pobladas”, constatando  que Vox captó “sus mejores registros en los barrios más ricos de las grandes ayuntamientos. En las áreas urbanas con rentas superiores a 50.000 euros el partido de extrema derecha obtuvo el 8,63% de los votos”. No es, pues, casualidad que Santiago Abascal haya iniciado su campaña en la segunda urbe catalana en población, L’Hospitalet, en busca del voto obrero: “Estamos aquí para tender la mano a la gente que con buena fe votó a los socialistas y hoy se sienten traicionados”, manifestó el líder de Vox.

4. ¿Le pasarán factura  sus pactos de gobierno con PP y C’s?

Pese a que Vox criticó al PP (que bautizó como la “derechita cobarde”) y a C’s (que designó como la “veleta naranja”), lo cierto es que el bloque formado por estos tres partidos ha actuado con una disciplina política más que notable y no se ha perdido ningún posible gobierno local o autonómico allí donde podían sumar. Por consiguiente, cabe pensar que el complejo equilibrio que mantiene Vox entre su carácter de partido de protesta y de gobierno puede pasarle factura en las urnas.

5. ¿Le afectarán de modo negativo deserciones y escándalos?

Vox ha conocido diversas deserciones, algunas muy sonadas, como la de la diputada Malena Contestí, que emitió duras críticas hacia la formación. Asimismo, han aparecido diversas informaciones sobre el desarrollo de las actividades profesionales de dos de sus líderes, Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros que afectan a su transparencia, ética y cumplimiento de la legalidad. Cabe pensar que todo ello puede afectar a los resultados del partido.

Conclusión

En definitiva, la noche del 10-N empezaremos a tener una radiografía más clara de Vox en cuanto a sus bases electorales y territoriales.  Asimismo, podremos constatar si le pasan factura escándalos, deserciones y pactos de gobierno con el PP y C’s, sus paradójicos “aliados-enemigos”.


LO QUE QUEDA DE FRANCO EN LA CASA REAL

noviembre 2, 2019

¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE FRANCO EN LA CASA REAL?

A petición de algun@s lector@s recordamos tres aspectos de esta relación ya publicados en este blog y explicados en nuestra obra Franco y los Borbones, publicada en 2005 y reeditada y actualizada en 2019 como Franco y los Borbones. Historia no oficial de la Corona de España.

Invitamos por ello a revisitar estas tres entradas que abordan las cuestiones siguientes:

1) la presencia de símbolos franquistas en las armas de Juan Carlos I; 2) el protagonismo de Franco en la elección de los nombres del rey emérito Juan Carlos I y del actual monarca Felipe VI; y 3) la invocación a Franco en la proclamación oficial de Juan Carlos I como Rey.


AQUÍ PUEDE ACCEDERSE A TODOS NUESTROS ARTÍCULOS SOBRE VOX

noviembre 1, 2019

Santiago Abascal, líder de Vox (foto de EFE / Adrián Ruiz del Hierro).

DADO EL INTERÉS QUE SUSCITA VOX Y LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE HEMOS RECIBIDO AL RESPECTO, EN ESTE POST HEMOS AGRUPADO LOS ENLACES A NUESTROS ARTÍCULOS SOBRE ESTE PARTIDO.  Su lectura permite aproximarse a distintos aspectos de esta formación, como detallamos a continuación. La fecha que figura en ellos es la de publicación en nuestro blog, pero la mayoría fueron publicados en otra fecha en un medio de comunicación (la fecha original consta en cada entrada).

  1. VOX Y SU CAMPAÑA ISLAMÓFOBA CONTRA EL PSOE Y PODEMOS (24/III/2015).
  2. CLAVES PARA COMPRENDER El ASCENSO DE VOX (14/X/2018).
  3. VOX SÍ, PACMA NO: UN GRAVE ERROR (17/IX/2018)
  4. TRES APUNTES SOBRE VOX Y SU IMPORTANCIA EN LAS ELECCIONES ANDALUZAS (30/XI/2018)
  5. VOX: EL MAZAZO. LAS CLAVES DEL ASCENSO DE VOX EN ANDALUCÍA (7/XII/2018)
  6. VOX: ¿PACTO DE GOBIERNO O AISLAMIENTO? (19/XII/2018)
  7. LA RENOVACIÓN DE LA ULTRADERECHA ESPAÑOLA: EN 2009 YA APUNTAMOS QUE EXISTÍA UN SUBSTRATO POLÍTICO FAVORABLE A LA ECLOSIÓN DE UN PARTIDO COMO VOX (26/XII/2018)
  8. ¿ES POSIBLE FRENAR EL ASCENSO DE VOX? ANALIZAMOS LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DE LA EXTREMA DERECHA (16/I/2019).
  9. VOX, EL GRAN BENEFICIARIO DEL PACTO DE GOBIERNO ANDALUZ (23/I/2019)
  10. VOX HABLA SOBRE VOX. TRES LIBROS PARA CONOCER EL PARTIDO (30/I/2019).
  11. EL AUTOBÚS DE HAZTEOIR O CÓMO LOS MEDIOS HAN CREADO UN CIRCO MEDIÁTICO EN TORNO A LA ULTRADERECHA DEL QUE CONSTITUYEN SU PÚBLICO INCONDICIONAL  (3/III/2019)
  12. VOX CONTRA EL FEMINISMO (24/III/2019)
  13. CATALUÑA Y LA “ESPAÑA VIVA” DE VOX: EL RETORNO DEL NACIONALISMO ESPAÑOL INTEGRISTA (26/IV/2019)
  14. VOX RECUPERA LA “ANTI-ESPAÑA” PARA DESIGNAR A LOS ENEMIGOS DE “LA ESPAÑA VIVA” (4/V/2019)
  15. ¿CUÁL ES AL SITUACIÓN DE VOX DESPUÉS DEL 28-A? (12/V/2019).
  16. VOX TRAS EL 26-M: NUBES EN EL HORIZONTE (1/VI/2019).
  17. VOX EN AGUAS PANTANOSAS: SU APOYO CAE EN LAS ENCUESTAS, SE ENREDA EN LOS PACTOS DE GOBIERNO Y GENERA NOTICIAS DESFAVORABLES (6/VII/2019).
  18. ESPAÑA SUMA, UN RETO COMPLICADO PARA VOX
  19. CINCO INCÓGNITAS DE VOX QUE DESVELARÁ EL 10-N
  20. EL ADOQUÍN DE RIVERA, MUNICIÓN PARA VOX (6/XI/2019)

CUELGAMUROS: Y DESPUÉS DEL TRASLADO DE FRANCO, ¿QUÉ?*

octubre 26, 2019

La cruz de 150 metros que preside el Valle de los Caídos.

 

EL TRASLADO DE LOS RESTOS DE FRANCO AL CEMENTERIO DE EL PARDO es el primer paso para que el Valle de los Caídos, según afirmó el PSOE en febrero del 2018, “se reconvierta en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de […] reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura”. ¿Es posible cambiar el simbolismo franquista del recinto en tal sentido? Consideramos que tal propósito no es fácil por tres razones.

¿Tendrá apoyo suficiente el cambio del Valle de los Caídos?

Materializar tal proyecto requiere un consenso político amplio, algo que hoy es muy complicado. El PSOE ha hecho bandera de las “políticas de la memoria”: en el 2007 José Luis Rodríguez Zapatero promovió la ley de memoria histórica, y en el 2018 Pedro Sánchez dio al tema nuevo brío al decidir exhumar a Franco. Pero la citada norma tuvo la oposición del PP y –por razones distintas- de ERC, sumando 185 votos a favor y 135 en contra. Entonces los populares apoyaron despolitizar el Valle de los Caídos, pero no la ley, lo que se tradujo en su falta de presupuesto durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Y en agosto del 2018, PP y Ciudadanos se abstuvieron en la decisión de exhumar a Franco porque el Gobierno lo hizo con un decreto ley (lo que supone “extraordinaria y urgente necesidad”). Igualmente, Pablo Casado ha afirmado que no gastaría “ni un euro” en tal iniciativa. Tal panorama indica que crear el mencionado centro de interpretación en Cuelgamuros puede tener un desarrollo errático según el Gobierno de turno.

¿El recuerdo de la guerra civil dificultará el proyecto?

La exhumación de los restos de Franco ha evidenciado que la vigorosa “memoria republicana” de la contienda coexiste con otra de los vencedores también robusta. Así, el recuerdo de la guerra civil goza de una ‘mala salud de hierro’. Según una encuesta de El Mundo del 21 de octubre, un 18% de ciudadanos son indiferentes a exhumar al dictador, un 42,8% son favorables y un 35,6% contrarios, identificándose estos últimos con votantes de la derecha: Vox (81%), PP (77%) y Cs (48%). Y es que la contienda concluida en 1939 conforma actualmente un elemento potente de identidad política. Lo ilustró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al aludir a una hipotética quema de iglesias “como en el 36” tras el traslado del cuerpo de Franco. De hecho, la oposición de la familia del dictador a esta decisión ha situado su figura en el debate público durante año y medio. En este marco sorprende que el CIS no haga preguntas sobre Franco desde el 2008, pues ignoramos si influye su legado. Esta cultura política guerracivilista revela la dificultad de hacer de Cuelgamuros un “lugar de memoria” acorde con una relativa pluralidad ideológica.

¿Es la mejor solución para el futuro de Cuelgamuros?

A estos problemas se añaden los que ofrece el propio Valle de los Caídos, empezando por la necesidad de apartar del altar mayor la tumba del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y continuando con el relevo del prior benedictino Santiago Cantera, dada su beligerante oposición a exhumar a Franco. Con tal fin el Gobierno estaría ya maniobrando para que la archidiócesis de Madrid se hiciera cargo del lugar. El tema económico ocupa otro importante capítulo, pues mantener el recinto requiere 1.836.325 euros anuales, que incluyen los 340.000 que reciben sus monjes benedictinos (según datos del 2017). Quizá los ingresos del turismo paliarán este problema, dado que la polémica que creó el traslado del dictador disparó las visitas, que pasaron de 283.277 en 2017 a 378.875 en 2018. Ese año aportaron 1,89 millones de euros a Patrimonio Nacional, que regenta el monumento. Sin embargo, en el 2011 se estimó que rehabilitarlo requiere una inyección de 13 millones de euros.

A estas cuestiones económicas enjundiosas se suman otras de más difícil manejo relativas a los 33.833 difuntos allí enterrados, la identidad de más de un tercio de los cuales se ignora (12.410). ¿Accederán sus familiares a mantener allí sus restos? Planteamos esta pregunta porque si hoy son familiares de republicanos quienes desean retirar sus cuerpos del lugar, mañana pueden ser los parientes de franquistas quienes lo reclamen.

En definitiva, asistimos al inicio de una remoción del Valle de los Caídos de final incierto al afrontar un reto arduo: ¿Puede un conjunto arquitectónico franquista convertirse en un espacio democrático? Tal iniciativa puede topar aquí con obstáculos tan enormes como la cruz de 150 metros de altura que preside el lugar.

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Artículo publicado originalmente en El Periódico (24/X/2019): Xavier Casals, “Cuelgamuros: y después de Franco, ¿qué?”.


EN 2009 YA ADVERTIMOS LA ECLOSIÓN DE UNA PODEROSA DINÁMICA INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA. UNA DÉCADA DESPUÉS REPRODUCIMOS AQUEL ANÁLISIS

octubre 19, 2019

Manifestación indepedentista (foto de ABC).

 

UNA DE LAS PRIMERAS ENTRADAS DE ESTE BLOG fue nuestro artículo “Cataluña: ¿La secesión ligera?”, publicado en El noticiero de las ideas, 40 (octubre-diciembre 2009), pp. 32-39. Puede consultarse en PDF en este archivo: SL. Ahora lo reeditamos a continuación para conocer la génesis del independentismo actual.

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Cataluña: ¿La secesión ligera?

En noviembre de 2007 el presidente de la Generalitat José Montilla afirmó que en Cataluña había “cabreo, recelo y pesimismo”, y que si no mejoraban las inversiones del gobierno central en infraestructuras ni cesaba la incertidumbre en torno al Estatuto creada por los recursos presentados en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular [PP], se debían valorar “graves consecuencias a medio y largo plazo de una desafección emocional de Cataluña hacia España y hacia las instituciones comunes”. El aviso era claro: muchos catalanes podían empezar a dejar de sentirse españoles. ¿Hasta qué punto es una realidad la desafección a la que aludió Montilla hace dos años?

Es difícil demostrarlo más allá de lo que refleja la demoscopia, que parece refrendarla. Así, en el último barómetro del Centro d’Estudis d’Opinió [CEO] de la Generalitat (publicado en junio de 2009) un 62% de encuestados consideraba que el nivel de autonomía de Cataluña era insuficiente. Este porcentaje es muy superior al 45% de la muestra que se identificaba como “únicamente catalán” o “más catalán que español”. De este modo, entre los insatisfechos por las limitaciones del autogobierno figuraba un 17% que se definía como “español” o “más español que catalán”. Este hecho se explicaría porque la autonomía habría dejado de asociarse cada vez más en Cataluña a emociones para hacerlo a razones, entendiendo como tales las infraestructuras, la sanidad o la educación. Asimismo, el barómetro apuntaba que para un l9% de encuestados Cataluña debería ser independiente y para un 32% un Estado dentro de una España federal. Los sondeos, pues, constatan que la desafección catalana hacia España no es una entelequia, aunque sea complejo calibrar su magnitud.

Pero la demoscopia indica igualmente que la sociedad catalana también manifiesta una desafección hacia su propia clase política, cuya valoración se halla en caída libre. Un “Índice de satisfacción política” acuñado por el CEO lo ha puesto de relieve de forma contundente: si en julio de 2008 su valor negativo alcanzaba –1.91, en junio de 2009 cayó hasta su récord: –2.59. Esta realidad se reflejó ya en la abstención del 51% del electorado en el referéndum del Estatuto de 2006 y un porcentaje del 5% de voto en blanco, conducta que se repitió en los comicios autonómicos de aquel mismo año, con un 44% de abstención y un 2% de voto en blanco. Ello indica que para gran parte de los catalanes las elecciones de su parlamento son de segundo nivel en relación a las legislativas o generales. ¿Por qué la desafección de los catalanes se manifiesta tanto hacia el resto de España como hacia su clase política?

Un sistema político en caída libre

La respuesta, a nuestro juicio, radica en que en Cataluña se desarrollan dos procesos simultáneos e inseparables desde hace poco más de un lustro: uno es la percepción extendida de un fracaso del encaje catalán en España y el otro el hundimiento progresivo de su sistema político actual. Ambos son indisociables de la constitución del gobierno tripartito de la Generalitat en el 2003, presidido por Pasqual Maragall y formado por la coalición del Partit dels Socialistes de Catalunya [PSC-PSOE], Iniciativa per Catalunya Verds [IVC] y Esquerra Republicana de Catalunya [ERC], reeditado en el 2006 bajo la presidencia de Montilla. Consideramos que en esta etapa (2003-2009) se cerró de modo definitivo la Transición iniciada en 1975 (significativamente abandonaron la política activa sus dos líderes históricos, Jordi Pujol y el propio Maragall) y con la elaboración del nuevo Estatuto se inició otra, en el marco de la cual tres grandes factores explicarían la desafección de los catalanes hacia su establishment político.

En primer lugar, porque seis años después de haberse producido una alternancia gobierno de la Generalitat cada vez más ciudadanos percibirían la existencia de un fenómeno que en Italia se ha denominado “lotización” –lottizzazione– de la administración. Nos referimos a la existencia de un celoso reparto de parcelas de poder entre coaliciones: Convergencia i Unió [CiU] primero y el ejecutivo tripartito después. Este desgaste general de los partidos, además, estuvo jalonado por dos hitos. Uno fue la crisis de El Carmel: en enero de 2005 un socavón creado por perforaciones de un túnel de metro en este barrio barcelonés obligó a demoler dos bloques de pisos. El desastre provocó acusaciones cruzadas de responsabilidad entre el gobierno y la oposición, incluso el presidente Maragall denunció en el Parlamento que CiU cobró comisiones por las obras públicas, aunque pronto retiró tal acusación. La pésima gestión del desaguisado por parte del ejecutivo tripartito desató una oleada de indignación popular y cuando Maragall comparó lo ocurrido con la tragedia del Prestige en Galicia por su magnitud, no anduvo desencaminado: el hundimiento de El Carmel fue un chapapote que enlodó a los políticos catalanes. El otro hito que marcó el descrédito de los partidos fueron sus rivalidades constantes durante la elaboración del Estatuto, al actuar guiados por el tacticismo y rivalizar en su afán de acaparar protagonismo público, mientras el PP no recogió rédito por su oposición al Estatuto.

En segundo lugar, porque el gobierno tripartito ha supuesto el fin de la Cataluña políticamente bipolar de las décadas precedentes. De este modo, el ejecutivo catalán desde el 2003 no ha contado con contrapeso político alguno: controla la Generalitat; todos los consistorios que son capitales provinciales; tres de las cuatro diputaciones; y aparentemente dispone de un gobierno “amigo” en Madrid. En este panorama no existen contrapesos a la hegemonía del bloque tripartito. Si antaño, ante un Pujol que gozaba de mayoría absoluta el PSC podía reclamar colaboración a un gobierno central del PSOE, ahora ninguna fuerza de la oposición al gobierno de la Generalitat puede recurrir a tal apoyo. Ante tal situación, han sido inoperantes los buenos resultados electorales de CiU (pese a perder votos) y se ha dado la paradoja de que el PSC ha perdido sufragios en los comicios catalanes de 2006 y en los locales de 2007 sin que disminuyan sus parcelas de poder. Así las cosas, la competencia política en Cataluña resulta cada vez menos atractiva para su electorado.

En tercer lugar, porque han advertido nuevos actores políticos que quieren romper el monopolio de los partidos dominantes. Lo representan gráficamente Ciutadans [C’s] en el ámbito autonómico y la islamófoba Plataforma per Catalunya [PxC] y las independentistas Candidatures d’Unitat Popular [CUP] en el local. Estas tres formaciones comparten dos banderas: la protesta contra el establishment político (reclamando una mayor participación de electorado y una democracia más representativa) y la defensa de una identidad amenazada, sea ésta española (como en el caso de C’s), catalana (las CUP) o “autóctona” frente a la inmigración (la PxC).

De manera paralela han ganado peso vías de participación “antipolíticas”, que van más allá de la abstención creciente y a la alza del voto en blanco, al generarse un fenómeno que ha pasado desapercibido para los politólogos pese a su importancia: la expansión de plataformas de protesta vecinales y ecologistas que cuestionan decisiones institucionales -como la construcción de vertederos- y que han sido designadas popularmente como expresiones de una “cultura del no”, versión catalana de la expresión inglesa not in my backyard (“no en mi patio trasero”). En resumen, la desaparición de los mecanismos que han caracterizado a la política catalana durante tres décadas y el desgaste de los partidos tradicionales son las claves de la desafección de los catalanes hacia sus políticos, que se manifiesta tanto en la abstención como en la irrupción de nuevas formaciones y plataformas de protesta. Todo ello hace pensar que el actual sistema político catalán experimenta un proceso de cambio profundo.

Hecha esta sucinta y esquemática exposición sobre la desafección de los catalanes hacia sus políticos quedan por dilucidar las causas de su desafección hacia el resto de España enunciada por Montilla. De nuevo, las respuestas a esta cuestión son indisociables de la constitución del gobierno tripartito de la Generalitat en el 2003, pues a partir de entonces Cataluña marcó las dinámicas políticas españolas por razones diversas.

Razones de un distanciamiento

Si procedemos a enumerarlas jerárquicamente, en primer lugar destacarían las consecuencias que en el gobierno de Maragall tuvieron dos actuaciones más que desafortunadas de su vicepresidente y entonces también líder de ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira: por una parte, la conmoción política que causó su entrevista con dirigentes de ETA en Francia cuando era presidente en funciones de la Generalitat; por otra parte, su sugerencia posterior de efectuar un boicot catalán a la candidatura de Madrid como sede olímpica. Ambos hechos generaron un formidable movimiento de rechazo en el conjunto de España. En segundo lugar, debe ubicarse la gestación del nuevo Estatuto, que fue percibido como una amenaza a la integridad territorial de España por amplios sectores políticos y sociales y alumbró una gran oposición al mismo y de la que el PP hizo bandera. En tercer y último lugar debe señalarse la frustrante falta de apoyo al texto estatutario del presidente José Luis Rodríguez-Zapatero, tras haberse comprometido públicamente a ser su valedor en noviembre de 2003: “Apoyaré la reforma del estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento”, afirmó en un acto multitudinario. La confluencia de las dinámicas políticas generadas por estos hechos, como veremos a continuación, sentó las bases de la actual desafección catalana.

Empecemos por el primero. El escándalo protagonizado por Carod-Rovira al entrevistarse con líderes de ETA fue objeto de toda suerte de críticas desde el resto de España, de los que hizo de altavoz un PP dolido por su exclusión de la política catalana (las formaciones del tripartito explicitaron su rechazo a pactar con él bajo ningún concepto). Eduardo Zaplana, por ejemplo, enunció que “el Gobierno de Cataluña son tres, pero uno de ellos suma un cuarto, ETA”. La difunta ministra Julia García-Valdecasas manifestó que “de alguna manera el PSOE ha pactado con asesinos que irá con asesinos en la candidatura al Senado” (aludiendo a una lista unitaria PSC-ERC-ICV), palabras que luego rectificó. Asimismo, a las penosas manifestaciones de Carod-Rovira insinuando el boicot a Madrid como sede olímpica, siguió una campaña popular de boicot a los productos catalanes que hizo mella en el conjunto de la sociedad catalana por su amplio eco.

Al añadirse la oposición beligerante del PP y la de amplios sectores sociales y políticos del resto de España al nuevo Estatuto, la estigmatización inicial del gobierno tripartito por sus pretendidos vínculos con ETA evolucionó hacia el anticatalanismo, en la medida que se presentaba a Cataluña como insolidaria y egoísta. Así lo testimonió una campaña de recogida de firmas de los populares contra el Estatuto, al estar abanderada con una pregunta que soslayaba la gran desigualdad (entre otras existentes) que supone el concierto económico vasco y navarro: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?” Asimismo, Mariano Rajoy difundió el mensaje de que el gobierno central era rehén de un proyecto del ejecutivo catalán para acabar con España: “Asistimos ya a un plan muy elaborado para el desmantelamiento del Estado según las directrices que imponen algunas minorías nacionalistas y muy particularmente el gobierno tripartito de Cataluña”.

En este contexto, emergió un anticatalanismo belicoso del que los locutores estelares de la cadena propiedad del obispado español –la COPE- fueron sus voceros emblemáticos. Si César Vidal calificó al ejecutivo catalán como “nacionalsocialista”, Federico Jiménez Losantos hizo comentarios como éste: “el Gobierno español sólo habla con terroristas, homosexuales o catalanes. A ver cuando se decide a hablar con gente normal”. Este clima de opinión lo reflejó igualmente el fallecido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales [CEOE], José Mª Cuevas, al definir una OPA de la empresa Gas Natural –radicada en Barcelona- sobre Endesa como hecha “muy a la catalana; es decir, muy barata y con el Boletín Oficial a favor”.

Finalmente, el nuevo Estatuto catalán se concluyó y aprobó de modo desangelado: Rodríguez Zapatero hizo gala de un pragmatismo maniobrero al pactar sus flecos con el líder convergente Artur Mas y no con el presidente Maragall, en un acuerdo que no evitó recortes del texto en el Congreso. A ello siguió un referéndum deslucido, con una campaña pidiendo el voto en contra para el texto de ERC y el PP, que formuló recursos contra numerosos artículos del mismo ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargó, erraríamos el diagnóstico sobre la desafección catalana si viéramos aquí su principio y fin. Ciertamente, ésta nació en el proceso descrito, pero cuajó con el esperpéntico espectáculo que siguió a la aprobación del texto estatutario.

Unos españoles más iguales que otros

Los catalanes, que habían visto cómo su Estatuto era denunciado por el PP y otros sectores políticos como una amenaza a la unidad de la patria, asistieron atónitos a una verdadera carrera por plagiarlo en distintas Comunidades. El entonces presidente balear del PP, Jaume Matas, justificó tal maniobra señalando que el camino político seguido por Cataluña provocó que “los demás [dirigentes autonómicos] nos viéramos obligados, por razones de supervivencia [sic] y de intereses amenazados, a emprender nuestras reformas autonómicas”. En definitiva, tras recibir bofetadas los catalanes por egoístas y insolidarios, había barra libre para que todas las Comunidades pudieran pedir las mismas competencias sin ser estigmatizadas por ello.

El historiador Fernando García de Cortázar describió gráficamente la situación creada: “Abierta la puerta a la demanda catalana de mayor autogobierno, fueron excepción las autonomías españolas que no se empeñaron en exigir un nuevo y flamante estatuto en una carrera de fondo en la que todos competían entre sí y contra el Estado por ampliar transferencias y diseñar modelos de financiación siempre favorables a sus respectivas regiones sin tener en cuenta el interés general”. Eso, sin duda, fue lo que más irritó a la sociedad catalana, que –además- vio cómo el PP consideró inconstitucionales 60 artículos de su Estatuto que eran adoptados –o, mejor, plagiados- en el que elaboró el parlamento de Andalucía sin que los populares los denunciaran. Así, si para el PP era intolerable que Cataluña se definiera como una “nación”, no tuvo inconveniente alguno en que Andalucía lo hiciera como una “realidad nacional”.

La aprobación del nuevo sistema de financiación para las Comunidades siguiendo el desarrollo del Estatuto de Cataluña volvió a crear una situación simular a la descrita, pues las autonomías beneficiadas por el reparto establecido pero críticas con sus criterios –percibidos otra vez como insolidarios- acabaron asumiendo el presupuesto adjudicado con la boca pequeña. Lo más llamativo fue que los debeladores del sistema obviaron también en este caso el desequilibrio que genera la financiación vasca: si un catalán recibirá ahora 2.239 euros (aparente motivo de escándalo), un vasco tendrá asignados 5.255. Sin embargo, tan monumental incongruencia sigue siendo un verdadero tabú político y, que sepamos, hasta el presente sólo la líder de Unión, Progreso y Democracia [UpyD], Rosa Díez, ha abogado públicamente por eliminar el cupo vasco y navarro. ¿Dónde está, pues, la tan cacareada igualdad de derechos entre españoles?

Ateniéndonos a lo expuesto, la desafección catalana no parece muy difícil de comprender y, en cambio, consideramos que no será fácil de subsanar. La dificultad para cambiar esta situación radica precisamente en que –pese a las apariencias- ésta última no se define tanto por la dialéctica catalanismo/anticatalanismo, sino por otra de mayor calado que ha permanecido latente durante treinta años: la incapacidad para definir la naturaleza del Estado de las autonomías.

La segunda Transición

En este aspecto, el proceso de reforma estatutaria que inició el gobierno tripartito de Maragall y cuyo desarrollo ha promovido el de Montilla ha puesto sobre la mesa su carácter federal y asimétrico, lo que ha incomodado a una clase política variopinta que ha mantenido sobre el papel la existencia de una igualdad entre ciudadanos que -digámoslo claro- no existe.

No es real en términos lingüísticos por razones de todos conocidas. Tampoco lo es en términos económicos, pues al margen del cupo vasco y navarro, existen regímenes fiscales excepcionales en Ceuta, Melilla o las islas Canarias. Es igualmente inexistente en términos de prestaciones recibidas por sus ciudadanos, como –por ejemplo- testimonian la existencia del Plan de Empleo Rural en Andalucía y Extremadura. Es más, ni siquiera lo es en términos constitucionales, como explicitó un defensor tan exaltado de la unidad española como Manuel Fraga en el año 2005. Y lo hizo en estos diáfanos términos: “La Constitución reconoce hasta cinco tipo de estatutos: los de comunidades con derechos históricos (País Vasco y Navarra); comunidades con estatuto en los años treinta (las nacionalidades históricas, como Galicia); comunidades de régimen común, aunque Andalucía logró una fórmula especial; comunidades que son ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y, finalmente, hay una machada [sic] en las transitorias constitucionales, que permite un referendo para incorporar a los navarros al País Vasco, cuando aquéllos no quieren ni oír hablar del tema”. Añadamos por nuestra parte que la Constitución prohíbe de modo explícito una eventual federación de Cataluña con las Comunidades de Baleares y Valencia en su artículo 145.

¿Y qué decir del lenguaje oficial ambiguo que impera por doquier para aludir con eufemismos a esta situación? Ahora –según las Comunidades- tenemos “nacionalidades”, “naciones” y “realidades nacionales”, con el mérito de que tales términos aparentemente sinónimos para quien desconozca la realidad española designan realidades distintas. Asimismo, según legislaciones autonómicas, en España hay “lenguas oficiales”, “lenguas propias” y “lenguas históricas”. Uno no puede por menos que admirar la rica creatividad de nuestros políticos, dignos herederos del lema sesentayochista por excelencia: “la imaginación al poder”. De este modo, su retórica ensalza una igualdad que niega la tozuda realidad. En este marco, las dinámicas políticas que han irradiado desde Cataluña han crispado los discursos políticos españoles al poner esta realidad negro sobre blanco, generando el pertinente desconcierto.

No está de más recordar que el catedrático de derecho constitucional Roberto L. Blanco manifestó al respecto que si la Constitución de 1978 no contenía un modelo explícito de desarrollo territorial, los acuerdos autonómicos alcanzados en 1981 y en 1992 habían creando de hecho un Estado federal. Y hacía esta gráfico comentario al respecto: “Pese a tal evidencia, constatable a partir de lecturas que están al alcance casi de cualquiera, seguimos en España debatiendo todavía sobre cuál es la naturaleza de la estructura territorial de nuestro Estado”. Cataluña planteó esta cuestión con el nuevo Estatuto y el propio Maragall ha afirmado que lo hizo con tal intención, pues en marzo de 1999 entregó un documento a Carod-Rovira con esta afirmación: “Nuestra Constitución es de hecho federal. No utilizó este nombre por dos razones: 1) porque en España se asociaba aún en 1978 el término federal al concepto República, siendo así que nuestra Constitución era y es monárquica, y 2) porque espantaba el fantasma del cantonalismo y la secesión”.

El resultado del proceso expuesto es que el nuevo Estatuto catalán y el modelo de financiación que ha comportado ha iniciado nolens volens una segunda Transición en España, aunque esta realidad no ha sido asumida por ninguno de los grandes partidos, cuya actuación en este aspecto es una manera como otra de hacer el avestruz: esconder la cabeza bajo tierra e ignorar el tema, capeándolo como se pueda.

¿Hacia una “secesión ligera”?

Ante este panorama, la desafección que impera en Cataluña tiene una solución compleja, porque el proceso convulso que ha seguido el Estatuto y su alambicado desarrollo han supuesto un agotamiento de tendencias y mitos políticos seculares. Y es que en las dos últimas centurias -siguiendo al politólogo Josep Mª Colomer- se han cerrado con el fracaso de todos los proyectos de rediseño de España promovidos desde Cataluña, incluyendo la independencia: “Si en el siglo XIX, Cataluña había sido un Piamonte o una Prusia frustrada, en el XX fue también una Hungría o una Irlanda frustrada. Ninguno de los proyectos catalanes mencionados, nacional, estatal o imperial, intervencionista o separatista, se pudo consolidar”, afirma. A la vez, destaca que Cataluña está obligada a mantener sus vínculos con España porque “es demasiado pequeña para gobernar España, pero demasiado grande para desentenderse de ello”.

Los problemas que rodean a la desafección no acaban aquí, pues en España existe un problema estructural en cuanto a sus idiomas oficiales, ya que la población castellanohablante mayoritaria “parece no ser suficientemente consciente” del plurilingüismo del Estado, según subrayó un informe sobre lenguas minoritarias elaborado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa de 2008. Resulta sintomático de este hecho que el políglota príncipe Felipe no se haya molestado en dominar todos los idiomas oficiales españoles (catalán, vasco, gallego), indolencia poco justificable en quien no tiene otro trabajo que formarse como futuro Rey. Convendrá el lector que bajo esta realidad no sólo subyace una economía de costes lingüísticos (que la hay), sino una concepción de Estado. Para comprobarlo basta echar una mirada a Bélgica: ¿Sería imaginable allí un soberano que sólo hablara flamenco o francés?

Así las cosas, Cataluña se aleja de España como resultado de la doble desafección expuesta. Por una parte conoce la eclosión de un sistema político propio y cada vez más singular en relación al imperante en España: CiU, ERC e ICV son fuerzas de ámbito catalán; el PSC goza de importante autonomía en relación al PSOE; Ciutadans no se ha unido a UPyD, dando a entender que la “especificidad nacional catalana” que se afana en negar requiere –paradójicamente- una respuesta nacionalista española ceñida a Cataluña. Solo el PP rompe este escenario al constituir una sucursal de su dirección central (que ha cambiado sus líderes según su conveniencia), lo que le ha acarreado una pérdida progresiva de peso político.

¿Hacia dónde se dirige la proa de la Cataluña de la desafección? Desde nuestra perspectiva, su deriva actual puede designarse con el término que acuñó el periodista italiano Paolo Rumiz en el 2001 para aludir a la protesta que encarnó la Liga Norte liderada por Umberto Bossi en Italia, al abanderar éste un nacionalismo padano (en alusión a sus raíces en el valle del Po), pues la calificó como una “secesión ligera” para indicar un alejamiento progresivo de Roma –entendida como símbolo de Italia- por parte de los italianos del norte, los “padanos”. Rumiz ha descrito la “secesión ligera” en estos términos: “Levemente, de manera inadvertida, un hombre nuevo ha crecido en el ethnos italiano, y la secesión está antes que nada en su cabeza: es un alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica, incluso hasta de aquel supremo bien común que se llama territorio”. Desde nuestra óptica, en Cataluña existe un sentimiento “catalanista” ampliamente compartido y que genera una extensa unanimidad social en torno a la desafección o –en términos de Rumiz- al “alejamiento mental de la política, del Estado, de la res publica” que ha caracterizado la “secesión ligera” encarnada por la Liga Norte. En este sentido, nos atreveríamos a apuntar que la mayoría de los catalanes están dejando de sentirse españoles, sin devenir por ello antiespañoles.

A diferencia del País Vasco, en Cataluña no hay violencia política; ni –hasta el momento- abundan grandes manifestaciones callejeras; ni tampoco se tiende a magnas escenificaciones de política gestual. Pero esto no implica que su sociedad sea indiferente al curso político. Llegados a este punto, no está de más recordar que una de las dificultades que tienen los historiadores es explicar de manera satisfactoria cómo entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se pasó de un patriotismo dual –es decir, del amor a la “patria chica” y a España- en Cataluña, el País Vasco y en menor medida en Galicia a profesar sus respectivos nacionalismos. Pues bien, consideramos que el actual estadio de desafección catalán constituye un gradiente en esta evolución.

A nuestro juicio, la presencia del idioma catalán en Internet permite establecer un símil clarificador con la situación analizada. En la red, los internautas catalanohablantes han conseguido obtener el primer dominio que representa a una comunidad lingüística, ya que estos pueden recurrir al “.cat”. Pero para un sector nacionalista esta victoria es sólo un paso más hacia su objetivo final: lograr el dominio “.ct”, que identificaría a Cataluña como un Estado independiente. Haciendo una comparación con estos dominios de Internet, el sentimiento de pertenencia de buena parte de los catalanes hoy estaría transitando del dominio “.es” al “.cat”, pero sin migrar hacia el “.ct”. Dejarían de esta manera de sentirse vinculado a España en términos emocionales (otra cosa es ejercer de ciudadanos españoles con derechos y deberes), aunque sin devenir por ahora separatistas ni anti-españoles. Estos serían los peculiares parámetros de una “secesión ligera” que el paso del tiempo tiende a agravar en lugar de aminorar. Tal situación podría crear en la España del siglo XXI una situación política nueva: que el principal foco de tensión política del Estado se desplazara progresivamente del País Vasco a Cataluña durante la segunda Transición que ha empezado.


CINCO CLAVES PARA ENTENDER LA POLÉMICA SOBRE EL VALLE DE LOS CAÍDOS

octubre 12, 2019

Entierro de Franco en el Valle de los Caídos, el 23 de noviembre de 1975 (imagen de EFE).

 

EN ESTE BLOG HEMOS DEDICADO DIVERSOS ARTÍCULOS A LA MUERTE DE FRANCO y su entierro en el Valle de los Caídos que abordan los cinco aspectos esenciales de polémicas vigentes al respecto. A continuación, los hemos organizado en forma de cinco preguntas con sus pertinentes respuestas que permiten comprender el debate actual sobre el Valle de Cuelgamuros y sus raíces históricas.

1. ¿Fue prolongada la agonía de Franco hasta el 20-N?

Este tema ha sido objeto de especulaciones muy diversas  e incluso circuló una cábala al respecto que argumentó que, supuestamente, se decidió que el dictador falleciera el 20-N para evitar que se cumpliera una suerte de profecía críptica: la suma de la fecha oficial de inicio de la Guerra Civil (18-07-1936) y la de su fin (01-04-1939) proporcionaba un llamativo resultado: 19-11-1975. Es decir, la ecuación contenía una profecía latente sobre la fecha de la muerte de Franco, de ahí que -desde visiones conspirativas- se señalase que se hizo prolongar su muerte hasta el 20-N.

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2. ¿Quién decidió enterrar a Franco en el Valle de los Caídos?

La respuesta es un tanto sorprendente: en última instancia no lo hizo ni el dictador (que había hecho erigir el conjunto como mausoleo propio) ni su familia, sino el gobierno de Carlos Arias Navarro siguiendo una sugerencia del personal del Servicio Central de Documentación [SECED].

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3. ¿Cómo discurrió el entierro de Franco?

El domingo 23 de noviembre tuvo lugar el entierro de Franco, que se desarrolló según un minucioso plan del  citado SECED, dependiente del presidente Arias. Fue la “Operación Lucero”, que un exmiembro de ese ente, Juan Mª de Peñaranda, expuso en un ensayo homónimo (Operación Lucero, 2017). Este operativo quiso garantizar que el entierro de Franco transcurriera con normalidad y elaboró un protocolo que cubrió todos los aspectos de la muerte del dictador, desde su uniforme mortuorio hasta la jura del príncipe Juan Carlos como sucesor.

Tal diseño tuvo su origen en el asesinato de Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973, pues entonces el régimen improvisó las honras fúnebres, lo que se quiso evitar al fallecer el dictador.

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4. ¿Cuál es la historia del Valle de los Caídos?

El pasado abril el Valle de los Caídos cumplió 60 años de su apertura. Su historia es conocida: Franco decretó su construcción en 1940 e intervinieron presos republicanos en las obras, concluidas en 1958. El dictador, según su hija Carmen, “quizá quería que [el conjunto] fuera como lo de Felipe II después de la batalla de San Quintín, que había hecho el monasterio de El Escorial”. Franco, en apariencia conciliador, decidió que el lugar acogiera a difuntos de ambos bandos de la contienda, reuniendo allí los restos de 34.000 víctimas.

Pero pronto se constató que el Valle de los Caídos difícilmente sería un lugar de confraternización, pues en el discurso de inauguración el dictador recordó su triunfo en la contienda: lo efectuó el 1 de abril de 1959 (vigésimo aniversario  de su victoria) y recordó que su lucha seguía: “La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta”, afirmó.

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5. ¿La exhumación de los restos de Franco cerrará la polémica?

Pese a que el flamante fallo del Supremo permite al gobierno cumplir su objetivo, cabe plantearse si la ausencia de la tumba de Franco en Cuelgamuros, más allá de dar satisfacción a un sector importante de la ciudadanía, permitirá “desacralizar” ideológicamente el Valle de los Caídos. Especialmente cuando se reubiquen en su basílica los restos de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange), depositados en su altar mayor, y no exista una jerarquía visual entre los difuntos que yacen allí.

Desde nuestra óptica, y consideramos que esto es lo esencial del asunto, y consideramos que esto es lo esencial del asunto, parece muy difícil que el lugar devenga el espacio de reconciliación de la Guerra Civil del que carece el país.

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